Cuba: del capitalismo de Estado al neoliberalismo “comunista”

El ascenso de la Revolución cubana influyó de modo notable en el mapa geopolítico de un escenario mundial dividido por la Guerra Fría, protagonizado entre 1945-1991 por los Estados Unidos y la URSS, quienes desplegaron a nivel internacional relaciones desiguales con las naciones aliadas en sus respectivos espacios de influencia. La proyección externa de este proceso de cambio estuvo condicionada por la hostilidad norteamericana y el predominio de la influencia “comunista” en las esferas del Gobierno, planteándose como principales enemigos al subdesarrollo capitalista y los grupos armados del interior, quienes contrarios al proyecto de transformación social, inclinaron sus intereses a los designios de la burguesía local y extranjera.

Ese complejo maremágnum de circunstancias motivó la alineación de la dirigencia caribeña a los soviéticos, así como al fortalecimiento de los vínculos económicos, diplomáticos y culturales entre la isla y el Bloque del Este. Las medidas impulsadas resultaban tendientes a la centralización del poder político y la nacionalización paulatina en todos los ámbitos de la sociedad, hasta terminar en manos del Estado casi el total de las propiedades existentes en 1968, con la implementación de la Ofensiva Revolucionaria, de la que resultaron eximidos pequeños productores campesinos y un sector minoritario de transportistas urbanos.[1]

Los manuales filosóficos soviéticos y los economistas políticos de la ortodoxia partidista, guiados de forma escolástica por los preceptos de El Manifiesto Comunista (1848), entendían la estatización como el camino que conduciría de forma acelerada a la instauración de un modelo alternativo al capitalismo. Sin embargo, desde la Revolución rusa de 1917, quedó demostrado que dicho sendero fetichizaba el aparato del Estado como falso representante del poder popular. Asimismo, impedía la socialización real de las riquezas y la autogestión obrera en las formas productivas, suplantada por el principio leninista de partido único, que denostaba las diversas formas de expresión asociativas en el ejercicio de la crítica intelectual, el pluralismo político y los derechos civiles.

Desde el propio campo de la izquierda anti/poscapitalista, no fueron pocos los intelectuales, filósofos o economistas que, apegados a los fundamentos del marxismo, realizaron notables críticas al autoritarismo estalinista que se hizo hegemónico con los modelos sovietizados del siglo XX. Dentro de esta tradición heterogénea se podrían incluir las obras, entre otros, de Rosa Luxemburgo, Lev Trotski, Erich Fromm, Herbert Marcuse, el Che Guevara, Aimé Césaire o Tony Cliff.

Acorde a tales preceptos, varias/os de ellas/os asumían la tesis del “capitalismo de Estado” para describir el sistema de relaciones sociales de producción existentes en esos modelos, encabezados por oligarquías partidistas alejadas del socialismo: entendido este como el régimen de poder obrero, en el que se establecen las bases para la emancipación de la clase trabajadora y otros grupos históricamente excluidos por la maquinaria del capital. Dicho proyecto, resulta viable a través de la planificación descentralizada “desde abajo”, de forma tal que se materialicen los criterios de igualdad ante el trabajo y la producción consciente para la distribución socializada de las riquezas.

En tal sentido, durante el siglo XX los denominados modelos del “socialismo real o histórico” se alejaron de los principios de la democracia directa, debido a las intermediaciones burocráticas de la clase dominante, imbuidas por postulados desarrollistas en sus esquemas de crecimiento industriales, convirtiéndose el Estado en el principal empleador de asalariados y, por ende, en el máximo extractor de plusvalía.

