Asamblea de manifestantes el 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura en La Habana (FOTO Yamil Lage AFP)

Hace aproximadamente un mes el gobierno comenzó una doble campaña contra la prensa independiente y los manifestantes del 27 de noviembre de 2020. El argumento central ha sido la presunta relación de ambos con intereses extranjeros, en particular con el muy repetido y maniqueo interés de los Estados Unidos de provocar un cambio de gobierno en Cuba. Después de lo sucedido antier frente al Ministerio de Cultura, la televisión cubana volvió a repetir los apelativos que ya había usado antes. Volvió a llamar mercenarios y volvió a intentar desacreditarles. Teniendo en cuenta las similitudes entre los dos momentos y la insistente redundancia de las “costumbres” oficiales, es probable que todavía tengamos algún otro programa televisivo “informado” sobre el tema. Si fuera así, me gustaría recordar algunos “detalles” que convenientemente se han omitido hasta ahora y que quizás la próxima vez pudieran priorizar.

Lo que sigue no es un análisis a fondo de lo que ha estado sucediendo; mucho menos una crítica basada en esta o aquella teoría sobre la democracia. Todo ello pertenece a un segundo nivel de debate. Me limito a presentar unas pocas ideas muy simples que forman la base del respeto y la coexistencia pacífica en un país y de las que el gobierno cubano no ha hablado en ningún momento.

Lo que se omite

Con respecto al periodismo independiente, hasta ahora el gobierno cubano no ha mencionado el mal de fondo de toda esta situación: la imposibilidad de ejercer periodismo independiente en Cuba desde el punto de vista jurídico y económico. Dentro de la ley, en Cuba no puede existir ningún medio de prensa que no sea estatal, mucho menos se puede realizar actividad económica alrededor de él. Entonces, ¿cómo es posible que lo que cuestione el gobierno cubano sean temas como las vías de financiamiento, cuando ni siquiera permite que los ciudadanos publiquen y divulguen lo que piensan? Y además, ¿cómo es posible que cuestione la manera en que los periodistas independientes buscan los recursos que necesitan para trabajar y, al mismo tiempo, no permita ninguna vía alternativa?

La respuesta es sencilla. El régimen no está dispuesto a aceptar ninguna fuente de información que ponga en peligro su hegemonía y, en lugar de reconocerlo abiertamente –y responder a los cuestionamientos que podamos hacerle sobre ello–, busca subterfugios para atacar a quienes le desafían sin tener que contestar a la pregunta más importante: ¿por qué no hay libertad de expresión en Cuba?

En segundo lugar, el gobierno también ha evitado realizar un debate abierto sobre los contenidos que publica la prensa independiente. En lógica proposicional, a su argumento se le acusaría de falacia ad hominem. Esto es, un razonamiento que concluye la falsedad de un enunciado basándose en las cualidades del que la realiza y no atendiendo a los contenidos de la afirmación misma. En un lenguaje más coloquial podríamos llamarle “la estrategia de matar al mensajero”, pero como todos sabemos, desaparecer al portador no detiene las malas noticias, exactamente igual que cerrar los ojos no hace que la realidad desaparezca. Al contrario, todo esto sólo incrementa los problemas.

En tercer lugar, lo que me parece más importante de todo. Con su crítica al funcionamiento de la prensa independiente, al gobierno le ha faltado explicar por qué le molesta tanto que haya diversidad en las fuentes de información en Cuba. Todos conocemos su posición al respecto, pero la verdad es que no ha hecho ninguna mención a por qué cree –con tanta testarudez– que no sería bueno multiplicar las miradas y los análisis sobre la realidad cubana. Tampoco se ha referido a cómo se podrían divulgar la pluralidad de ideas y posicionamientos políticos que ya existen en Cuba –aunque no se atrevan a reconocerlo-, una función de protección de la diversidad de la que sólo se puede encargar el Estado. En este caso, ni siquiera es necesario entrar en argumentos ajenos a sus pretendidos principios ideológicos, bastaría recordar a la intelectual marxista Rosa Luxemburgo y su conocida frase: “libertad es siempre la libertad del que piensa diferente”.

