“Se desgració la vida”: la parábola del silencio y su reverso

La mañana del viernes 2 de octubre, un hombre se subió a lo alto de la escalinata del Capitolio de La Habana y se puso a gritar: “Viva Cristo Rey”. La policía llegó enseguida; cuando ya lo montaban en la patrulla, el hombre gritó “Abajo la dictadura”. En el video, publicado por CubaNet, se oye a alguien comentar, entre los varios que filmaban con sus teléfonos: “se desgració la vida”. De todos los que grababan, uno solo respondió “¡Abajo!”. Nadie más dijo nada, y el que había respondido se quedó solo. La policía fue a buscarlo, y él también terminó en la patrulla. Los demás siguieron mirando, detrás de sus teléfonos.

En estas últimas semanas, el régimen ha golpeado en varios frentes: la condena de Anna Sofía Benítez Silvente –Anna Bensi en sus videos– y de su madre, Caridad Silvente, por grabar a un policía; la prisión provisional del periodista Henry Constantín en Camagüey; la petición fiscal de ocho y diez años para Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas, dos muchachos que tenían un canal en las redes; la causa abierta contra cuatro masones, entre ellos José Ramón Viñas y Ángel Santiesteban Prats, por cambiar dólares. Parecieran expedientes sin relación, pero los hechos ocurrieron juntos, apretados en los mismos días, y juntos dicen algo que por separado se diluye entre el torbellino de los acontecimientos: no son cuatro casos, sino cuatro aplicaciones de un mismo mecanismo, el castigo ejemplar, una tecnología vieja que el poder cubano no ha dejado de afinar.

El castigo ejemplar tiene una particularidad que lo distingue de la justicia y también de la venganza: no se agota en el sancionado. Foucault lo escribió al describir el suplicio público en Vigilar y castigar: por parte de la justicia que lo impone, “el suplicio debe ser resonante, y debe ser comprobado por todos, en cierto modo como su triunfo”. El castigo se fabrica para ser visto; su producto no es la pena sufrida sino la lección aprendida. Por eso tiene dos destinatarios: el sancionado, que paga por lo que hizo, y el que mira, que aprende lo que le pasaría. El castigo es posterior al acto; el escarmiento que produce es preventivo. En la escalinata del Capitolio la lección se dio completa: castigo para el que gritó, castigo para el que se atrevió a responderle, escarmiento para todos los demás. La moraleja, gratis, la puso una voz detrás de una cámara.

La víspera, la escena había tenido su versión judicial. Temprano, la cuenta institucional del Ministerio del Interior publicó un texto prodigado en emojis que defendía que grabar, publicar y difundir imágenes puede ser delito, porque la libertad de expresión tiene límites; horas después lo republicó Las razones de Cuba, el programa que la Seguridad del Estado construyó para exhibir las confesiones de los detenidos. La mañana del juicio, el aparato policial y el confesionario televisivo distribuían la misma doctrina. Al salir de su casa hacia el tribunal, madre e hija vieron detener al pastor que pretendía acompañarlas. Anna volvió a sacar el teléfono y grabó: se oye al pastor preguntar “¿Por qué? ¿Cuál es la causa?”, y la voz que le responde: “Eso es resistencia”. Los amigos que fueron al tribunal acabaron el día en una unidad de policía.

Días antes, Anna había contado en un video lo que se les ofrecía: el policía quería que madre e hija grabaran “un video de disculpa pública, un video retractándonos”, y lo subieran a las redes, “para él recuperar su moral”. El formato es conocido, y no busca reparación: busca el montaje. La autoinculpación pública es un género dramatúrgico del poder –la confesión como espectáculo, la disculpa como prueba de quebrantamiento–, y su función no es cerrar el expediente del ofendido sino darles a los que miran una escena de sumisión. Cuando el video no se consigue, se guarda como amenaza o se sustituye por la condena. Madre e hija no grabaron ninguna disculpa. “Soy una mujer de 21 años, cubana, cristiana”, dijo Anna, a punto de cumplirse un año de su primer video: “créanme que lo volvería a hacer”.