Las recetas del neoliberalismo en su “larga duración”

El neoliberalismo como corriente de pensamiento ideopolítica, autodenominada como “libertaria” e influida por la producción académica de las Escuelas austríaca y de Chicago, surge como reacción a los movimientos contraculturales y antisistémicos que tuvieron lugar en el mundo hacia mediados del siglo XX. Entre las figuras más descollantes de este corpus resaltan los casos de Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek y Milton Friedman, cuyo trabajo se articula sobre una mentalidad contraria a los ideales comunitario-colectivistas de sociedad. En el sustrato de sus criterios se encontraba el retorno a los principios tradicionales del liberalismo clásico, para contrarrestar la influencia del comunismo estatista. Más allá de que este retorno resultase improbable de acometer, debido a los elevados niveles de concentración de las riquezas y propiedades por parte de los tecnócratas del orbe, cuyo poderío se expresaba en la creciente fortuna a cargo de sus corporaciones empresariales, respaldada por los sectores políticos del hemisferio occidental, grupos industrialistas y agentes financieros del globalismo transnacional.

La alternativa propuesta por los referentes mundiales del pensamiento posmoderno en materia económica –encumbrados así por las investiduras de las academias proliberales– radicaba en la implementación de políticas contrarias a los planteamientos del keynesianismo de gasto compensatorio tras la II Guerra Mundial (1939-1945), para aliviar los efectos de la pobreza, la inflación y el desempleo, mediante la reanimación de la economía a través del incentivo estatal. Por el contrario, los teóricos libertarios o neoliberales esgrimían que la rentabilidad era el camino adecuado para la prosperidad general mediante la implementación de recortes, a través de la máxima privatización posible, dada la supuesta carga fiscal que implican los gastos del “Estado burocrático y su masa ineficiente de trabajadores”.

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Desde esta postura, se potencian al máximo los ideales smithianos del homo economicus con el fin de obtener elevados márgenes de ganancia, así como la monetización de numerosas actividades y sectores tradicionalmente no mercantilizados en las formas de reproducción del valor, forzados por una perspectiva antropocéntrica de consumo. Los principios axiomáticos detrás de esos códigos no contemplan el carácter finito de los recursos naturales del planeta, ni los daños ecológicos generados por las dinámicas productivas, industriales y mineras de hipercapitalización, cuyos efectos climáticos adversos resultan generalmente negados por la élite económica que rige las pautas comerciales del esquema mundializado del capital, a pesar de los estudios científicos que alertan sobre las posibilidades inminentes de una catástrofe civilizatoria.[2]

En América Latina, el neoliberalismo se impuso mediante la violencia genocida de las dictaduras militares más sangrientas en la historia del subcontinente. Las consecuencias sociales del experimento recayeron en los sectores precarizados por el orden sistémico; al igual que en el resto de las regiones donde se adoptó como fórmula para beneficio de los grandes empresarios, inversores extranjeros y corporaciones trasnacionales. Dicha praxis se sostuvo mediante la desregulación de áreas sensibles en materia de seguridad social e interés público, así como la privatización de recursos naturales estratégicos; cuyos rubros nacionalizados actuaban como diques de contención ante el extractivismo rapaz de las potencias neocoloniales, amparadas legalmente en su actuar de explotación obrera y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sobre todo contra aquellas poblaciones consideradas “minorías” desde el referente moderno-eurocentrado de sociedad.

En consecuencia, a la implementación de ese paradigma, no se hizo esperar la rebeldía de las clases trabajadoras y sectores populares que padecían los efectos de un régimen que prioriza las ganancias de la élite ante el bienestar de la ciudadanía; al tiempo que es capaz de desplazar territorialmente a las comunidades étnicas, rurales y racializadas, si el emplazamiento geográfico de su residencia atenta contra la expansión del esquema patronal de negocios. Todo ello resulta posible, mediante el amparo de los aparatos policiales, militares y jurídicos, puestos a disposición de tales fines, para el sostenimiento de marcados intereses de clase en coalición con la dirigencia gobernante.

