Introducción
Han pasado cinco años desde las protestas del 11 de julio de 2021, el acontecimiento de movilización social más importante ocurrido en Cuba desde 1959. Ese día, miles de personas salieron a las calles en decenas de localidades del país para expresar su inconformidad con la situación económica, los apagones, la escasez de alimentos y medicinas, pero también para reclamar libertades y cuestionar abiertamente al gobierno. Aquella jornada estuvo marcada por dos elementos clave: la sorpresa y la masividad y extensión territorial de las manifestaciones. No se trató de una protesta localizada ni una reacción circunscrita a un grupo de activistas, sino de un estallido simultáneo, inesperado y socialmente heterogéneo que alteró la imagen de una sociedad cubana que había estado marcada por la incapacidad de ocupar autónomamente el espacio público.
Desde entonces, buena parte de la discusión sobre el estallido del 11 de julio se ha concentrado en preguntarse si es posible que se produzca nuevamente uno similar. La interrogante es válida, pero quizás no sea la más productiva. Contemplando el fenómeno cinco años después, cuando ya un estallido de malestar social no sorprendería a ningún observador, vale la pena formularnos otras preguntas: ¿qué cambió en la protesta cubana a partir de aquel acontecimiento?, ¿son los cacerolazos, bloqueos de calles, manifestaciones barriales, incendios y concentraciones actuales herederos o secuelas del estallido de 2021?, ¿qué factores estimulan hoy la protesta y cuáles limitan su expansión?
Aunque el aumento de las protestas en Cuba ha sido una constante desde entonces, la respuesta a estas preguntas no debe buscarse en el número de eventos registrados sino en un legado más profundo. El 11J transformó rotundamente la acción contenciosa en la sociedad cubana: por una parte, han cambiado quiénes protestan, cómo protestan, qué se reclama y qué significado adquiere hoy salir a manifestarse; por la otra, ha impactado la relación entre el Estado cubano y su pueblo. En este sentido, el 11J puede entenderse como un evento transformador que redefinió las condiciones de posibilidad de la acción contenciosa en Cuba.
De esta manera, el principal legado del 11J se relaciona con la transformación de las condiciones bajo las cuales la protesta resulta imaginable, practicable y socialmente legítima en la Cuba contemporánea. Más que preguntarnos si habrá otro estallido, conviene examinar qué cambió en la protesta cubana y en la relación entre ciudadanía y Estado después de julio de 2021.
De los activismos al pueblo
Si bien el 11J es el acontecimiento contencioso más importante, visible y espectacular de la historia de Cuba post 1959, antes del 11J existieron diversas acciones de protesta. Específicamente, con el renacimiento de la sociedad civil en los primeros años del Periodo Especial, más allá del Maleconazo (una protesta popular espontánea y masiva) comienzan a producirse eventos de protesta, protagonizados por diversos actores y colectivos de la sociedad civil con demandas específicas. Artistas e intelectuales, feministas, grupos afrodescendientes, defensores de los animales, activistas LGBTIQ+, periodistas independientes y trabajadores por cuenta propia impulsaron iniciativas orientadas a reclamar derechos, reconocimiento, libertad de expresión o cambios en determinadas políticas públicas. Junto a estas acciones también se registraron protestas de “ciudadanos comunes”, vinculadas con problemas de abastecimiento, servicios públicos, vivienda o condiciones de vida. Sin embargo, el patrón dominante era el de escasas protestas, fragmentadas, de baja intensidad y con actores reconocibles.
Los formatos de estos eventos, cartas abiertas, declaraciones públicas, campañas de firmas, peticiones, pronunciamientos colectivos y performances artísticos funcionaban como recursos para hacer visibles demandas en un entorno político altamente restrictivo. Hacia finales de la década de 2010, este repertorio no confrontativo comenzó a cambiar con la irrupción de las marchas animalistas y LGBTIQ+ y otros episodios de ocupación del espacio público, que anticiparon una transformación de los modos de expresión del desacuerdo.
Mención especial merecen el Movimiento San Isidro y el plantón de artistas e intelectuales del 27 de noviembre de 2020. Ambos acontecimientos ocuparon un lugar singular en la vida cultural y pública cubana. Pusieron en primer plano demandas de libertad de expresión, autonomía creativa y reconocimiento de espacios independientes de producción cultural, al tiempo que contribuyeron a ampliar los márgenes de la crítica pública. Más allá de sus reivindicaciones específicas, funcionaron como escenarios de experimentación de nuevos repertorios de acción colectiva y como espacios de encuentro entre artistas, intelectuales, periodistas, activistas y otros sectores de la sociedad civil. También, con su gran visibilidad, ayudaron a erosionar el miedo a la protesta y a modificar las expectativas sobre las posibilidades de la acción pública.
