De qué hablamos cuando hablamos de autoritarismo

El autoritarismo –o los autoritarismos, porque tal denominación requiere, como todo, de un plural– constituye uno de los mayores desafíos actuales para la vida social en todo el planeta. Pudiera parecer para algunos un peligro menor que asuntos como la crisis climática, los niveles extremos de desigualdad, el deterioro de la esfera pública o la migración, pero es un problema tan grave como ellos, y de hecho inextricablemente ligado a ellos, porque los autoritarismos son resultado tanto de la crisis sistémica del modelo de la democracia y el orden pos Segunda Guerra Mundial, como de la necesidad de emergencia de modelos de gobernanza más funcionales al manejo (no necesariamente de la solución) de las otras problemáticas.

Como concepción del poder, como movimiento, como régimen, y como sensibilidad colectiva, los autoritarismos comienzan a dominar el panorama político en formas disímiles que comparten, sin embargo, características básicas: una visión simplificadora y a menudo maniquea de la sociedad (buenos contra malos, miembros legítimos contra foráneos excluibles, etc.), una concepción antidemocrática del poder, (entendiendo por eso una en la que no hay distribución de la participación y las decisiones) y finalmente, una serie de dinámicas y mecanismos que garantizan la imposición de un poder arbitrario sin limitaciones, contrapesos y formas de contestación. Los procesos y regímenes autoritarios, en sus variantes diversas, concentran el poder, erosionando o impidiendo los mecanismos de limitación, como la alternancia y la división de poderes, y destruyendo la capacidad de contestación desde la sociedad. Ataques continuos y descalificación de la prensa y la academia, politización de instituciones públicas sustituyendo a expertos por figuras fieles al grupo (partido o movimiento) y su ideología, erosión de la división de poderes a menudo limitando o destruyendo el poder judicial, criminalización de grupos marginalizados, suspensión de garantías constitucionales, erosión general del sistema institucional, limitación del ejercicio de los derechos cívicos y restricción del espacio cívico, son algunos puntos reconocibles de un “manual autoritario” que adquiere particularidades propias en dependencia de los contextos específicos, pero es bastante similar en sus manifestaciones, como por ser asumido también como un conjunto de alertas.

La atracción del autoritarismo

El autoritarismo no sería tan problemático si se tratara de un proyecto de dominación y opresión que se presentara como tal de forma nítida. Ello permitiría reconocerlo desde el primer momento y movilizar la reacción y el rechazo ciudadano y comunitario pues, incluso en los regímenes más cerrados y violentos, la posibilidad de contestarlos reside en gran parte en la capacidad de identificarlos. Sin embargo, sobre todo en su forma incipiente, los autoritarismos actuales suelen recabar un gran apoyo, al menos uno suficientemente grande como para no necesitar imponerse por la fuerza, a la manera en que, por ejemplo, las dictaduras del cono sur del continente se impusieron a través de golpes de Estado. De hecho, las derivas autoritarias actuales comparten entre otras su origen: llegan de la mano de la voluntad popular expresada en las urnas; no son el resultado de un golpe de Estado, pero tampoco de una revolución y su correspondiente toma violenta del poder.

Las “bondades” iniciales del autoritarismo –propuestas vitales que transparentan y simplifican el mundo– no tendrían mucha posibilidad de éxito sin la existencia de un conjunto humano que accede, a regañadientes o con total complacencia, a ser parte de una sociedad regida por un mando impositivo y arbitrario.