El desmantelamiento paulatino del modelo estatista/asistencial cubano

La crisis del llamado Período Especial en Cuba, debido a la caída de los países que integraban el denominado “campo socialista europeo” y su tránsito al “capitalismo real”, demostró la insostenibilidad del régimen ampliado estatista como poseedor mayoritario en las formas de propiedad y gestión empresarial existentes en el país, dada su irracionalidad económica, convertida también en mecanismo de control totalitario. Desde ese momento, se iniciaron un conjunto de reformas que atentaban contra el modelo hasta entonces promovido por la clase partidista y se implementaron un conjunto de concesiones al capital privado, la apertura a la inversión extranjera y la despenalización circulatoria del dólar estadounidense, impulsadas por la búsqueda de eficiencia económica mediante el fomento de la compulsión financiera.

Tales cambios dieron paso al surgimiento de inequidades supuestamente abolidas por el proceso revolucionario; al tiempo que se experimentó un incremento en la reestratificación social, el consumo de drogas, el resurgir del racismo, la prostitución sexual y el aumento de la desigualdad. La sociedad contempló la aparición de nuevos márgenes de pobreza, agudizados por el déficit en la producción de alimentos, medicinas, bienes de consumo y deterioro de su infraestructura; a cuya gravedad contribuyó el cierre de programas sociales, dada la falta de liquidez, lo que arrojó a millones de personas a una vida sumida en la precariedad, expresado en una caída del PIB equivalente al 36% entre 1990-1993.

Desde esa etapa, es posible identificar un proceso creciente de concentración bajo un esquema de funcionamiento discrecional y autónomo en la gestión operativa de las empresas militares, cuyo accionar antecede a la crisis del llamado Período Especial. La insostenibilidad en el tiempo de ocultar tales prácticas detonó el escándalo de corrupción y narcotráfico develado en las causas 1-2 de 1989, que involucró a un sector importante del ejército en su alta jefatura, conocido como Departamento MC (Moneda Convertible), autorizado en numerosas de sus transacciones a ejecutar actividades comerciales por las máximas instancias del país, bajo el argumento de burlar las sanciones estadounidenses.

La mayor parte de las empresas integrantes de ese conglomerado se fundaron bajo una forma jurídica estatal, aunque su funcionamiento caudillista reproduce las lógicas privadas; cuyas distinciones en el trato a la clase trabajadora tampoco se alejan de las realidades históricas predominantes en el capitalismo moderno, en cuanto a la negación de garantías y derechos. A su vez, prevalece el hermetismo mediante el blindaje legal para esquivar cualquier interferencia requisitoria o fiscalización pública de organismos que forman parte de la administración central del Estado, como es el caso de la Asamblea Nacional del Poder Popular o la Contraloría General de la República.

Con la finalización del mandato presidencial de Fidel Castro Ruz por razones de salud y el ascenso a las máximas instancias del Gobierno de su hermano, el General de Ejército Raúl Castro Ruz (2006-2008 interino; 2008-2018), se inicia una nueva etapa de apertura enfocada en el mejoramiento del escenario económico mediante la concesión de autonomía empresarial, el reimpulso a la inversión extranjera, la promoción de facilidades de importación mediante flexibilidades aduaneras, el cese de las prohibiciones para cubanas/os de hospedarse en hoteles y rentar autos, así como la concesión de nuevas tierras para el cultivo por los campesinos (en usufructo), cuyas normativas adquieren su punto álgido con la aprobación de los lineamientos del Partido Comunista de Cuba en 2011, que le proporcionaron sustento conceptual a las transformaciones políticas implementadas.

La llegada al poder en 2018 de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, promovida por la voluntad expresa de Raúl Castro, estuvo marcada por la necesidad de fomentar nuevos consensos proyectados en la Constitución de la República de 2019. El esbozo jurídico aprovechaba el capital político negociado mediante el deshielo diplomático con los Estados Unidos, para generar un clima favorable al emprendimiento, amparado en el reconocimiento a la propiedad privada.