El juicio lo presidió la jueza Zamira Marrero Morgado, que antes condenó por sedición a presos del 11 de julio: el tribunal ya había dado lecciones. Como la acusación es privada, la sanción la proponía el propio policía, cuyo abogado pedía dos años de limitación de libertad para cada una. La sentencia cayó en esos términos: dos años de privación de libertad, subsidiada por limitación de libertad, para madre e hija. Antes de entrar, Anna se dirigió a quienes esperaban: “Ninguno de nosotros somos unos criminales. Solamente estamos expresando a través de una pantalla que no es un arma, es un teléfono”. Poco después, el tribunal declararía lo contrario: que un teléfono puede ser un arma, y que una madre y una hija pueden ser criminales por sostenerlo.

La limitación de libertad es una alternativa a la cárcel en la que la condena no se cumple: se administra, día a día. Una sanción así no pretende castigar un hecho consumado; pretende terminar de doblar a las condenadas, convertir dos años en un instrumento de presión permanente. No las manda a la cárcel, que tendría un costo político alto, sino a algo más útil: dos años sin poder salir del país, presentándose ante un juez de ejecución y sabiendo que cualquier incumplimiento convierte en cárcel lo que les quede de pena. Mientras tanto, según cuenta la hermana de Anna, madre e hija llevan más de cinco meses con las líneas de teléfono cortadas y sin internet, con gente apostada en los bajos de su edificio todo el tiempo. Es el reparto habitual de un Estado que ya no protege: en lo que va de año se han contado más de 107 asesinatos (frente a algo más de 60 en el mismo período del año anterior, según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana) y hay barrios, como Lawton, donde las mujeres tienen que cerrar la calle para pedir agua… pero para vigilar a una muchacha con un teléfono nunca faltan agentes, ni horas, ni combustible.

A Henry Constantín, quien dirige La Hora de Cuba, un medio independiente que trabaja desde dentro del país, no le ofrecieron video ni juicio. El 16 de septiembre, la policía lo detuvo por llegar diez minutos tarde a una citación del departamento de inmigración del Ministerio del Interior. Pasó por los calabozos de Villa Manuela y hoy espera juicio en la prisión Kilo 7, en prisión provisional. Cuando su defensa presentó un Habeas Corpus, un viernes, el tribunal provincial no lo recibió: los jueces estaban de “cambio de labor”. La ley da 72 horas para la audiencia; el cambio de labor, al parecer, dura lo que haga falta.

La prisión provisional es, en este repertorio, la pieza maestra: castiga sin sentencia. Fiona Shen-Bayh lo formuló al estudiar las estrategias judiciales de las autocracias: lo decisivo es “el juicio, no la pena que lo sigue”; o, en palabras de Feeley que ella retoma, “el proceso es el castigo”. Mejor aún para el mecanismo: el juicio puede ni siquiera celebrarse, porque el juicio da tarima, y la tarima es exactamente lo que se quiere evitar. La prisión provisional cumple la función sin escena pública y deja al detenido en el limbo perfecto: castigado ya, condenado todavía no, indefinidamente. A Anna y a su madre les tocó la versión con juicio, la condena convertida en oferta para doblarlas; a Constantín, la versión sin juicio: dos administraciones de la misma sustancia.

Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas, los muchachos de El4tico, llevan meses en prisión provisional; la Fiscalía pide ocho años para uno y diez para el otro, por publicar en redes opiniones políticas, y hace unos días el tribunal abrió el proceso para juzgarlos pronto. En la masonería, tras meses de hostigamiento al soberano gran comendador del Supremo Consejo, José Ramón Viñas Alonso, y una sentencia del Tribunal Supremo que le impedía seguir al frente, cuatro masones esperan juicio por tráfico de divisas: habían cambiado dólares para sostener el asilo nacional masónico. La represión cubana es un acto esencial del régimen, la función para la que está mejor construido. Todo lo demás puede fallar, y de hecho, falla. Esto no. Nunca.