Ya sé que son ingenuas estas observaciones. Habría que ser muy distraído para no darse cuenta que el gobierno cubano ni es, ni quiere ser democrático. Si todavía existieran dudas, el trato que recibieron hace dos días los manifestantes frente al Ministerio de Cultura deja poco espacio. Pero el hecho que las limitaciones vigentes se hayan vuelto tan “normales” y que muchos ni siquiera piensen en cuestionarlas, es una circunstancia que no debería pasar desapercibida. Es evidente que en Cuba, hoy, no se puede expresar ni considerar otras opiniones. No se acepta el acceso a ninguna información que no haya pasado el filtro de la estructura de gobierno. No se pueden compartir ni difundir ideas –¿de qué sirve pensar libremente en silencio?–. Y la única reacción que se puede esperar es que el gobierno recrudezca el monólogo informativo de los medios oficiales y continúe atacando cualquier posible alternativa.

Eso no es hacerle un servicio “al pueblo” –como dicen–, al contrario, es restringirle opciones y negarle derechos. Encima, dar a entender que eso lo financian voluntariamente los ciudadanos es casi un insulto.

Una lógica retorcida

La libertad de pensamiento y expresión, cuando existe, incluye la libertad de pensar y divulgar todas las ideas. Todas, incluyendo la idea de que no se está de acuerdo con el gobierno, ni con el socialismo, ni con el sistema que rige el país. La libertad de pensamiento tiene que incluir también la libertad de debatir la manera de cambiar. Ninguna constitución puede prohibir esto. Son derechos denominados de primera generación, y como tales están incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es firmante y supuesta defensora –ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos en cuatro ocasiones.

En las argumentaciones del gobierno cubano subyace una lógica de fondo particularmente retorcida, que no por repetida deja de ser objetable. Pese a lo sostenido en el relato oficial a lo largo de los años, “gobierno”, “revolución”, “socialismo” y “nación” no son sinónimos. Ninguno de ellos. Hay cubanos que no están de acuerdo con el gobierno actual y cubanos que no son “revolucionarios”. Incluso hay cubanos que, sintiéndose “revolucionarios” o “socialistas”, quisieran cambiar el gobierno. Cada vez son menos, eso sí, pero la cuestión no es si este malabarismo lingüístico está refrendado por la mayoría o no. La cuestión es aceptar que el derecho a oponerse, a pensar diferente y a intentar cambiar el orden político por los medios pacíficos que cada cual estime convenientes, no puede estar limitado.

Los actuales dirigentes políticos sólo representan una idea, entre muchas que existen, y a un grupo, entre muchos que existen. Desde hace décadas la “Revolución” no representa a la Nación –si es que alguna vez la representó–. No es cierto que tengan el derecho de utilizar al Estado –que si le pertenece a la Nación– en su propio beneficio o en beneficio de sus acólitos. Cuando los dirigentes actuales argumentan que “la revolución” tiene derecho a defenderse, están confundiendo intencionadamente Estado y gobierno y lo que en realidad pretenden es proteger la posición dominante de unos cubanos sobre otros.

Opinar en voz alta que en Cuba no hay democracia –como hicieron antier los miembros del grupo 27N– es una posición tan legítima como cualquier otra. Defenderla y promoverla es un derecho al que legalmente es imposible renunciar. Muchos pueden no estar de acuerdo con ella, pero no por eso deja de ser legítima.

Con las mismas esperanzas que tengo de llegar a las calendas griegas, espero que la próxima vez que el gobierno cuestione a los que disienten –incluyendo a la prensa independiente y a los grupos contestatarios– considere debatirlo en un marco de respeto y justicia. Pero uno real y verdadero. No como el establecido por la televisión y la prensa cubana en los días posteriores al 27 de noviembre pasado. No se le concedió ni una entrevista a los participantes en este suceso –salvo a Fernando Rojas, obviamente–, ni se les permitió replicar a las acusaciones en las mismas plataformas que se han usado para atacarles. Luego, como se ha podido ver, ya ni siquiera se permiten expresar ideas directamente en el Ministerio de Cultura ¿No decían que los medios de prensa estatales pertenecían a todos los cubanos? ¿O es que la expresión “todos los cubanos” no incluye al Movimiento San Isidro, a los representantes de la protesta del 27N y, ya que estamos, no incluye también a todos los cubanos residentes en el exterior?

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Yanko Moyano. Doctor en Filosofía por la Universitat de Barcelona, especializado en temas relacionados con la comprensión del presente y los retos de la cultura y la política contemporánea. Ha coordinado dos libros, publicado varios artículos en revistas e impartido cursos y conferencias en instituciones culturales y educativas de Cuba, Chile, España y Estados Unidos.

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