Sin embargo, las políticas de hostilidad desplegadas por el presidente estadounidense Donald J. Trump, así como los estragos de la pandemia de Covid-19 y la mala gestión de la administración caribeña, quienes decidieron implementar el conjunto de reformas asociadas a la denominada Tarea Ordenamiento en los inicios del 2021, tuvo resultados devastadores en la capacidad de compra del peso cubano, lo que produjo una ascendente dolarización, fomentada de manera oficial –a pesar de su incapacidad para reducir la escasez de productos y las serias afectaciones en las esferas productivas– con la apertura recaudatoria de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) desde el año 2020.

La política de ordenamiento, lejos de corregir las distorsiones en la contabilidad que significaba la dualidad monetaria y multiplicidad cambiaria, contribuyó a diversificar la oferta de monedas extranjeras en el mercado informal de divisas ante la creciente devaluación, lo cual situaba en condiciones de desventaja a las empresas estatales, imposibilitadas de competir en igualdad de condiciones frente al resto de los actores económicos, dada las diferencias regentes en la tasa de cambio.

En medio de ese contexto, caracterizado por un aumento excesivo de dinero circulante que significó la elevación de los salarios en un 500% sin respaldo productivo, los precios en el mercado informal se multiplicaron por encima de lo previsto, lo que deterioró aún más la capacidad adquisitiva de la moneda nacional, en medio de un escenario de desestímulo económico, ausencia de créditos bancarios para el fomento agrícola y el predominio de una permanente crisis alimentaria.

Desde entonces, la gravedad en materia laboral resultó aún más crítica, pues según las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en la Encuesta Nacional de Ocupación publicada en 2022, se indica que solo el 50,89% de las personas mayores de 15 años, posee un puesto de trabajo entre la población económicamente activa (PEA). Semejante realidad se debe al predominio de salarios incapaces de satisfacer las necesidades básicas, sin obviar la existencia de pésimas condiciones de trabajo.

El escenario de crisis estructural resulta ilustrativo, acorde a datos del Observatorio Cubano de Monedas y Finanzas (OMFI), cuyos expertos estiman que entre 2019-2022 el nivel de precios para los consumidores se disparó entre 11,6 y 19,1 veces, lo que duplica el récord alcanzado en los años noventa. Además, sus cálculos aseguran el predominio de un contexto inflacionario por encima del 200%, a pesar de que las instancias estatales manejan datos referenciales en el entorno de los dos dígitos.

Las propias autoridades políticas de la Isla reconocieron el fracaso de su planificada agenda luego de implementada la llamada Tarea Ordenamiento, cuyos resultados negativos se hicieron sentir de manera abrupta ante el creciente aumento de los precios, el deterioro de los salarios y jubilaciones, la degradación de la confianza en la clase política, así como la crisis que significa la emigración a Estados Unidos de 460 000 cubanas/os entre 2021-2023, según el análisis de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). En cambio, unos 36 000 solicitaron asilo en México entre 2022-2023, mientras que otra relevante proporción decidió asentarse en Rusia, España, Alemania, Uruguay, Brasil, Chile y otros países.

La crisis general que persiste en la sociedad cubana acentúa fenómenos sociales como la mendicidad, la pobreza y la violencia criminal, coincidente con una caída en la capacidad de respuesta de las autoridades, debido al deterioro sistémico de sus instituciones. El aumento de la inconformidad propició numerosos focos de protestas sociales sin precedentes, que alcanzaron su punto álgido entre el 11 y 12 de julio de 2021 –las manifestaciones más extensas de la Cuba posrevolucionaria–, a pesar de que obtuvieron como respuesta elevados niveles de represión policial, criminalización política y judicialización estatal, similar a las estrategias adoptadas por los gobernantes de derecha en otros países de la región.

Es relevante que las estadísticas estatales en 1986 situaban a Cuba en la vanguardia internacional en materia equitativa con un coeficiente Gini de 0,222. Sin embargo, ya para 1999 dicho indicador había arribado a la cifra de 0,407, en tanto otras investigaciones apuntan que, para la tercera década del siglo XXI y ante la ausencia de referencias oficiales, tales datos deben ser aún mayores, debido a las medidas tecnocráticas implementadas.