Las razones para ello no son tan sencillas. Una, que vemos interminablemente, es que la percepción de que las cosas van muy mal (incluso si esa percepción ha sido construida deliberadamente desde los mismos que quieren tomar el poder o lo ejercen a favor de su vocación autoritaria) llama inevitablemente a la presencia de la fuerza, y la presencia de la fuerza requiere liberarse de esas ataduras que pondrían límite a su ejercicio: cosas como el debido proceso, los derechos humanos, el orden judicial, la constitución, la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y un largo etcétera. Tales procesos implican además la idea, tan complaciente como falaz, de que el “nuevo orden” que nacerá de la demolición del anterior, no tocará a quienes lo impulsan. La “mano dura” alcanzará a otros, pero no a mí mismo, razona ese sujeto funcional al autoritarismo, y ese otro va a ser siempre dibujado como disfuncional, no apto, criminal, una espacie de excrecencia sin la cual la sociedad estaría mejor, porque ese otro es el culpable per se del “mal” percibido que se hace urgente reparar. El autoritarismo es muy circular, y por eso mismo degenerativo.

Esto demanda un entendimiento no formalista del fenómeno, incluso cuando las señales tempranas de una deriva autoritaria pueden ser reconocidas, porque ellas no son al inicio consideradas por una gran parte de la población como problemáticas o peligrosas, sino que, por el contrario, son muchas veces apoyadas abiertamente. Este apoyo inicial, a menudo entusiasta, refuerza el recurrente problema de que cuando una sociedad comprende que ha sido tomada por un poder autoritario, a menudo es demasiado tarde, pues ya no tiene a su disposición los recursos (derechos, capacidad de organización, etc.) que podría emplear en su defensa.

Varios autores, intentando entender esa participación entusiasta de una parte de la sociedad en lo que se convertirá más tarde en un modelo de dominación signado por la imposición, la jerarquía y la arbitrariedad, hablan más que nada del atractivo del autoritarismo, asumiendo que ese atractivo, y la manera en que los grupos humanos responden a él, es tan importante para dar cuenta de las derivas autoritarias como los mecanismos visibles de concentración del poder que aparecen siempre asociados a dichas derivas en la forma de ataque y disolución de los contra poderes, el orden constitucional y la erosión de la sociedad civil.

Una vía explicativa para esta atracción fue inicialmente delineada por Hanna Arendt y posteriormente desarrollada por Theodor Adorno y un grupo de autores, al proponer la existencia de una “personalidad autoritaria”. En la propuesta de Arendt, ella estaría asociada a la necesidad de pertenencia que, en ausencia de una comunidad cercana, movería los afectos hacia la militancia partidista.[1] En la de Adorno,[2] se vincula a un desarrollo particular de la psicología humana durante la etapa formativa, en la cual la represión de ciertas pulsiones conduciría a la rigidez y falta de apertura que caracteriza la personalidad de aquellos propensos a la aceptación de una visión del mundo caracterizada por el binarismo exacerbado y el pavor a la incertidumbre y la complejidad. Karen Stenner ha sustituido más recientemente la noción de personalidad por la de predisposición, para dar cuenta del hecho de que ningún atributo, rasgo o cualidad de la psicología individual podría manifestarse por sí misma en ausencia de condiciones de posibilidad que aparecen en el ecosistema social.[3]

Ese atractivo ha sido también analizado, por tanto, no solo desde la psicología social sino desde la sociología y la antropología, atendiendo a la intersección de lo individual y el contexto, y lo estructural y lo coyuntural. La idea de que el fallo de las democracias es una de las principales razones que sustentan las derivas autoritarias, es hoy una de las más socorridas. En The Lure of Democracy, por ejemplo,[4] que analiza el fenómeno en el Medio Oriente en el período que siguió a la Primavera Árabe, los autores dan cuenta del auge de una visión negativa sobre la democracia, que se relaciona con la inestabilidad, el riesgo económico y el caos político, y da sustento al auge autoritario. En países como Hungría y Polonia, con frecuencia se ha achacado tal deriva a la dificultad de las sociedades poscomunistas de lidiar con la herencia totalitaria. Anne Applebaum, sin embargo, rechaza esta explicación, y la atribuye a fenómenos más recientes, relacionados con una inconformidad generalizada con la democracia, y con el deseo de poder de grupos con agendas específicas que requerían el desmantelamiento de la institucionalidad democrática.[5] Este sería el caso de lo que Ali Risa Taskale denomina “futurismo reaccionario”, cuya ideología, desarrollada por los líderes tecnológicos de la IA y sus intelectuales orgánicos, identifica directamente a la democracia como un enemigo de la libertad, y, por tanto, un obstáculo a superar.

