Chancleta, manotazo y otras doctrinas de la diplomacia castrista

La tarde del 27 de octubre, cuando el embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, llevaba apenas tres minutos en la tribuna de la Asamblea General de la ONU, el canciller Bruno Rodríguez se levantó de su asiento y echó a andar hacia el podio reclamando a gritos, sin micrófono, una cuestión de orden. Con él se puso de pie la delegación entera. Waltz estaba contando en ese momento que el régimen confiscó los negocios, las fincas y las casas de decenas de miles de pequeños propietarios, y que mandó a campos de trabajo forzado a homosexuales y a religiosos. Los golpes en la mesa habían empezado con las confiscaciones; Waltz, por encima del ruido, invitó a la sala a imaginar qué le ocurre a quien hace esas preguntas en La Habana, y no en un recinto lleno de embajadores y de cámaras. Más tarde, con las fotos ya en pantalla, preguntaría cómo, con bloqueo, las empresas de su país habían exportado a Cuba más de 876 millones de dólares en los primeros ocho meses de este año.

El presidente de la sesión había abierto el debate con un ruego: que las cuestiones de orden, si las había, esperaran al final de cada intervención. Rodríguez le contestó que aquello era apenas una sugerencia y que el artículo 71 del reglamento decía otra cosa. Waltz exigió que ese individuo, el enérgico condenador, se apartara del podio. Que no pensaba intimidarlo, dijo, como había hecho con los presos políticos la semana anterior; que retrocediera; que aquello no era su dictadura comunista; que aquello era América. Rodríguez lo trató de mentiroso, en inglés castrista: yuarelayer. El presidente, descolocado por el espectáculo, suspendió la sesión y le pidió que se sentara.

Al reanudarla, le concedió la palabra con una condición explícita: procedimiento, no fondo. Rodríguez tomó el micrófono y, en nombre del artículo 71, dio su versión del procedimiento: solicitó que se llamara al orden al representante permanente de Estados Unidos, “que no solo miente de manera grosera y prepotente, falta a la dignidad de los Estados miembros, ejerce presiones y ofende la dignidad del pueblo y del gobierno de Cuba”. El presidente, una vez más, le rogó que planteara cuestiones de procedimiento, no de fondo, y Waltz siguió adelante con sus fotos: los Rolex en las muñecas de los dirigentes, el cayo con su laguna para delfines, el yate de cincuenta metros, los fajos de billetes del nieto. Hubo dos mociones más: una cuando aparecieron los relojes, por comentarios que la delegación juzgó ofensivos contra el pueblo de Cuba y su gobierno, y otra contra el representante, de nuevo, por mentiroso. En esa última moción, la delegación llegó a agradecerle a Waltz la publicidad que le hacía a los destinos turísticos del país.

En la sala trabajaba también Richard Tur de la Concepción, primer secretario de la misión cubana, encargado de los asuntos de presupuesto e hijo de funcionarios de la cancillería, que tenía esa tarde, según el funcionario estadounidense que lo grabó, una encomienda precisa: presionar a los asistentes de sala para que cortaran el micrófono de Waltz cuando su delegación planteara una cuestión de orden. Ese funcionario, John Freire, portavoz del embajador, lo filmó con su teléfono, y Tur, fiel a los manuales del MINREX, le propinó dos manotazos. En el video que Waltz publicó después, Tur le explica a un guardia de seguridad de la ONU que aquel hombre viola su espacio personal porque lo está grabando, y el guardia, incrédulo, le pregunta cómo se le ocurre ponerle las manos encima, que no se puede ir por el mundo poniéndole las manos encima a la gente, y en qué país cree que vive. Esa misma noche, Waltz anunció por televisión que el secretario de Estado, Marco Rubio, acababa de firmar la orden de expulsión: Tur tenía veinticuatro horas para abandonar el país.

