Una semana después de grabar al agente de la Seguridad del Estado que no la dejaba salir de su casa, la periodista Camila Acosta salió. Era el martes 3 de noviembre, a media mañana, ella iba con su perro camino del veterinario. La detuvieron cerca de su casa: la esposaron, la subieron a una patrulla y al perro lo dejaron en la calle. Lo recogieron los vecinos, que se lo entregaron a su pareja, Ángel Santiesteban. A ella se la llevaron a la estación de Playa. Esa noche la soltaron con una advertencia oficial por haber hecho público aquel video, y le devolvieron el teléfono inservible. Durante esas horas nadie supo decir dónde estaba.
Últimamente el régimen está sacando a pasear a sus perros a plena luz de día. El día anterior se habían llevado esposado al periodista Adelth Bonne cerca de su casa, en Santos Suárez. En los días siguientes, a Yoani Sánchez la secuestraron cuando salió a comprar comida; a cuatro masones los condenaron por cambiar unos dólares con los que se compró leche en polvo para los ancianos de su asilo; a periodistas y activistas como Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro y Wilber Aguilar los cercaron en sus casas para que no llegaran a una “fiesta” (así llamaron los agentes a un encuentro en la residencia del embajador de Estados Unidos por los 250 años de la independencia); a Yamilka Cué no la dejaron ir al velorio de su tía; a Berta Soler se la llevaron de una protesta de vecinos por el agua, en Lawton, y la soltaron con lesiones, después de 46 horas sin dar razón de ella. El sábado 7, por la mañana, fuerzas especiales del Ministerio del Interior asaltaron una casa en Guamuta, un barrio de El Cobre, en Santiago de Cuba: la casa del hombre que organizó a sus vecinos para levantar un comedor y un consultorio.
La reciente oleada represiva condensa el repertorio de la represión estatal y las maniobras “legales” que sustentan ese repertorio. Si la represión produce siempre una impresión de homogeneidad, su repertorio es lo bastante variado para garantizar diversificación y escalabilidad: secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria, interrogatorio, impedimento de salir de casa, vigilancia policial, uso arbitrario de la ley con fines políticos, y judicialización contra la disidencia y la oposición. Objeto de ataque fueron periodistas independientes, creadores de contenido en internet, activistas religiosos, organizaciones de fraternidad que resisten la intervención estatal, y organizadores comunitarios que realizan labor humanitaria. Puestas de conjunto, esas escenas dicen qué espacios y qué oficios sobreviven todavía en Cuba a la represión intensiva y sostenida, y hasta dónde llega la fobia estatal a todo lo que se le escape del control. El régimen castrista va hoy no solo contra quien se le opone, sino contra cualquiera que pretenda romper el cerco que la propaganda impone sobre la realidad, cualquiera que pueda organizar a su cuadra, cualquiera que cuestione en internet una hegemonía ideológica que hace mucho tiempo ya no existe, aunque la percepción del poder totalitario sobre la realidad siga, como sabemos, empecinadamente desfasada. Un sistema que reclama para un solo partido la dirección de toda la sociedad tendrá siempre un problema con cualquier ciudadano que decida organizarse sin pedir permiso. Al tiempo que el poder invoca la soberanía nacional, termina persiguiendo, uno por uno, los lugares donde los cubanos intentan ejercer alguna soberanía sobre sus vidas, por minúsculos que sean: un comedor, una logia, un teléfono, un cubo de agua.
Del teléfono se ocupa el Código Penal. “No te doy permiso para grabarme”, le había dicho el agente a Camila Acosta: el acta de advertencia que le levantaron habla de actos contra la intimidad personal, el delito del artículo 393 del Código de 2022, por el que ya habían condenado a Anna Bensi. El tipo penal no distingue entre un agente del Estado y una ciudadana; no habla de relaciones de poder ni presume asimetría alguna entre las partes. Esa ausencia deliberada es lo que permite la lectura en la que un funcionario que le impide a una mujer salir de su casa resulta la parte ofendida cuando ella lo filma. La maniobra requiere dos cosas: un Código Penal lo bastante ambiguo para sostener el uso discrecional y la inversión de los términos. En el mundo al revés de la lógica represiva, el agente represor es la víctima. La sociedad cubana ha comprendido la necesidad de identificar a los represores de cara a la justicia que vendrá, y el Estado se apura a darles a los suyos la protección que les permita actuar con impunidad y sin reservas. La operación tiene pedigrí: Himmler dejó el molde, y quien estudió el juicio de Jerusalén lo transcribió: “los asesinos, en vez de decir: «¡Qué horrible es lo que hago a los demás!», decían: «¡Qué horribles espectáculos tengo que contemplar en el cumplimiento de mi deber, cuán dura es mi misión!»”. El victimario que se compadece de sí mismo… Cambian la época y la escala, pero el molde sigue igual: la víctima es el que ejecuta y el cargo recae sobre la que filmó.