El carácter raigal de la presente crisis tiene un impacto directo en el nivel de vida de la población, documentado en cifras por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que en su informe anual del 2023, asegura que el 88% de los cubanos vive en condiciones de pobreza, superior en un 13% al año anterior, para cuya muestra fueron encuestadas más de 1 300 personas en 75 municipios del país. La referencia de medición se evaluó a partir de los ingresos totales de un núcleo familiar equivalente a 1,90 dólares diarios. De igual modo, el estudio resalta que las principales preocupaciones de las/os cubanas/os se deban a la crisis alimentaria (70%), los salarios (50%), la inflación (34%) y la sanidad pública (22%). Además, el informe indica que cerca del 80% de las/os cubanas/os considera que la inversión pública en educación, vivienda, agricultura, salud pública y hospitales es insuficiente.

Las estrategias gubernamentales de privatización oligárquica

El parlamento cubano aprobó para 2024 un déficit fiscal de 18,5% del PIB: el segundo más grande del mundo, solo superado por Ucrania, país que se encuentra sumido en una conflagración bélica con Rusia y afronta severas restricciones debido a la situación de caos social tras el conflicto. El implemento de tan elevado déficit ratifica que en la Isla persistirá la tendencia inflacionaria, siendo este un hecho que traerá aparejado una mayor pérdida del poder adquisitivo de la moneda local, que para enero de 2024 se cotizaba a 300 pesos cubanos frente al dólar, lo que situaba al salario medio de 3 838 pesos equivalente a 12 dólares entre los más bajos del subcontinente; mientras el salario mínimo de 2 100 pesos, apenas equivale a 7 dólares, con una tendencia mayor a la depreciación.

Como si todo ello fuera poco, el Gobierno anunció la entrada en vigor de un paquetazo con el objetivo de materializar la eliminación de subsidios en sectores como el gas, la electricidad y la gasolina. Las políticas de ajuste implican un aumento en el entorno del 450% para los combustibles, además del alza en la transportación interprovincial al 400%, el ferrocarril en 600% y los boletos para vuelos internos hasta un 468%. Tales medidas se aplican en medio de un persistente escenario de crisis energética, marcado por largas filas en las gasolineras y reiterados cortes de electricidad, reportados en algunas provincias del territorio por encima de las 15 horas de afectaciones en el servicio.

El impacto social de la crisis en los últimos años motivó el surgimiento de prácticas lucrativas en ámbitos ajenos a la influencia mercantil, como resultan los sectores de salud y educación; parcialmente dominados por expresiones de semiprivatización y mecanismos especulativos, que ceden ante las nuevas dinámicas sociales, alejadas de la ética pública existente entre sus profesionales en otras décadas, ahora seriamente laceradas como resultado de la escasez general. Por ende, negar el proceso extensivo privatizador constituye una quimera a contracorriente de la realidad, cuya reflexión crítica no ocupa la seriedad meritoria en los circuitos intelectuales cubanos asumidos como marxistas; a pesar de la dimensión política que implican las reiteradas concesiones al proceso de acumulación del capital, en una nación autoproclamada “socialista” por las instancias del Gobierno y los aparatos ideológicos del Estado.

Según las propias cifras gubernamentales, en diciembre de 2023 existían en Cuba 9 652 mipymes, 5 138 cooperativas, 106 empresas mixtas y 596 000 trabajadores por cuenta propia, lo cual reafirma la tendencia al crecimiento del sector privado por encima de cualquier otro en la economía. Este último, absorbe cerca del 60% de las importaciones del país y a mediados de 2022, generaba por este concepto 270 294 100 dólares, contra solamente 4 788 500 dólares en materia de exportaciones, para un desbalance comercial de 265 505 600 dólares. En el transcurso del primer semestre de 2024, el sector no estatal aporta el 15% del PIB, emplea más del 30% de la fuerza laboral y contribuye con el 18% de los ingresos tributarios; lo cual indica el surgimiento de una neoburguesía mercantil desinteresada en potenciar la producción de alimentos u otros productos que coadyuven a las exportaciones de bienes y servicios.