En Visions of Power in Cuba, su libro sobre la primera década de la revolución castrista, Lillian Guerra cuenta cómo se combatían las bolas, esos rumores que corrían de boca en boca en la isla: los ciudadanos debían atenerse a dos sencillas reglas, tildar de falsa toda noticia que no viniera en la prensa del Estado y denunciar ante la policía o ante el comité de defensa de su cuadra a quien hubiera echado a rodar la bola. Así afirmaba el Estado, escribe Guerra, la “verdad mayor de lo hiperreal”: su versión de los hechos y sus modos de pensar, por encima del sentido de realidad que cada individuo adquiría por sí mismo. La tarde del 27 puso en evidencia las dos reglas. La primera la aplicó el canciller, que acusó de mentiroso a quien había ido a mostrar unas fotos que cualquiera encuentra en internet. La segunda se cumplió a dos manos: el primer secretario persiguió al hombre que lo grababa, y su embajador, Ernesto Soberón, lo denunció por escrito ante el secretario general antes de que se supiera de la expulsión. La carta se queja del acoso, la persecución y la invasión del espacio personal que sufrió un diplomático de su misión, filmado sin su consentimiento a menos de un metro de distancia; solicita que intervengan los servicios de seguridad y de asuntos jurídicos de la organización, y que el texto circule como documento oficial bajo el tema 37 de la agenda, que es el del embargo… Puede cambiar el escenario, pero la gramática persiste. Filmar a un funcionario que gestionaba el corte de un micrófono: acoso. Manotear el teléfono ajeno: defensa del espacio personal. Decir lo que pasa: mentir. Impedir que se diga: dignidad. La corrosión de las palabras no es un vicio retórico de este régimen; es su sistema operativo, se administra a diario a los cubanos en la isla y se exporta tal cual.

Nada de eso fue el mal día de un cuerpo diplomático, ni un vicio privado de esta cancillería. Estamos ante un oficio que la delegación cubana practica desde hace décadas, y en compañía conocida. En marzo de 2014, en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, secundó con otros once Estados la cuestión de orden con que China impidió un minuto de silencio por Cao Shunli, una activista muerta bajo custodia; en marzo de 2017, en el mismo Consejo, junto a Pakistán, Arabia Saudita, China y Venezuela, desbarató a puntos de orden la intervención de Hillel Neuer, de la organización UN Watch, quien hablaba de la vergüenza de que ciertos gobiernos tuvieran asiento allí. En octubre de 2018, en la sala del Consejo Económico y Social del mismo edificio de Nueva York, los diplomáticos cubanos golpearon las mesas, algunos con chancletas, y corearon consignas hasta impedir un acto sobre los presos políticos cubanos en el que figuraba entre los oradores el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En 2025, en esta misma Asamblea y frente a este mismo orador, Rodríguez ya había echado mano de la misma regla: “Señor Waltz, esta es la Asamblea General de las Naciones Unidas, no es un grupo de Signal ni es la Cámara de Representantes”. En julio de este año, con el embargo otra vez en debate, golpeaba el auricular de su asiento mientras el estadounidense hablaba. Y ocho días antes del martes, en un pasillo de la sede, diplomáticos cubanos encabezados por el embajador Soberón orquestaron un acto de repudio contra un panel de la misión estadounidense en el que estaban José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara: gritos de terroristas, y el himno nacional a voz en cuello. Vista en serie, la tarde del 27 no tuvo ni siquiera el mérito de la sorpresa. No es improvisación; es un manual. Es la chancleta como doctrina (el instrumento cambia con el foro). El desconcierto del guardia era el mismo que el del presidente de la sesión: un orden pensado para acomodar diplomáticos no sabe qué hacer con esbirros con corbata.