El hombre al que los vecinos le entregaron el perro de Camila tenía juicio ese mismo jueves. Ángel Santiesteban (escritor y expreso político) había sido elegido en septiembre soberano gran comendador de la masonería cubana, en lugar de José Ramón Viñas Alonso, al que una sentencia del Supremo le impedía seguir al frente. A los dos, junto a otros dos hermanos masones (Osvaldo Ernesto Villegas y Fernando Marcos García), los juzgaron en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en medio de un dispositivo policial y militar y con la prensa a distancia. “Parece que esa gente son asesinos”, comentó un masón a las puertas. Los condenaron a todos, también al contador del asilo nacional masónico, que tuvo la mala idea de anotar en los libros lo que le tocaba anotar: 300 dólares cambiados para comprar leche en polvo. Los años de limitación de libertad y las multas eran lo de menos. Lo que importaba era la inhabilitación para ocupar cargos, que apuntaba a Viñas y a Santiesteban (y a ningún cambista): los masones habían elegido a sus dirigentes sin importarles lo que dijera el Ministerio de Justicia, y el Estado, que quería decidir quién dirige la fraternidad, le encargó el asunto al derecho penal.
A Yoani Sánchez la esperaron el jueves a las nueve y media, al salir de su casa en Nuevo Vedado a comprar comida. Tres esbirros de civil se le echaron encima, la metieron en una patrulla sin identificarse y la llevaron a la cuarta estación, en Infanta, donde pasó casi nueve horas en un calabozo. Al día siguiente contó que le habían imputado varios cargos, entre ellos el de “propaganda contra el orden constitucional”, y añadió, por si alguien lo dudaba: “Eso evidentemente tiene que ver con mi trabajo”. Que el periodismo figure entre los delitos contra el orden constitucional, junto a cosas como planear una invasión, es una prueba, si hiciera falta otra, de que ese orden es una de las fuentes estructurales del problema. La Constitución de 2019 dispone en su artículo 4 que “El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable”, y redondea la idea autorizando a combatir, “incluyendo la lucha armada”, a quien intente derribarlo. Sería difícil encontrar una razón mejor para querer cambiar un orden constitucional que el hecho de que se declare a sí mismo inmutable y movilice la violencia para impedirlo. Leyendo el texto de 1976 con su reforma de 2002, Claudia Hilb notó que una cláusula así coloca por encima de su fuente aparente (la voluntad mayoritaria del pueblo) el carácter irrevocable de una forma de régimen; y que, donde la ley y el poder político coinciden, cualquiera que esté en desacuerdo con el poder es ya, en potencia, un delincuente.
Lo que no movilizaba al poder esa semana era todo lo demás. Los apagones, el agua, el colapso sanitario parecieran no ser motivo suficiente para dedicarse, por una vez, a salvar a las personas concretas y no a los relatos de la propaganda, que ni requieren ni merecen salvación alguna. El 4 de noviembre murió en La Covadonga Dairon Calderín, de 41 años, esposo de Jenni Taboada, la madre del preso político del 11J Duannis León. Ella denunció la demora en llevarlo a cuidados intensivos, y el hospital, como es de esperar, no ha respondido. El mundo, por su parte, seguía su rumbo, como si no hubiera intersección alguna con una islita demasiado pequeña para quitarle a nadie el sueño.
