Grupo 27N se suma a la convocatoria de una marcha cívica para el 15 de noviembre próximo.
El Grupo 27N, integrado por artistas e intelectuales críticos del poder en Cuba, hizo público este lunes su apoyo a la manifestación pacífica convocada para el próximo 15 de noviembre por la plataforma Archipiélago, y anunció que sus miembros marcharán ese día “por el derecho a tener derechos”.
“No marcharemos a favor de una ideología”, dice el comunicado en redes sociales. “Marcharemos contra el autoritarismo, contra la violencia, contra la intolerancia, la discriminación y criminalización del pensamiento. Marcharemos por una nación donde expresarse y crear libremente no constituya un acto de valentía. Tenemos que poder hacerlo junto a quienes piensan diferente, para que sea la diferencia madre gestora de nuestra aspiración de libertad”.
Tras establecer su propia génesis, el 27 de noviembre de 2020, una jornada después del allanamiento de la sede del Movimiento San Isidro, cuando “cientos de ciudadanos protagonizaron una protesta pacífica frente al Ministerio de Cultura […] para manifestar su rechazo a la violencia del Estado y exigir respeto a la libertad de expresión”, el 27N reconstruyó brevemente –como quien une varios puntos en una misma línea– una ruta cívica de casi un año.
Aquella noche de noviembre –se lee en la declaración– “algo cambió”. No sólo se produjo “la mayor protesta pública espontánea en La Habana desde el Maleconazo, en la década de los noventa”, sino que “dejó una estela en el camino conjunto hacia la defensa de la libertad, por el derecho a tener derechos y la construcción colectiva de un país digno”.
“Mucho ha acontecido desde entonces”, prosigue el texto, que en pocas horas se ha compartido unas trescientas veces. “La censura y la represión creciente multiplicaron el descontento, una tras otra se sucedieron las protestas a lo largo de la isla hasta hacerla eclosionar el 11 de julio, en un hecho sin precedente en nuestra historia. En más de 200 puntos de la isla ocurrieron levantamientos populares que reclamaban no sólo alimentos y medicinas, sino, fundamentalmente, libertad y derechos. La consigna de Patria y Vida se impuso sobre la consigna de Patria o Muerte”.
La represión gubernamental del 11-J, tras “la orden de combate del presidente Miguel Díaz-Canel”, es también un hito imprescindible en ese derrotero de concientización ciudadana trazado este lunes por el Grupo 27N.
De acuerdo con cifras de los activistas cubanos –“la sociedad civil organizada”, según sus propios términos–, ciertamente resulta harto difícil soslayar la inmediata responsabilidad estatal en la convocatoria del #15N: “nos ha quedado un saldo de al menos 1125 detenidos, de los cuales más de 570 continúan en prisión con peticiones fiscales de hasta 27 años de privación de libertad, a lo que habría que sumar la cifra de 150 presos y condenados políticos que se registraban antes del 11 de julio”.
“Son suficientemente rotundos los testimonios, los videos, las imágenes y los documentos de dominio público para poner en evidencia el abuso de poder del régimen contra los ciudadanos”, se advierte en la declaración.
“El 11 de julio ocurrió un despertar”, concluye el Grupo 27N. “Hoy esa ciudadanía en pie nos pide marchar el 15 de noviembre, por la liberación de los manifestantes presos, contra la violencia y el autoritarismo, por la paz y el respeto a nuestros derechos civiles y políticos, por una solución democrática a nuestras diferencias políticas”.
Los coordinadores de Archipiélago, iniciativa cívica y pluralista que agrupa a casi treinta mil miembros en su página de Facebook, convocaron inicialmente a manifestarse el 20 de noviembre “contra la violencia” y por “el derecho a tener derechos” en diferentes puntos de la isla. Luego de que el Gobierno cubano respondiera fijando para esa fecha el Día Nacional de la Defensa, la cita se cambió para el #15N, y así se notificó a las autoridades de varios territorios en las respectivas solicitudes de autorización para ocupar el espacio público.
Dichas peticiones fueron denegadas en todos los casos, y la marcha ha sido declarada ilegal en virtud, supuestamente, de la letra constitucional que protege “el orden público” y, sobre todo, consagra “la irrevocabilidad del sistema socialista” en Cuba. Argumentos que, por supuesto, juristas independientes y otras voces de la sociedad civil han cuestionado abierta y razonadamente en los últimos días.
También el dramaturgo Yunior García –integrante original del 27N, detenido el 11-J y líder de Archipiélago– se ha visto obligado a responder frente a amenazas del estamento judicial y una campaña de difamación lanzada desde los medios oficiales cubanos. García ha reiterado el carácter pacífico y legítimo de una convocatoria fundada en derechos humanos y principios constitucionales como las libertades de expresión, reunión y manifestación.
Por su parte, el Grupo 27N ha declarado en su “Manifiesto”: “Aspiramos a trabajar por una sociedad con justicia social y bienestar, donde cada cubano pueda vivir en su país con el fruto de su trabajo, donde se liberen las fuerzas productivas y se sustituya el parasitismo burocrático por un funcionariado capaz y proactivo. Que dejemos atrás la miseria y el desabastecimiento impuesto por la incompetencia del sistema imperante, y estén garantizados los derechos a una vida digna, con garantías –entre otras cosas– para la salud y la educación pública”.