Con todo, no faltaron los nostálgicos que echaron de menos los tiempos de Raúl Roa: con el “canciller de la dignidad” esto no pasaba, suspiró más de uno. La prensa oficial fecha el apodo en San José de Costa Rica, en la reunión de la OEA de agosto de 1960, y Rafael Rojas cuenta en su Historia mínima de la Revolución cubana que de aquella reunión la delegación cubana, encabezada por Roa, se retiró por las denuncias de las delegaciones latinoamericanas sobre la injerencia soviética en la isla. Ese otoño, Fidel Castro pronunció ante la Asamblea uno de los discursos más largos que se han oído en ella y denostó a Estados Unidos como nadie antes lo había hecho; en cada ocasión que se presentó, recuerda Ada Ferrer, la delegación cubana votó contra Estados Unidos y alineada con la Unión Soviética. A la vuelta anunció los Comités de Defensa de la Revolución, la vigilancia de cuadra convertida en institución. La tribuna internacional y la cuadra vigilada nacieron del mismo parto. Lo que la nostalgia llora no es la dignidad perdida: es la época en que todo esto se aplaudía sin disimulo.

La dignidad que el iracundo canciller defendió el 27 era, según su moción, “del pueblo y del gobierno de Cuba”, así, de corrido, y la moción de los relojes dio por ofendidos a la vez al pueblo de Cuba y a su gobierno. En esa boca, Cuba es una palabra en la que se funden un Estado, un gobierno, un partido, una familia y un pueblo entero, y de la que se cae todo lo demás: el exilio, la diáspora, los que disienten, los presos políticos, los marginados, el largo etcétera de lo que no es el régimen. Erik del Búfalo lo ha descrito como el paso del monopolio de la violencia al “monopolio de la representación”: la soberanía convertida en “representación infalible, innegable, indiscutible”, de modo que quien recusa la imagen queda transformado en enemigo interno. Es el truco más viejo del repertorio: ofenderse en nombre del pueblo para que el poder no tenga que responder en nombre propio.

La otra palabra que la delegación carga a todas partes es soberanía, y la administra como la lactancia, a demanda, sin mirar el reloj. Contra el embargo, es el primer argumento. Eso sí, cuando se somete a votación en la Asamblea una resolución por un alto el fuego y una paz duradera en Ucrania, Cuba vota en contra. Que el antimperialismo visto desde el Caribe tiene anteojeras y solo se habla en una lengua… Y hay quien llega a decir sin pestañear que la falta de libertades es el precio que los cubanos pagan por su soberanía. La soberanía es, en efecto, la defensa única (o casi) del régimen en el mundo, la que mejor lo ampara en un orden construido sobre el reconocimiento mutuo de los Estados, donde condenar a un gobierno miembro equivale a declararlo ilegítimo. ¿Cuántos Rolex se habrán pagado con el crédito de esa soberanía?

De ahí el valor que tiene para La Habana la votación de cada octubre, que gana siempre. La resolución se votó por primera vez en 1992, cuando el subsidio soviético había desaparecido y hacía falta explicarle al país por qué, después de décadas de ayuda del campo socialista, no había qué comer (mientras duró el subsidio soviético, el embargo apenas figuraba en los discursos de Fidel Castro; el enemigo exterior era entonces un cemento que se daba por bueno, no una coartada que hubiera que exprimir). Así, desde el período especial, cada votación se exhibe como un certificado de que el mundo está con la revolución, y sirve a la propaganda de dos caras que el régimen ha cultivado siempre: a los amigos de afuera los invita a seguir soñando con la isla heroica; a los de adentro, a seguir aguantando.

La votación fue a la mañana siguiente. La resolución salió con 130 votos a favor, cuando un año antes habían sido 165: el respaldo más bajo en décadas. Los que faltaron no se pasaron, en su mayoría, al lado de Washington: se abstuvieron, o ni siquiera se registraron para votar. La noticia no estaba en quienes votaron con Estados Unidos, sino en quienes dejaron de votar con Cuba, y la causa principal de ese desplome, sin restarle a Washington su influencia, la había puesto La Habana.