A los ancianos del asilo Llansó, por lo menos, alguien les compraba leche. Un asilo sostenido por una fraternidad es hoy en Cuba una rareza arqueológica. Alejandro de la Fuente cuenta en A Nation for All que en septiembre de 1961, solo en La Habana, las autoridades provinciales cerraron más de 170 asociaciones cívicas, fraternales, profesionales y de ayuda mutua, y que con ellas cayeron las sociedades de negros que durante décadas habían dado a los suyos escuela, atención médica y recreo. Estorbaban, se entiende, la redefinición de la sociedad civil. Por lo general no hizo falta acusarlas de conspirar: bastaba la falta de inscripción, el impago de cuotas e impuestos. A Unión Fraternal la disolvieron en agosto de 1966 porque no había presentado la documentación de sus elecciones ni las actas de sus reuniones; un año antes, una nueva ley de asociaciones había puesto su vigilancia en manos del Ministerio del Interior. Al principio de todo aquello, el abogado Juan René Betancourt había advertido que esas sociedades no debían permitirle nunca a un gobierno que les dijera quién debía ser su dirigente, ni volver a subordinarse a la caridad oficial. Sesenta y cinco años después de aquel septiembre, el Ministerio de Justicia le dio a la masonería sesenta días para cambiar de jefe, y un tribunal acaba de condenar al que le lleva las cuentas al asilo. Entre aquellos oficios y este juicio no ha cambiado el criterio sobre quién puede darle de comer a quién.
En noviembre de 2025, después del huracán Melissa, Díaz-Canel fue a El Cobre, en Santiago de Cuba, a darse un baño de pueblo. Un cuentapropista de la localidad de Guamuta, Yoel Alejandro Pérez Serrano, pidió la palabra. “Presidente, permiso, a ver si puedo hablar”, dijo, y le contó que “allá arriba no ha ido nadie”, que había casas en el piso con niños, que al delegado no lo había visto pasar. Lo primero que hizo el presidente, según se aprecia en el video, fue preguntarle si lo estaba grabando.
Un año después, Yoel había organizado a su barrio. Guamuta tenía para entonces un comedor que daba al menos una comida al día, de lunes a viernes, a viejos, niños desnutridos, enfermos y familias pobres, y un consultorio levantado con vecinos voluntarios. Las autoridades de educación, que no traían desayuno, venían a amenazar con multas a las madres que no mandaban a la escuela a sus hijos sin desayunar. Yoel reunió a las madres: las filmó para saber quiénes eran y llevar sus casos a las maestras, escuela por escuela. La comida que conseguían no quería dársela al comedor escolar, porque se iban a robar la mitad: “La comida es nuestra y la tenemos que administrar nosotros”.
La Seguridad del Estado lo había citado en el verano y en octubre fueron casa por casa a amenazar a sus parientes. La mañana del sábado 7 de noviembre entraron en su domicilio las tropas especiales; se llevaron comida, teléfonos y otras pertenencias. Lo detuvieron a él, a su esposa y a un tío. A la esposa la soltaron al día siguiente y le dijeron que buscara abogado. Ese fin de semana los vecinos salieron a la calle con cacerolas y pancartas a pedir la libertad del que los ayuda a comer, y le plantaron cara a la gente del partido que les echaron encima. Hoy, Yoel sigue preso.
Hubo quien se preguntó por qué ha de molestarle al régimen un tipo que hace trabajo comunitario. Lo que le molesta al poder no es el comedor sino cómo se gestiona ese comedor. Reunir gente, conseguir recursos por cuenta propia, repartir tareas, decidir entre todos… unos vecinos que empiezan a confiar en el que tienen al lado. En ese proceso nace una autoridad de otro tipo, la que se construye desde abajo, por resultar útil, y que le permite a la gente comparar: el funcionario que pide paciencia o viene a poner multas y el vecino que consigue el desayuno; la reunión de rendición de cuentas y la reunión del barrio; el que dice hablar en nombre del pueblo y el que lo alimenta. Esto no es caridad. Es política, desde el momento en que unas madres que se creían solas con su fracaso descubren en la de al lado que el problema no es solo suyo, desde el momento en que de la angustia individual pasan a la acción colectiva. Por eso la detención del organizador les sube el costo a todos los demás: puedes recibir la ayuda, pero si la gestionas por tu cuenta te buscas un problema. La solidaridad en Cuba está permitida siempre que pase por la ventanilla del Estado.
