De la serie ‘New York City Covid-19’, Juan Caballero, 2020

Es inverosímil, pero auténtico y verdadero, como las buenas novelas que se disparan en la cabeza: Estados Unidos ingresó esta semana a la categoría de los Estados fallidos, con sus ciudadanos temerosos del futuro, desconfiados de las instituciones que se supone deberían protegerlos, y mayoritariamente convencidos de que el resultado de la próxima elección degenerará en una dictadura autocrática si gana Donald Trump, o en una guerra civil si gana Joe Biden. Es decir, ya no creen que ni su voto ni el acto de sufragar vaya a ser respetado.

Si fuese otra novela distópica de Philip K. Dick, vaya y pase. El problema es que la ficción se queda corta ante el tamaño de la caída en la confianza de la democracia. Es la dramática paradoja de un país que se decía excepcional, y en virtud de esa condición se pensaba moralmente acreditado para intervenir en las elecciones de los demás países, enviar marines al patio trasero, imponer soluciones de guerra en territorios lejanos, y dar lecciones de comportamiento cívico allí donde reinara el cesarismo y la manu militari. Ahora es Estados Unidos quien necesita observadores externos que vengan a certificar si hay fraude o no en la votación, si el presidente puede o no desconocer el resultado de las urnas a la manera de un monarca, si se violan de forma sistemática los derechos humanos o es sólo una mala práctica policial, si los órganos de justicia son o no independientes de los designios de un ejecutivo corrupto, y, en fin, si existe todavía la democracia o es ya una dictadura la que se impone como solución a la crisis de credibilidad que estalla por todos lados.

Para un chileno, para un boliviano, la situación puede ser leída como una lección de humildad: mientras Bolivia y Chile acaban de votar por mayor democracia y se alejan del espectro del Golpe de Estado Permanente (esa pesadilla que Estados Unidos alentó mañosamente a lo largo de todo el siglo XX con la complicidad de los grupos de poder locales), hoy los norteamericanos aprietan el estómago y prueban el sabor de su propia medicina. En Chile y Bolivia más de alguno debe sobarse las manos con la vuelta de la tortilla, pero no es para alegrarse: darle al curandero de su propio veneno no nos quita ningún dolor. Por lo demás, nadie está seguro de cómo es que se llegó a esta situación imposible, pero así están las cosas. Los piratas cibernéticos de Putin invaden y erosionan los sistemas de seguridad informática, grupos de milicias supremacistas planean el secuestro de la gobernadora demócrata en Michigan, las autoridades migratorias separan a los padres de sus hijos y los ponen en cajas de regreso a la frontera, la crisis económica llena las calles de desempleados y gentes sin hogar, la quiebra de los servicios públicos de salud y educación se vuelve abismal en los estados demócratas a los cuales el gobierno federal niega asistencia económica, mientras la policía sigue poniendo la rodilla sobre el cuello de las libertades civiles hasta que estas dejen de respirar. Todo lo anterior sucede como alimento nutriente de la campaña electoral, mientras la cifra de víctimas por el coronavirus alcanza cifras alucinantes: 230 mil muertos a la fecha, con nueve millones de infectados.

A la par de este dato, una perla estadística: entre los 150 millones de votantes que en número récord se espera que acudan a emitir su voto por distintas vías (por anticipado o early vote antes del martes 3, en persona el mismo martes 3, o por correo hasta ese mismo día o los días inmediatamente posteriores), hay un 10 % que ya compró su rifle, pistola magnum, o ametralladora AR-15 para enfrentar el período electoral. Esto según las cifras oficiales de la empresa The Trace que hace el rastreo de este comercio furioso a nivel nacional, y que alertó al FBI sobre la venta de más de 15 millones de distintos tipos de armas adquiridas entre marzo y septiembre de este año, lo que significa un aumento de 91 % en las ventas con respecto de 2019.

“Law and Order” es el slogan de Trump. “The soul of the Nation” es el de Biden. Siendo así, la gerontocracia política de la democracia norteamericana que domina hoy las elecciones no parece estar dispuesta a mirarse al espejo y reconocer su pecado de origen. Primero fue el aniquilamiento de los pueblos nativos. Luego la esclavitud con su secuela de racismo endémico que le sigue hasta el día de hoy como el mismo virus que está destruyendo al país. Ambos pecados están grabados a fuego tanto en la ley como en el alma de la nación.