El aplauso que queda se sigue cobrando adentro. Para un régimen sin contrapesos internos, el aplauso de afuera no es diplomacia sino insumo. Erin Baggott Carter y Brett Carter han descrito la mecánica en las autocracias de nuestro tiempo: quien no admite contestación en casa necesita que los suyos crean que el reconocimiento internacional es auténtico, y por eso lo busca y lo exhibe entre gobiernos que anteponen la soberanía y la no injerencia a los derechos humanos. La votación anual era esa prueba de autenticidad, y la televisión estatal la sirve cada octubre: este miércoles, con el peor resultado en dos décadas, el noticiario contó una victoria más. ¿Para qué sirven, entonces, estos organismos? ¿Qué puede una sala reglamentada contra quien se burla del reglamento? Esta semana dieron su respuesta: sirven para que quede constancia.

Las constancias de este año son notables. Canadá habló el martes, antes de la votación: dijo que su oposición al embargo es de principio, una vieja objeción a la aplicación extraterritorial de leyes ajenas, y en la misma intervención nombró a los cientos de presos políticos, los derechos restringidos, el debate pacífico limitado, y dictaminó que “Cuba está ahora en una encrucijada”; que prefiere una transición pacífica dirigida por los propios cubanos; que aspira a ver a la isla incorporada a la comunidad de naciones democráticas del hemisferio. La Unión Europea habló por voz de Irlanda, ya con el resultado anunciado: atribuyó la crisis actual, en parte significativa, a las decisiones de las autoridades cubanas; pidió la liberación de todos los presos políticos; lamentó la posición de La Habana ante la invasión de Rusia en Ucrania; avisó de que ni el aislamiento ni la ausencia de reformas ofrecen una vía sostenible, y cerró con una frase de plomo: “el apoyo humanitario por sí solo no resolverá la crisis de Cuba. Las decisiones soberanas importantes ya no admiten aplazamiento”.

La lista de reparos no paró ahí. Australia y Nueva Zelanda advirtieron que su apoyo a la resolución “no debe interpretarse como un aval a las políticas ni a las acciones del gobierno cubano”, y pidieron la liberación de todos los presos políticos. Portugal condenó enérgicamente la represión sistemática y las violaciones de derechos humanos, y dejó escrito que las dificultades del pueblo cubano están “provocadas sobre todo por las políticas de las autoridades cubanas”. Panamá votó, dijo, por solidaridad con el pueblo cubano; reclamó garantías para los ciudadanos panameños que siguen detenidos en la isla; llamó a construir instituciones democráticas, y llegó a “ofrecer su territorio como sede de negociaciones respetuosas entre Estados Unidos y Cuba”.

Son todos gobiernos que votaron a favor de la resolución cubana. Ninguno aplaudió al régimen; varios señalaron como causa de la crisis al gobierno mismo; todos sintieron la necesidad de dejar constancia de que su sí al texto no era un sí al poder. La operación que el régimen practica cada año sobre esta votación (instrumentalizar el rechazo al embargo como respaldo a su proyecto político) quedó esta vez desmontada por sus propios votantes, en la misma sala y con las cámaras encendidas. Lo que dijeron en esa sala Canadá o Portugal es lo que muchos cubanos vienen diciendo hace años sin que nadie nos convoque a una asamblea: que se puede rechazar el embargo, que en más de seis décadas ha encarecido la vida de la gente sin abrir, que se sepa, una sola puerta a la democracia, y oponerse a que ese rechazo se cobre como un aval. En La Habana, mientras tanto, la televisión cuenta la votación como una victoria que demuestra el apoyo del mundo a la causa y al así llamado pueblo cubano.

Esa misma mañana, en La Habana, un agente joven de la Seguridad del Estado vestido de civil, sin orden y sin identificación, le impidió a la periodista Camila Acosta salir de su casa. Ella hizo lo mismo que el funcionario estadounidense en Nueva York: sacó el teléfono y grabó. “¿Estás grabando? No te doy permiso para grabarme. Eso es lo primero”. Lo primero; lo segundo era la orden: “No puedes salir”. Ella quiso saber por qué, y más tarde le reclamó: “¿Y mi derecho a circulación dónde está? Mi derecho a libre circulación en mi país”. No había por allí ningún guardia que le preguntara al agente dónde se creía que vivía. Él ya lo había dicho todo: “No tengo más nada que hablar. Ese es el fin”.