El affaire Bécquer

Llevo tres años observando con cierta incredulidad lo que, me parece, son indicios de una clara ausencia de inteligencia entre los funcionarios que heredaron las posiciones de liderazgo dentro del régimen tras el último simulacro de elecciones en 2018. Pero de vez en cuando pasa algo que me sorprende incluso cuando considero el nivel de estupidez que les atribuyo. El affaire Fernando Bécquer es apenas el último de estos sucesos.

Ante las acusaciones de cinco mujeres publicadas por El Estornudo –y las que se han ido sumando desde entonces– Bécquer optó por presentarlo todo como un ataque en su contra debido a su apoyo al régimen en la isla. A esa interpretación, que acaso no fuera originalmente suya, se fueron sumando otros trovadores como Raúl Torres, Ray Fernández, Kiki Corona y Ariel Díaz, entre otros. Resalta en particular el caso de Ray Fernández, quien en los últimos años ha demostrado una admirable coherencia para ubicarse del lado equivocado en todo lo que acontece de importancia en la isla. No resulta habitual esa persistencia en el error.

Entiendo que Bécquer y quienes lo defienden utilicen como excusa la ideología para desviar la atención porque es lo que se puede esperar de personas sin escrúpulos, y en las circunstancias actuales –post 27N, 11J y 15N— esta estrategia sirve para desviar el foco del abuso real a una persecución imaginaria por su apoyo a la dictadura. Lo que no entiendo es por qué el régimen se los permite. Ya debería haber salido algún funcionario a dejar claro que ser revolucionario no es una patente de corso ni un escudo detrás del cual esconderse ante una acusación de este tipo, que el Gobierno ha escuchado con preocupación las denuncias y anima a las denunciantes a dirigirse a las autoridades pertinentes para que pueda comenzar una investigación que permita llegar al fondo del asunto. Hablo de una declaración de mínimos, sin tomar partido, no aspiro a que Díaz-Canel o alguno de sus ministros repliquen en las redes sociales un #MeToo o un #YoSíLesCreo. Solo no permitir que alguien utilice su compromiso con la “revolución” como coartada para evitar un posible castigo tras cometer un delito y para no decepcionar todavía más a las generaciones más jóvenes, entre las que cada vez encuentran menos apoyo. Una declaración cuyo origen no esté basado en su compromiso con la justicia o con los derechos de las mujeres, pero al menos sí en el cinismo y el cálculo político.

También han guardado silencio hasta ahora la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Asociación Cultural Yoruba de Cuba (ACY). La ausencia de declaraciones por parte de la FMC ante una acusación convincente y repetida de abuso sexual por parte de una figura pública es alarmante y escandalosa al tratarse de una problemática de género, tema que cae de lleno dentro de la misión de la organización. También la ACY de momento guarda silencio, a pesar de que todas las mujeres entrevistadas explicasen cómo Bécquer había utilizado las prácticas de esta religión para ganar su confianza y conseguir que bajaran la guardia. Uno pensaría que el hecho de que Bécquer intentara, con éxito en la mayor parte de los casos referidos, explotar la fe de estas mujeres para abusar de ellas debería alarmar a los miembros de la Asociación. Sin embargo, es poco probable que escuchemos de alguna de estas dos organizaciones. Si algo ha quedado demostrado hace ya años es que ninguna asociación vinculada al Gobierno es independiente de este y para comentar, incluso en un caso con tanta visibilidad como el actual, esperan por la autorización del Partido.

Y este último probablemente no haga nada. Primero, porque no tienen la costumbre de dar explicaciones al pueblo, solo órdenes, y ven las explicaciones como una muestra de debilidad. Segundo, porque ya están utilizando como excusa el hecho de que el artículo con las denuncias haya aparecido en El Estornudo, un medio que el Gobierno no reconoce como interlocutor legítimo, y han tirado de ese pretexto para echar a un lado las acusaciones; matar al mensajero para ignorar el mensaje puede ser un cliché, pero al oficialismo le resultará útil para desentenderse del testimonio de estas mujeres y justificar esa bajeza ante sí mismos. Tercero, porque sospecho que no se atreven a penalizar a las figuras que de manera pública se identifican como oficialistas –cada vez más escasas– ante el temor, ignoro si justificado, de quedarse solos, y que estas “protecciones” y “privilegios” son de las pocas cosas que pueden ofrecerles en pago por su incondicionalidad. Retirárselas sería romper el pacto implícito en que descansa esa alianza.

La bancarrota moral de un régimen que busca imponer a menores condenas desproporcionadas en relación con los delitos que les atribuyen y que les destrozarían sus vidas no debería ser noticia para nadie. Lo curioso aquí es la falta de cálculo político, la ceguera ante la nueva realidad que están creando las generaciones más jóvenes y la poca capacidad –o interés– para adaptarse a esta. Es una incapacidad que acaso nace de la idiosincrasia particular de una hornada de dirigentes cuya carrera se ha desarrollado –a diferencia de los históricos– dentro de la caja de resonancia del oficialismo cubano, con una exposición insuficiente a versiones de la realidad distintas de la que habitan, lo que a su vez ha provocado en ellos una notable falta de imaginación política, económica y moral. Una generación cuya inhabilidad para reaccionar ante estas denuncias es solo la prueba más reciente de la mediocridad esencial que los invalida para poder darle solución a los problemas que en la actualidad afectan a Cuba.