Nada de esto lo explica el calendario de afuera. Es probable que la victoria de Lula en Brasil y la mayoría demócrata en las dos cámaras de Estados Unidos hayan significado algún aliciente en La Habana; pero un régimen que lidia a la vez con la presión externa y con la explosión interna, siempre probable e inminente, no es un mecanismo de relojería al que se le dé cuerda desde afuera. En la finca de los Castro la represión es esencia, no reflejo: entre una sanción estadounidense y la detención de una periodista hay decisiones, funcionarios que ordenan y policías que ejecutan. Nadie en Washington firma esas órdenes. Controlar la vida que trata de seguir existiendo ahí donde el Estado ya no alimenta, pero sigue controlando, requiere cierto desapego de esos movimientos externos. El poder sabe que sin esos miles de agentes grises, a los que defiende para que sigan cumpliendo la función del matón de barrio, ese control precario se le puede ir de las manos. Y esa es la verdadera pesadilla para un poder que se ha anquilosado casi siete décadas y pretende vivir 62 mil milenios.
La conexión de la escala nacional con la geopolítica se produce más bien en una correspondencia analógica: el agente represivo es, con respecto a los reprimidos, lo que el Estado cubano es para el orden de la geopolítica regional: una víctima. Hacia adentro la operación es directa, porque detrás del victimario está el Estado entero: su orden constitucional, su Código Penal, su infraestructura de represión, tan dedicada que reprime a nivel personal. Hacia afuera no puede serlo, porque ese Estado no está en condiciones de dirigir contra su enemigo histórico la fuerza que usa contra sus ciudadanos. Para eso está la soberanía como objeto de discurso: ser la víctima es ser un Estado-nación en peligro de ser violentado en un orden donde no tiene fuerza para imponerse. Pero, desaparecida la soberanía de la sociedad a la que el Estado usurpa la libertad y los derechos, la soberanía del Estado aparece también como permiso: el que la policía política se da a sí misma para reprimir. Por eso pueden secuestrar, interrogar, multar y juzgar por delitos absurdos a quien sea, en la forma y las cantidades que se les ocurra, mientras vociferan que el pueblo cubano está dispuesto a morir antes de entregar su soberanía. En manos del Estado totalitario, la soberanía se ha convertido en un mono de feria: una marioneta que se agita o se esconde según la escena, lo mismo en un foro internacional, con gritos y manotazos, que en una casa del oriente cubano, con armas largas y uniformes. Giorgio Agamben fechó en la Guerra del Golfo “el ingreso definitivo de la soberanía en la figura de la policía”. En Cuba no hizo falta guerra alguna: la soberanía patrulla.
Una de las dimensiones de la discusión sobre soberanía reconoce una tensión entre el control interno del Estado y la existencia de un sistema internacional de leyes para la protección de los derechos humanos. Un poder que se autoriza a sí mismo no admite que le pidan cuentas. De ahí la antipatía que le ha tenido siempre a “eso de los derechos humanos”, que en La Habana se lee como una forma más o menos velada de intervención y que, además de incómodo por sí mismo, sirve para limitar el uso de la fuerza. ¿Rendir cuentas a quién, por qué y para qué?, razona el funcionario encargado de distribuir agentes para hacer detenciones arbitrarias o amenazar en los calabozos. Puede dormir tranquilo. Violar derechos humanos no es una prerrogativa soberana, ha recordado un profesor de derecho internacional, pero la noticia no ha llegado a las Naciones Unidas, donde el voto de una autocracia que ha secuestrado la soberanía de su pueblo pesa lo mismo que el de Suiza. Por ese agujero se cuela todo.