Es entonces, en la intersección entre una predisposición personal, socialmente sancionada o estimulada, marcada por la propensión a favorecer visiones simplificadoras y rígidas del mundo, y condiciones concretas asociadas casi siempre a una inconformidad con la democracia y sus resultados, que el proyecto autoritario puede presentarse, movilizando sus atractores característicos. Aun mucho antes de que tal proyecto limite las libertades individuales, elimine los contrapesos al poder, y criminalice la capacidad de la sociedad para hacerle frente a su concentración en manos de un pequeño grupo, el autoritarismo aparece como una promesa de solución a las inconformidades, capturando sus afecciones más incómodas y dándoles lo que parece, sin serlo necesariamente, una salida. Por ello suele presentarse, inicialmente, más como una forma de populismo.

El proyecto autoritario atrae cuando promete, con fórmulas que pueden cambiar de contenido, pero no necesariamente de forma, que resolverá los problemas percibidos como amenazas al orden existencial de una sociedad y eliminará a sus culpables. Lo mismo si se trata de las libertades negadas por el comunismo que de la igualdad negada por el capitalismo, de la defensa de los valores occidentales que del retorno de la seguridad en las calles, la promesa de un reordenamiento social es central a cualquier proyecto autoritario.

Atrae cuando convence de que la exclusión de una parte de la sociedad existente es esencial para poder construir la sociedad “nueva” que emergerá de la promesa central del proyecto político. A menudo, la exclusión puede tomar la forma de una extirpación radical, que no encuentra freno ni autorregulación posible, porque se presenta como imperativa o inevitable.

Atrae cuando divide el mundo entre amigos y enemigos, y extiende esa división a su equivalencia entre buenos y malos, esencializando lo que son en realidad posturas políticas más atadas a las circunstancias que a la constitución ontológica de unos y otros. Vende con ello la certeza de que quienes lo apoyan están del lado moral y correcto de la historia y quienes lo cuestionan no merecen un lugar en el mundo.

Atrae cuando desplaza la capacidad para la acción colectiva a la confianza ciega en una figura política, un partido o un movimiento, y deja en sus manos la solución de todos los problemas, permitiéndole arrebatar derechos inalienables y extirpando, del campo de las actitudes y los afectos, la atención y la suspicacia necesarias para lidiar con el poder impuesto.

Atrae cuando convence de la inevitabilidad de desmontar las protecciones que limitan al Estado de convertirse en un Leviatán absoluto conducido por la fuerza; cuando nos dice que es ese el precio a pagar por librarnos de un mal que aparece a menudo hipertrofiado por los voceros del proyecto autoritario.

Las razones “ideológicas”

Como proyectos de captura del poder, con la subyacente construcción de bandos opuestos y la identificación de uno o varios enemigos excluibles, los autoritarismos pueden aparecer (aunque no necesariamente) vestidos con el ropaje de la ideología. La ideología permite no solamente elaborar promesas concretas y situadas en los contextos específicos, sino asociar esas promesas a proyectos más ambiciosos y abarcadores identificables con una posición dentro del espectro político. Sea el de justicia social o libertad irrestricta –por citar las enunciaciones más paradigmáticas de dos de las ideologías actualmente dominantes–, el autoritarismo de base ideológica articula un grupo de deseos concretos con anhelos más profundos y sus correspondientes afecciones. Por ejemplo, la larga deuda histórica de las democracias con la redistribución de la riqueza y la justicia hacia poblaciones desfavorecidas o víctimas de asimetrías estructurales puede constituirse en el combustible que alimente un autoritarismo cuya promesa central es la solución del problema de la desigualdad, a través de la explotación del resentimiento hacia clases sociales más pudientes. O, por el contrario, los fallos de los Estados de corte social, como los de la marea rosa latinoamericana, pueden convertirse en el combustible que alimente proyectos ideológicos que propugnan la liberación del Estado y la libertad irrestricta, explotando el resentimiento emanado de la constatación de la discrepancia entre el discurso y la práctica de dichos gobiernos. En muchas ocasiones es ese tipo de discurso, en el que la promesa es la materialización de un ideal a menudo en contraposición a su contrario fallido, lo que resulta atractivo y lo que hace perder de vista y olvidar que todo proyecto político debería acompañarse siempre de una prueba de viabilidad. Sin pruebas de viabilidad (el cómo, más que el qué), los autoritarismos se presentan inicialmente como un intento populista de ganar seguidores, y lo populista se presenta, en este punto, como una torsión de lo popular: la promesa puede corresponder con el deseo de una mayoría, pero su realización es inviable. No hay que olvidar que esto no es más que la deriva extrema de uno de los dispositivos centrales de la política formal: la atracción de seguidores hacia la agenda de un actor social que busca ocupar posiciones de poder en la estructura política.