Sin embargo, el 11J no puede entenderse únicamente como un efecto causal simple de San Isidro o del 27N. Mientras estos acontecimientos estuvieron protagonizados por actores vinculados al campo cultural, el estallido de julio de 2021 expresó la irrupción masiva de ciudadanos comunes en el espacio público. Es por ello por lo que prefiero entender el 11J como el punto de convergencia entre la ampliación de los márgenes de la crítica pública impulsada desde diversos sectores de la sociedad civil y la acumulación de malestares y agravios cotidianos que atravesaban a la mayoría de la población. Desde esta perspectiva, el estallido solo fue posible porque conectó con experiencias mucho más extendidas que trascendían el campo artístico, intelectual o activista.
Después de julio de 2021, uno de los cambios más significativos en la protesta es que su principal actor dejó de ser el activista para dar paso al protagonismo del pueblo o el ciudadano común. Desde entonces los que han salido y salen a las calles para expresar su inconformidad han sido mujeres, vecinos, familias, jóvenes, jubilados, trabajadores y habitantes de barrios enteros. La protesta dejó de estar asociada principalmente a actores sectoriales o grupos organizados y comenzó a incorporarse al repertorio de acción de ciudadanos que, hasta entonces, difícilmente se habrían reconocido a sí mismos como participantes en una acción colectiva.
En este sentido, el 11J tuvo un efecto de aprendizaje social. No enseñó a los cubanos que existían problemas: eso ya formaba parte de su vida cotidiana. Lo que mostró fue que esos problemas eran compartidos y que podían expresarse públicamente. La experiencia de ver a miles de personas en las calles, en distintas localidades del país, redujo simbólicamente la soledad del malestar, amplió los umbrales de participación y mostró que la acción colectiva, a pesar de ser riesgosa, no resultaba imposible.
De ahí que otro de los efectos más visibles del 11J es que la protesta se “naturaliza” y pasa a formar parte del repertorio de acciones posibles para amplios sectores de la sociedad. Después del estallido, la acción contenciosa no regresó a sus niveles históricos previos, antes bien las cifras que he registrado[1] muestran un aumento notable de los eventos de protestas, lo que revela como tendencia inequívoca que después del estallido la protesta deja de ser un acontecimiento excepcional.
El ciclo abierto por el 11J muestra, sin embargo, una dinámica irregular. Al nivel muy alto de protesta de 2022 le siguió una caída abrupta en 2023, que puede explicarse por la combinación de represión, agotamiento posterior al estallido y emigración masiva. La salida de población joven y en edad laboral debilitó redes de sociabilidad, afectó vínculos familiares y redujo la disponibilidad de actores potencialmente movilizables. A partir de 2024 se observa una recuperación importante, seguida de un descenso moderado en 2025, que termina explotando en 2026 con la apertura de un ciclo de intensidad sin precedente, todavía fragmentado y carente de organización nacional, pero de enorme significación social.
Hay además algunas novedades en el tipo de eventos que se producen, una de ellas se evidencia en la protesta de junio de 2025 contra el aumento de las tarifas del monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA, que se desarrolló dentro de las universidades y de las estructuras de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), espacios integrados al sistema político. En este caso, aunque se trató de una protesta estudiantil, esta trascendió el reclamo sectorial para formular una demanda de justicia social y acceso a derechos para todo el pueblo, evidenciando que incluso ámbitos institucionalizados pueden convertirse en escenarios de protesta.
Las protestas de 2026 muestran también algunas innovaciones. Aunque cacerolazos, bloqueos de calles, marchas, concentraciones y acciones espontáneas ya formaban parte del repertorio posterior al 11J, el aumento exponencial de su frecuencia, su simultaneidad en distintos barrios y la intensidad del hartazgo que expresan evidencian una tendencia hacia la radicalización. No obstante, una diferencia importante respecto al estallido de 2021 es que, si bien muchas veces ocurren al mismo tiempo en diversos puntos de La Habana o Santiago de Cuba, permanecen desconectadas entre sí. Esa desconexión las distingue del 11J, cuando la simultaneidad produjo una percepción de acontecimiento nacional y una rápida propagación de la protesta como efecto dominó.
De la queja cotidiana a la crítica política
Este aumento sostenido de los eventos de protesta después del 11J sugiere que la situación actual configura un escenario favorable a la acción contenciosa, aunque no necesariamente a la organización sostenida de la protesta.
