El pasado jueves 21 de abril, durante un interrogatorio, el primer teniente Manuel, oficial operativo de la Seguridad del Estado, me precisó que dijera públicamente que voy a dejar el periodismo. Unas semanas antes me había pedido que redactara a mano esa renuncia, con el papel y bolígrafo que tenía preparado sobre el buró de un cuarto en la estación de Zapata y C [La Habana]; algo a lo que me negué. Eso fue el 8 de marzo de este año, cuando Manuel me interrogó durante dos horas luego de felicitarme por el Día de la Mujer.
El 11 de febrero de 2022, Manuel se presentó por primera vez como “el oficial que me atiende”. Me citó ese día en la estación de Zanja, y me comunicó que desde entonces cada vez que me llamen quien estará ahí será él. Es un joven licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana. Ese día en el interrogatorio, en el que también estuvieron el capitán Ernesto y otro oficial que me presentaron como instructor de Villa Marista, me sancionaron administrativamente con una multa de 3 000 CUP por el Decreto Ley 370, artículo 68, inciso i.
No sé si los nombres con los que se presentan son sus nombres reales. La Seguridad del Estado tiene como práctica usar seudónimos.
En ese interrogatorio Manuel me dijo que hacía falta ejercer más presión sobre mí para que yo entendiera “la magnitud del asunto donde estoy metida”. Tanto Manuel como Ernesto afirmaron varias veces que el valor real de la multa es que sirve como antecedente legal para abrirme un proceso. Manuel me dejó saber también que, si las leyes nos gustan o no, eso es asunto nuestro: son las leyes que están, y ellos las aplicarán.
En julio, septiembre y noviembre de 2020 fui igualmente interrogada por varios oficiales de la Seguridad del Estado. Entre ellos el oficial Rolando, quien ha amenazado también a otros periodistas independientes. Desde entonces, hace casi dos años, las agresiones psicológicas contra mí y mi pareja no han parado.
Con estas amenazas la Seguridad del Estado busca frenar el ejercicio del periodismo, lo que considero ayuda a comprender mejor Cuba, la sociedad que somos y las decisiones que otros, desde el poder, toman por nosotros. Soy otra periodista bajo la amenaza de encausarla por el artículo 143 del anteproyecto del Código Penal, que la Asamblea Nacional del Poder Popular analizará el 14 de mayo próximo, y que es seguro que se apruebe. El artículo 143 contempla la privación de libertad de 4 a 10 años a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. Con ese artículo han amenazado en estos primeros meses del año a otros periodistas y activistas.
No sé cuáles son las intenciones de la Seguridad del Estado con obligarme a hacer público que es mi intención dejar el periodismo, si desprestigiarme ante mis colegas o exponer que ellos tienen el monopolio de la fuerza, algo que ya sabemos que es así. Lo que sí me queda claro es que ellos, con tal de cumplir su objetivo, logran que otra periodista exponga y denuncie las arbitrariedades y agresiones psicológicas, las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos que han ejercido contra mí y mi pareja en los dos últimos años.
Pido a la sociedad civil cubana, los medios de comunicación y sociedad civil internacional que nos resistamos a normalizar la represión que sufren activistas, periodistas y cualquier persona que disienta en Cuba. Cada día alguien es citado, interrogado, detenido, multado, encarcelado, impedido de salir o regresar a su país… No abandonen a las decenas de periodistas fuera y dentro de la isla que intentamos seguir contando esa parte de la historia que nos han negado, a pesar de toda la violencia que sufrimos y sufren nuestras familias. #InformarNoEsDelito
Autora: Cynthia de la Cantera Toranzo
Facebook: @CynthiadelaCanteraToranzo
Twitter: @cantera89
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