La promesa vestida con el ropaje de la ideología, activadora de la sociabilidad que vendrá a sostener el apoyo al proyecto autoritario, suele subordinar los medios a los fines, y la visión e interpretación del proceso aparece, por la primacía ideológica, aunada no tanto a los dispositivos de control e imposición autoritaria, sino a la ideología misma. Ello explica el desconcertante pero lógico fenómeno por el cual un líder autoritario puede imponerse apelando a su posicionamiento como enemigo de la ideología enemiga: El autoritarismo anticomunista se presenta como enemigo y superación del autoritarismo socialista, y el socialista como enemigo y superación del capitalismo o el neoliberalismo. Y aunque ambos puedan compartir rasgos que los hacen en ocasiones indistinguibles si se atiende a su concepción del poder y sus mecanismos de imposición, muchos de los seguidores fieles de uno y otro, pueden creer que se trata de proyectos de naturaleza radicalmente diferente. Ello hace posible explicar el rechazo a un autoritarismo de izquierda y la fidelidad a uno de derecha (y viceversa). O puede ayudar a comprender las “extrañas” afinidades que aparecen entre uno y otro.

Esto no significa que autoritarismos de izquierda y derecha sean exactamente iguales, o que el componente ideológico pueda ser completamente descartado. Los autoritarismos de izquierda y su manifestación extrema, que cubanos, venezolanos y nicaragüenses conocemos de primera mano, suelen apelar más a la justicia social y la redistribución de bienes, excluir fundamentalmente por razones políticas (aquellos percibidos como enemigos del proyecto en el poder), y apelar a una conformación más homogénea de sus fuerzas. Los de derecha se organizan actualmente alrededor de proyectos más nativistas, con exclusiones articuladas alrededor de diversas formas de identidad (racial, de género, nacional, etc.) o pertenencia (nativos versus migrantes), y suelen ser más heterogéneos en su constitución de fuerzas, operando más a través de coaliciones que de un cuerpo unificado.[6] Sin embargo, ambos suelen fortificarse identificando (y a la vez construyendo) al otro como enemigo en una mirada esencialista, y comparten una serie de dinámicas de concentración del poder, que debería hacernos desistir del sometimiento voluntario a sus respectivos discursos.

Donde un grupo político intenta imponerse concentrando el poder para dejar camino libre a su ejercicio arbitrario, eliminando contrapesos y limitando derechos a la ciudadanía, la ideología a la que apela en ese proceso, debería entenderse como subsidiaria del proyecto de poder mismo. Sobran los ejemplos, de uno y otro lado del espectro ideológico, incluidas sus mutaciones más contemporáneas, para mantenerse alertas frente a cualquier promesa de cambio que requiera poner en cuestionamiento derechos inalienables y busque hacer desaparecer los mecanismos de limitación del poder reconocidos como tales en el ordenamiento jurídico y sustentados en la concepción de los derechos cívicos.