Otra dimensión reconoce la tensión entre el poder como representación y el poder como deliberación democrática. Claude Lefort lo pensó como advertencia: a la imagen de la soberanía popular se le une la de “un lugar vacío, imposible de ocupar, y del que quienes ejercen la autoridad pública no podrían pretender apropiarse”; en la inversión totalitaria, “el poder cesa de designar un lugar vacío y se materializa en un órgano (o, en última instancia, en un individuo), supuestamente capaz de concentrar en sí todas las fuerzas de la sociedad”. La condición de la ocupación es ese hablar por el pueblo que los cubanos conocemos tan bien. Cuando se nos dice que el pueblo no renunciará a su modelo político, se está hablando de la élite gobernante; cuando se nos dice que el pueblo está dispuesto a morir, se está hablando de la masa de personas que serán enviadas al frente como carne de cañón cuando haga falta. El primero lleva mayúscula y escolta; el segundo, minúscula y citación militar. En La Habana, el lugar vacío lleva sesenta y siete años ocupado. Vacío, lo que se dice vacío, estaba allá arriba, en Guamuta, donde el pueblo no es un cuerpo político imaginado, sino gente concreta que desayuna, o no.
La soberanía del Estado cubano es hoy, sobre todo, un espejismo. Desaparecida la soberanía popular, la del Estado está en camino de muerte, y las amenazas de protectorado o de control económico representan hoy una deriva posible. El incidente Sherritt, que comenzó con una minera canadiense anunciando su salida del país y siguió con un inversor de Estados Unidos negociando el control de la empresa, es mejor indicador de lo que está pasando que todos los “Cuba is next” con variantes que se han repetido ya por casi un año. Y a la soberanía no la salva el discurso: en la encuesta del Barómetro de las Américas que por primera vez incluyó a Cuba, a los encuestados les preguntaron cómo reaccionaría, a su juicio, la mayoría de los cubanos ante una intervención de Estados Unidos: el 43 % contestó que la apoyaría, el 28 % que el país se dividiría, el 13 % que permanecería indiferente, y solo el 15 % que se opondría. Eso no es un país que pida una intervención; lo que esos números desmienten es la certeza sobre la que el régimen ha construido buena parte de su legitimidad: que si vienen los americanos la nación cerrará filas. Los discursos que siguen garantizando la disposición a morir antes de entregar la soberanía son delirios, la forma particular del delirio totalitario isleño, porque ese bien supuestamente preciado no está, no podría estar, en el horizonte inmediato de deseo de una sociedad expoliada y explotada hasta la náusea.
Cuba tendría que recuperar primero los derechos. Los cubanos tendríamos que recuperar el derecho a tener derechos, que hemos perdido a pesar de ser formalmente ciudadanos y de tener, supuestamente, un Estado que nos respalda. Cuba tendría que ser nuevamente un país, y para ello tendríamos que recuperar el derecho a construir y a ser parte del país del que usamos el gentilicio. El “yo no tengo un país” que enunció Reinaldo Arenas y se convirtió en marca identitaria de la cubanidad, tendrá primero que dejar de ser la maldición que no nos abandona, para que entonces la entelequia, pero también la experiencia, y hasta el deseo colectivo que es Cuba, pueda ser defendible. Porque si no hay Cuba, ¿qué iríamos a defender?
Poco antes de que fueran a buscarlo, Yoel se preguntaba en un video quién iba a venir a quitarles el comedor en Guamuta. “Nadie”, se contestaba. “Eso no lo puede tocar nadie porque eso es de nosotros”.
Para llegar a Cacocum
Cuba no se acaba en Cacocum. Esta columna apuntala una sospecha: que el país real empieza justo donde la mirada habitual se detiene. El imaginario sobre Cuba tiende a una postal habanera; lo demás –lo profundo, lo periférico, lo que no se suele ver, ni decir, ni mostrar– queda fuera de cuadro, administrado como si no existiera. Nosotros perseguimos una terquedad contraria: la de llegar hasta ahí. Cacocum es, en cierta forma, un modo de nombrar lo que el mapa esconde. Queremos indagar en la Cuba que no cabe en el folleto turístico ni en el titular que cierta prensa internacional compra al discurso oficial; queremos lo que corre por debajo, lo que la repetición de una sola historia vuelve invisible. No ofrecemos un mapa cerrado –Cuba es más vasta e inestable que cualquier mapa–; ofrecemos una dirección y una disposición de la mirada: hacia el fondo, hacia el margen, hacia ese afuera que también somos. Llegar a Cacocum es, sobre todo, negarse a mirar para otro lado.