El presente cubano está marcado por una crisis que no puede reducirse al deterioro económico. El aumento de las presiones externas, combinado con las deficiencias del modelo cubano, ha producido algo más profundo: una precarización de la vida social. Esta noción permite comprender cómo el deterioro económico termina afectando no solo el acceso a bienes y servicios, sino también la seguridad cotidiana, las relaciones sociales, las expectativas de futuro y la relación entre ciudadanía y Estado. No se trata únicamente de una crisis económica, sino de una crisis multidimensional que afecta simultáneamente las condiciones materiales de vida, las relaciones sociales y las formas de legitimidad política.
Las protestas recientes suelen estar asociadas a problemas concretos: apagones prolongados, falta de agua, escasez de alimentos, dificultades en el transporte, acumulación de basura, deterioro de los servicios públicos. Sin embargo, sería un error interpretarlas únicamente como reacciones a carencias materiales. La precarización tiene efectos políticos profundos porque altera la manera en que las personas perciben la legitimidad de las instituciones y la justicia de las respuestas oficiales. Ello produce desafección política, debilitamiento del consenso y pérdida de confianza en dirigentes y funcionarios.
En un contexto de severas restricciones a la organización autónoma, escasos derechos de asociación y formas rígidas de canalización institucional de las demandas, parte de la agencia social se desplaza hacia la protesta. La acumulación de carencias, agravios y frustraciones encuentra vías de expresión, aunque estas no siempre adopten formas organizadas o sostenidas. En este sentido. se evidencia que la precarización no solo produce vulnerabilidad, sino también nuevas formas de agencia, adaptación y contestación.
El legado del 11J como evento transformador adquiere un papel relevante en este punto. No solo la protesta se convierte en una estrategia más visible dentro del repertorio social, sino que ahora se identifica con mayor claridad un responsable. Las personas no se limitan a decir que falta la corriente, el agua o la comida, sino que con frecuencia señalan directamente a las autoridades cubanas como responsables de esa situación, lo que configura la definición de un agravio: no basta con experimentar una carencia; para que esa carencia se convierta en motor de protesta debe ser percibida como injusta y atribuida a alguien.
Por eso una de las características más llamativas de la protesta posterior al 11J es la creciente politización de las demandas. En numerosas manifestaciones, los reclamos por electricidad, comida o agua aparecen acompañados por consignas como “Libertad”, “Patria y Vida”, “Abajo la dictadura”, “Abajo Díaz-Canel”, “Abajo el comunismo” o “No tenemos miedo”. En otros casos, la demanda política ocupa incluso el centro de la acción. No se protesta solo por servicios; se protesta contra quienes son identificados como responsables de la crisis.
Este aspecto resulta especialmente significativo si se contrasta con la narrativa oficial. A pesar de que el discurso gubernamental insiste en atribuir la crisis al bloqueo estadounidense, no se ha producido una sola protesta donde los manifestantes reclamen el levantamiento del bloqueo o dirijan sus demandas contra el gobierno de Estados Unidos. Por el contrario, los reclamos se orientan de manera abrumadora hacia las autoridades nacionales. Más allá de las distintas interpretaciones sobre las causas estructurales de la crisis, la protesta revela a quién perciben los ciudadanos como responsable de sus problemas cotidianos.
La espacialidad de algunas de las protestas recientes, donde los manifestantes se dirigen hacia las sedes del partido o los gobiernos locales revelan esto de un modo sobresaliente. Durante la manifestación de marzo pasado en Morón, Ciego de Ávila, uno de los episodios más violentos hasta ahora, los manifestantes llevaron la protesta a la sede del Partido Comunista. Algo similar se ha replicado en La Habana, por ejemplo, en Regla, Guanabo, La Lisa y San Miguel del Padrón, así como en localidades del interior. En San Agustín, La Lisa, se reportó incluso el apedreamiento de una estación de policía. La proliferación de fogatas, barricadas, quemas de basura e incendios –como en el caso de la protesta de Contramaestre donde se incendió un museo– expresa no solo un aumento de la confrontación, sino también de la desesperación y el hartazgo acumulados.
Estas acciones no deben leerse como violencia organizada ni como estrategia coordinada; más bien manifiestan la erosión de mediaciones institucionales y la percepción de que no existen canales eficaces para procesar demandas. La protesta se dirige cada vez más hacia los símbolos del poder local y partidista porque allí se localiza, en la experiencia de los manifestantes, la responsabilidad por la ausencia de respuestas.
¿Puede repetirse otro estallido?
Las condiciones que favorecieron las protestas de 2021 no han desaparecido. La crisis económica va en aumento, los servicios públicos continúan deteriorándose y las dificultades cotidianas siguen formando parte de la experiencia de amplios sectores de la población. Sin embargo, la posibilidad de un nuevo estallido depende de la compleja interacción entre factores movilizadores y desmovilizadores.