El mecanismo, sin embargo, no vive de tribunales y patrullas: vive de lo que la gente se dice en las casas. Su frase más eficaz no la pronuncia ningún agente; la pronuncian las madres, los padres, los abuelos, desde hace décadas y con la mejor intención del mundo: “no te metas en eso, mijo”. Los politólogos Rachel Stern y Jonathan Hassid le dieron nombre a ese género doméstico en Amplifying Silence: las parábolas de control, “historias didácticas que tratan de explicar las razones ocultas detrás de las embestidas del Estado imaginando un conjunto de reglas que marcan los límites de la seguridad política”. El consejo materno es una parábola de control dicha con amor: traduce la represión en ley de la naturaleza, algo que no se discute sino que se sortea. Miłosz la llevó a la escena en La mente cautiva: “el padre de una familia tiene que salir para proveer de pan y de sopa a su mujer y a sus hijos; y cada noche se preguntan si volverá”. El miedo entra en las casas por la puerta del amor, y una vez adentro se vuelve consejo, costumbre, educación. Por eso la petición de ocho y diez años para los muchachos de El4tico no está dirigida a ellos: está dirigida a cada muchacho que esta semana pensó abrir un canal, y a cada madre que desde ahora añadirá una cifra al consejo.

Para que gane la parábola del silencio basta la costumbre. Al día siguiente de la sentencia hubo quien propuso brindar porque al menos Anna no iba a la cárcel. Se entiende, y precisamente porque se entiende hay que detenerse ahí. ¿Cuánto nos han doblado para que dos años de limitación de libertad por un video se reciban como una buena noticia? Lo que ayer parecía inaceptable se vuelve hoy el piso desde donde se mide lo próximo, y el piso, a fuerza de bajar, termina confundiéndose con el sótano; así se pagó durante décadas la cuota de silencio y sometimiento que la mayoría aceptó como precio para poder vivir, a plazos, y sin que llegara nunca el último. ¿Qué se opone a un mecanismo cuya victoria final es el hábito? Una decisión: negarse. Nos negamos a brindar porque no fue cárcel. Nos negamos a leer que se piden diez años por unos videos y pasar la página en busca de la noticia siguiente, como si algo así pudiera ser natural. Negarse no libera a nadie, pero le impide al castigo terminar su trabajo, que no se completa en el que lo sufre ni en el que mira, sino cuando el que mira deja de ver.

La tarde del juicio, Rubén Padrón Garriga, uno de los editores de La Joven Cuba, publicó un texto titulado “El caso Anna Bensi”. El texto empieza bien. Admite que documentar a un funcionario mientras ejerce su función no es invadir su vida privada, recuerda que la televisión estatal lleva años exhibiendo sin permiso a opositores y concede que las posiciones de Anna no la hacen menos víctima. Pero antes de concederlo le levanta el prontuario a quienes la acompañaron: en su mayoría, asegura, son los mismos que se opusieron al matrimonio igualitario y se oponen al aborto y a la identidad trans, y lo que quieren es una Cuba de terapias de conversión y economía extractivista; acusaciones graves, que el texto no se toma el trabajo de probar. El día en que un tribunal juzgaba a Anna, el editor juzgaba a sus acompañantes. Después de la concesión viene la cuenta: “Se le regala a la derecha y al fundamentalismo religioso una víctima perfecta”. Perfecta, en esa contabilidad, es la víctima que le rinde a otro. Lo que sigue se ordena alrededor de ese temor: que el caso fracture el consenso, que dé argumentos a quienes quieren justificar una agresión externa, que con el país bajo uno de los cercos económicos más duros de su historia reciente no sea momento de sumar presos políticos. Cabe preguntarse, ¿en qué momento lo sería?