Necesitamos no sólo nuevos rostros sino un nuevo proceso político, ha dicho con certeza Jessica Byrd, miembro del movimiento Black Lives Matter y una de las fundadoras del Proyecto de Justicia Electoral, dedicado a promover la participación de la población negra en las instancias de poder local y estadual. No queremos elegir líderes que nos representen ante el poder y sean ellos mismo sujetos de poder, ha dicho, sino personas que sean voceras de sus comunidades y que en ese proceso desarrollen un compromiso auténtico con el cambio que toda la sociedad está demandando. Reivindicando el carácter transversal de Black Lives Matter como paraguas de más de 150 organizaciones y grupos sin un líder personalizado ni rostro mediático, Byrd cree en la acción política tal como la pensaba Hannah Arendt: una inyección de sentido a la condición humana, demasiado relevante para que quede en manos de políticos profesionales. Su llamado –y el del Proyecto de Justicia Electoral– no busca conseguir votos para candidatos negros, sino implementar un proceso cívico como las multitudinarias movilizaciones que remecieron al país tras el asesinato de George Floyd. Lo dijo Paul Auster en la entrevista al diario El País: la falla geológica del racismo ha quedado al descubierto y, mientras no sea confrontada, “el país no se podrá curar”.

Hay indicios de que esto pueda ser posible. Al cierre de la campaña, más de 60 millones de votantes habían acudido a las urnas para el llamado voto temprano, la mitad de ellos en los estados considerados clave para dar vuelta el resultado de 2016. No se trata de una fiesta de la democracia, como gustan decir los medios, sino de una urgencia ante el peligro de verla perecer. Ya el golpe constitucional comenzó a tomar cuerpo con la advertencia de Trump respecto a que no reconocería los resultados según qué deficiencias evidenciara el proceso. Piel sensible y rosada, al jefe de Estado no le gustan las huellas de hispanos y negros en las papeletas de votación. A esta amenaza proferida en múltiples ocasiones siguió un primer atentado en forma, cuando Trump enterró el primer debate presidencial, y que en rigor fue el último por lo destructivo de la performance.

Considerados una institución inherente al proceso democrático desde que se instituyó el primero de ellos en 1788, los debates presidenciales en Estados Unidos son el protocolo de entrada a la votación propiamente tal. Su destrucción mediante una conducta gansteril propia de un matón de barrio era un paso necesario en la campaña de Trump para desprestigiar cualquier señal de derrota. Una vez alcanzado el objetivo, se podrían haber realizado cuarenta debates más y ninguno habría tenido la menor importancia, tal como quedó evidenciado enseguida.

Luego vino la desgracia: la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg falleció una noche y al día siguiente Trump corrió a nombrar a su sucesora, una especie de monja de ultraderecha que asegurara una Corte Suprema favorable a los propósitos de reelección. Infectado por el coronavirus días después, Trump fue llevado a un hospital militar, donde usufructuó de la salud pública que quiere eliminar, y salió radiante días después a saludar desde el balcón presidencial.

Para entonces ya todo era agotamiento, cansancio, impunidad. No sólo de la campaña electoral sino del país entero, como si en Trump se escribiera la novela delirante de un idiota donde cabemos todos, hasta estallar y transformarse en una realidad incontrovertible. Hoy ya está claro que tanto él como los republicanos están dispuestos a robarse la elección así pierdan la cara. Las fallas del proceso por otra parte son tantas y tan evidentes en el estado de calamidad pública en que se encuentra el país, con sus sistemas informáticos amenazados y el servicio de correos pagando inserciones a toda página para asegurar de rodillas ante una población desconcertada que cumplirá con su deber patriótico el día de las elecciones, que no hace falta ser adivino para saber que vivimos un crack-up, un colapso general. Todo está roto, o parece estarlo, comentó en una crónica la laureada poeta nativa Joy Harjo, de la nación Creek, en Oklahoma. Quizá sea el momento, agregó, de que se abran las heridas, y todos podamos verlas en uno mismo y en los otros.

Quién sabe. La nación Creek tiene experiencia en esas prácticas. No es el caso de la política norteamericana. Los republicanos se han rendido al negacionismo de Trump y ya sólo se focalizan en conservar el poder. La democracia dejó de interesarles. Los demócratas, por su parte, con el favor de Obama que operó políticamente en beneficio de Biden y en contra de la simple realidad de un candidato octogenario para enfrentar la mayor crisis democrática del país desde la Guerra de Secesión, tienen todas las de ganar, pero ninguna las de defender con efectividad lo ganado. Creen sinceramente en la sinceridad de los jueces que suprimen el voto a distancia, en los buenos modales de los estafadores, en el patriotismo de sus rivales supremacistas, en la excepción de un Destino Manifiesto y las bondades del American Pie, esa torta de manzanas que cada día se parece más al ácido pastel de Caperucita yendo a visitar al lobo.

Mis amigos en Chile escriben diciendo que ellos también deberían poder votar; que todos los latinoamericanos, bolivianos y argentinos y mexicanos deberían poder votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En principio estoy muy de acuerdo, pero por el bien de ellos mismos trato de disuadirlos. A no ser que estén dispuestos a ir a votar hoy y vayan mañana a comprar las pistolas.

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