Resulta sorprendente que el proceso de aprobación de las mipymes requiera la concesión de licencias operativas de forma expresa por el Consejo de Ministros. Tal procedimiento centralizado con carácter discrecional contribuye a la obnubilación de la transparencia, cuyo carácter facultativo obstaculiza la identificación de relaciones clientelares y el tráfico de influencias en las máximas instancias del Estado/Gobierno, lo cual dificulta el enfrentamiento a la corrupción,[3] dada la inexistencia de políticas consensuadas de aprobación públicas.

En el sector de las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) campea la ausencia de protección laboral que ofrezca garantías a las/os trabajadoras/es, a pesar del regente clima de sobrecarga y explotación en los negocios. Además, carecen del derecho a la sindicalización, predomina el sistema de contratación oral, resultan prohibitivas la conformación de gremios asociativos y la concesión de vacaciones planificadas acorde a su rendimiento, al tiempo que no se conceden licencias o certificados médicos en caso de accidente laboral u otra condición médica.

Por otro lado, la mayor parte de los propietarios se enfrentan a los intereses de un Estado burocrático ineficiente en su sistema recaudatorio, desinteresado en impulsar estímulos tecnológicos y crediticios que contribuyan al éxito de los emprendimientos; además de sortear la supervivencia de estos entre la arbitrariedad institucional y la inestabilidad, cuya matriz sostenible resulta esencial para la perdurabilidad a largo plazo de cualquier actividad económica.

El predominio de este escenario, rememora los tiempos del capitalismo en su fase preindustrial, sometido en su versión caribeña por la hegemonía postotalitaria del Partido Comunista de Cuba; cuya realidad resulta romantizada por los idearios de una izquierda internacionalista distópica, que persiste en su cosmovisión imaginaria del poder y la sociedad, exigiéndole esfuerzos y condiciones al pueblo cubano, incapaces de cumplir en sus países de origen e imposibles de exigirle a las bases populares de sus respectivas militancias. Esos traficantes de la ideología “progresista” se muestran ineptos en comprender que la causa de la disputa en la Isla se dirime no solo ante el mandato plenipotenciario de una oligarquía dominante, sino también por los derechos inalienables en el necesario mejoramiento de las condiciones de vida y participación democrática.

Los representantes de ese “discurso justiciero” rehúsan analizar la realidad impuesta en materia de libertades civiles, asociativas y ciudadanas con siglos de lucha movilizativa, conquistados al capitalismo por la tradición democrático-popular, obrera y revolucionaria, para el disfrute de los derechos humanos. Estos resultan hoy negados por las altas esferas políticas de la nación, convertidos en protagonistas de una traición histórica, al tiempo que consolidan sus bases de explotación extractivas, garantizan cuotas de legitimidad autoritarias y reproducen mediante el despliegue de relaciones de poder transdominantes, las bases conceptuales que distinguen la opresión de clase, caracterizada por los mandatos tradicionales del colonialismo interno, como manifestación de su poder en la modernidad tardía.

Notas:

[1] José Luis Rodríguez y George Carriazo Moreno: Erradicación de la pobreza en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987.

[2] Edgardo Lander: Crisis civilizatoria. Experiencias de los gobiernos progresistas y debates en la izquierda latinoamericana. Editorial Universitaria: CALAS Maria Sybilla Merian Center, 2019.

[3] Ivette García González: “Corrupción y crisis sistémica en Cuba”, Cuba X Cuba. Laboratorio de pensamiento cívico, 6 de septiembre de 2023.