La pregunta del texto empieza siendo qué derecho le vulneraron a Anna y termina siendo a quién beneficia que se lo vulneren; en el camino, la inquietud por lo que ganen los adversarios ocupa el lugar que le tocaba a la indefensión de una ciudadana frente al Estado. Pero si la hubieran acompañado otros, la injusticia sería la misma; si su caso no le diera argumentos a nadie, seguiría siendo igual de condenable; y si condenarla estabilizara al régimen en vez de erosionarlo, no sería un ápice más aceptable. Los derechos valen porque no dependen de lo que rinda respetarlos, y la solidaridad se prueba con quien no piensa como uno; con los afines alcanza la simpatía. Si lo que inquieta es el avance de lo conservador, el poder que desde 1959 conserva jerarquías, privilegios y la imposibilidad de cualquier alternancia, no despacha desde un templo.

Tampoco hubo esa semana un error de cálculo, como sugiere el texto cuando lamenta la solución policial a un problema político. Hubo un cálculo, y lo hizo el régimen, que parece convencido de que puede sobrevivir a la presión de Washington y de que, mientras tanto, le alcanza con apretar a los de adentro, que es lo que mejor sabe hacer. La represión no fue una reacción a nada; es la forma ordinaria de un poder que no admite la posibilidad de cambiar y requiere, para eso, que la sociedad no tenga voz. Al final, el texto receta más democracia contra el imperialismo, y la quiere de un modo curioso: como munición. La libertad de una muchacha con un teléfono no es una pieza en la partida de nadie; ni en la del régimen que la condena para escarmiento de los que miran, ni en la del comentarista que la computa como regalo para sus adversarios. En eso, La Joven Cuba y el tribunal coinciden con triste exactitud: para ambos, Anna Bensi importa sobre todo como mensaje dirigido a terceros.

Hay, sin embargo, un riesgo que corre todo espectáculo de este tipo, y Foucault también lo dejó anotado: “Veíase bien que aquel gran espectáculo de las penas corría el riesgo de ser vuelto del revés por los mismos a los cuales iba dirigido”. El mecanismo funciona aislando: separa al sancionado de los suyos, a la familia de la cuadra, al que grita de los que graban; su materia prima es la soledad y su producto, una población de testigos que aprendieron a no moverse.

Si el castigo funciona aislando, lo que lo rompe no es un argumento mejor: es la compañía. El 30 de septiembre, la víspera del juicio, la Convención Bautista de Cuba Occidental publicó un comunicado de apoyo a Anna y a su madre; hicieron lo mismo los metodistas y las Asambleas de Dios: tres organizaciones reconocidas por el Estado, hablando en público y en su propio nombre. El comunicado bautista no pide clemencia, que sería aceptar la culpa y negociar la pena: pregunta por qué a ellas, y opone ese castigo a la impunidad que ampara otros delitos. La frase suya que más circuló lo resume sin metáforas: no piensan dejarlas solas. Eso no estaba en el guion.

También hubo compañía en la sala. Antes del juicio, ocho abogados dijeron que no, pero el noveno aceptó: masón, alto cargo del Supremo Consejo, y el mismo que defiende a Viñas. Que un caso como este terminara en manos de un hombre ligado a la institución que el régimen lleva meses hostigando es una de esas concurrencias que no necesitan comentario. La propia masonería había respondido unos días antes: el 26 de septiembre la Alta Cámara del Rito eligió, por diecinueve votos contra uno, a Ángel Santiesteban Prats para sustituir al gran comendador inhabilitado (definitivamente, no era el nombre que el régimen tenía en mente). La compañía no siempre tiene forma de comunicado: a veces es un abogado que firma cuando ocho han declinado; a veces, una votación que sale 19 a 1. Nadie sabría decir lo que puede un encuentro; del aislamiento, en cambio, se sabe exactamente lo que puede.

Y está Anna. Dijo que lo volvería a hacer, y camino de su juicio lo hizo: cuando la policía detuvo al hombre que había ido a acompañarlas, no se guardó el teléfono; grabó. El gesto contiene entera la refutación del mecanismo: si el castigo enseña a mirar para otro lado, ella miró de frente; si funciona dejando a cada cual solo con su miedo, ella respondió acompañando. Es lo único que el mecanismo no sabe procesar.