Entre los factores movilizadores se encuentran el malestar subjetivo y las emociones negativas –indignación, ira, hartazgo– que provoca la precarización de la vida cotidiana. También resulta central la construcción de agravios: ese sentimiento de injusticia que supone atribuir responsabilidad a los gobernantes. A ello se suman la desconfianza hacia instituciones, dirigentes y funcionarios; la existencia de formas previas de infrapolítica y resistencia cotidiana; y las redes sociales informales con potencial movilizador. El acceso a internet y el uso de teléfonos inteligentes facilitan la circulación de información, la documentación de los eventos, la denuncia pública y cierta coordinación durante las protestas.
Estos elementos, sin embargo, conviven con poderosos factores desmovilizadores: el control estatal y el marco normativo restrictivo obstaculizan o prohíben la creación y funcionamiento de organizaciones autónomas con capacidad para convocar, coordinar y sostener protestas; la represión preventiva contra individuos o grupos que convocan; la intervención policial durante los eventos; y posteriormente, a través de identificación y detención de los manifestantes, juicios, sanciones y penas de prisión también desmotivan la protesta. La represión ejemplarizante induce miedo y dificulta la repetición del acto contencioso.
Paradójicamente, algunos factores movilizadores tienen también una dimensión desmovilizadora. La precarización extrema consume la energía de las personas en la supervivencia cotidiana. La crisis demográfica y de cuidados obliga a muchas familias a concentrarse en la atención de menores, ancianos y personas dependientes. La emigración masiva debilita redes de sociabilidad, vacía comunidades de población joven y desplaza proyectos de vida hacia la salida del país. La descomposición del tejido social afecta la solidaridad, conspira contra la construcción de identidades colectivas fuertes y debilita la capacidad de organización.
A estos factores se suma la amenaza de intervención externa, o su evocación permanente, que aviva sentimientos nacionalistas y proporciona al gobierno un recurso discursivo para justificar la resistencia, reforzar el cierre político y presentar la protesta como funcional a enemigos externos. En un país con una larga historia de conflicto con Estados Unidos, esa dimensión no puede ser ignorada. Opera como factor de cohesión para ciertos sectores y como elemento que complejiza la expresión pública del descontento.
Por ello, pese al incremento de la protesta, el Estado ha logrado hasta ahora contener el conflicto sin que este se traduzca en una crisis de gobernabilidad. Para evitar interpretaciones simplistas o teleológicas, conviene señalar que la profundización de la crisis no conduce automáticamente a procesos sostenidos de movilización ni a escenarios inevitables de transición política. El caso cubano muestra más bien una combinación compleja entre deterioro social, protesta y persistencia de capacidades estatales de control y contención.
En el momento actual está teniendo lugar lo que podría llamarse una gobernanza excluyente: una gestión de la crisis caracterizada por la escasa inclusión de actores sociales autónomos y por limitadas capacidades institucionales de mediación. Por ello, más que una simple crisis económica, lo que vemos es una transformación profunda de las relaciones entre Estado y sociedad. La combinación entre precarización social, erosión de derechos, debilitamiento del consenso y cierre político genera tensiones crecientes de gobernabilidad. Pero esas tensiones pueden dar lugar no solo a cambios políticos, sino también a equilibrios inestables donde coexisten deterioro social, resiliencia cotidiana, control estatal y formas fragmentarias de disenso.
El 11J: el legado
Es así como el efecto más duradero del 11J fue la redefinición de los límites de lo posible; la modificación de las condiciones bajo las cuales la acción colectiva resulta imaginable. Después del estallido, la protesta dejó de ser una práctica reservada a pequeños grupos de activistas para incorporarse al repertorio de acción de los ciudadanos comunes. La calle dejó de ser únicamente un espacio administrado por el Estado y pasó a ser, aunque de manera precaria y disputada, un lugar donde se expresan demandas, agravios y se exigen responsabilidades.
Más que preguntarnos si habrá otro 11J, quizás convenga preguntarnos qué significa vivir en una sociedad que ya atravesó el 11J. Una sociedad más precarizada, más crítica y más conflictiva, pero también una sociedad en la que la protesta ha adquirido una legitimidad social y una centralidad que no tenía antes de 2021. Esta transformación no garantiza organización sostenida, ni apertura política, ni transición democrática. Pero sí indica que algo cambió en la experiencia social del desacuerdo. Ese cambio puede parecer intangible, pero probablemente constituya una de las transformaciones sociales más importantes ocurridas en Cuba después de 1959.
Notas:
[1] En 2021 se registraron 102 eventos de protesta; en 2022, 177; en 2023, 40; en 2024, 121; en 2025, 82; y en 2026, hasta el momento, se contabilizan alrededor de 380. Se trata de registros que, como toda base de eventos de protesta, deben leerse como un subregistro, pues no todas las acciones se documentan o circulan públicamente.