Por citar un ejemplo del lado izquierdo del espectro político, el caso cubano resulta emblemático del tipo de autoritarismo extremo que tomó la forma del totalitarismo socialista. Desde fechas muy tempranas, el proyecto de poder encarnado en la Revolución cubana desmanteló las organizaciones cívicas, concentró el poder político en sus seguidores al ilegalizar todos los partidos y poner a la cabeza del Estado al Partido Comunista, y eliminó las libertades civiles al supeditar su ejercicio al marco de la institucionalidad naciente y a la fidelidad ideológica. Y lo hizo mientras justificaba tales restricciones con la idea de unidad frente al enemigo (el imperialismo estadounidense), creando la categoría del “contrarrevolucionario” –un amplio campo donde cabía desde el opositor político hasta el homosexual– y prometiendo la realización de la utopía de la justicia social. Pero si el ejemplo de Cuba, por haber nacido de una revolución y la toma violenta del poder no es suficiente, están ahí Venezuela y Nicaragua para evidenciar procesos de naturaleza semejante.

El totalitarismo es, dentro de la familia de los autoritarismos, el pariente no solo más extremo, sino aquel en el que la concentración de poder y la vocación de control total compulsan a la sociedad a participar activamente en su propia dominación, y quizás es por ello entre otras razones que la experiencia histórica cubana de los últimos 67 años suele resultar ininteligible a la mirada latinoamericana. Sin embargo, los mecanismos de concentración del poder y eliminación de todo aquello que pueda desestabilizarlo, son similares a otros casos.

Del lado derecho del espectro político, posiblemente sea la política antimigratoria de la actual administración de Estados Unidos la que pueda servir como ejemplo claro de los mecanismos de ejercicio de tipo autoritario que erosionan lentamente la institucionalidad democrática y pueden terminar por destruirla: un cuerpo paramilitar con impunidad absoluta y rostros escondidos, normas de 3 000 detenidos por semana, el intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento (por suerte impedida por un tribunal, porque hay todavía institucionalidad democrática), y decenas de incidentes de personas detenidas arbitrariamente, enviadas a la cárcel incluso en otros países, deportadas con peligro para la vida, y asesinadas (con víctimas entre migrantes y también estadounidenses porque para este tipo de políticas, también los aliados y los simpatizantes son enemigos). Esta política constituye también un ejemplo de la progresiva ideologización en la construcción de ese “otro”, que hoy no es solamente el migrante, sino el militante de izquierda, el marxista, el antifascista e incluso el manifestante antiICE. Ese “otro” criminalizable termina por por ocupar un campo que contiene fundamentalmente al opositor, el crítico, o cualquiera con capacidad de cuestionar o poner en crisis el proyecto de poder.

Vale una aclaración pertinente en este punto, considerando cómo estas construcciones ideologizadas reflejan y aprovechan para sus propias agendas las afecciones políticas de sus seguidores: el hecho de que un proyecto autoritario (sin necesariamente haberse convertido aún en un régimen autoritario) utilice instrumentalmente la ideología de sus adversarios para fortalecerse, no significa que esa ideología sea meramente un fantasma y, mucho menos, que sea buena por sí misma, únicamente porque quedó definida como enemiga por el poder. Por decirlo de una manera simple, que el comunismo sea el enemigo de la Administración Trump no vuelve bueno al comunismo, y que el imperialismo sea el enemigo régimen cubano no vuelve bueno al imperialismo. Cuando lo que entra en juego es la construcción de la imagen de un enemigo para que esa imagen resulte funcional a un proyecto de poder, la ideología debe leerse a la vez por sí misma y en el contexto de sus instrumentalizaciones.

Quizás debido al hecho de que los autoritarismos están multiplicándose en el mundo y el mundo mismo es cada vez más fragmentario, hay hoy más ejemplos de autoritarismos híbridos en sus apelaciones ideológicas. En procesos más recientes, como el de El Salvador, más que ante una ideología nos encontramos frente a un set de ideas que no llegan a tener la articulación interna de una ideología y se presentan a veces como posideológicas, de la mano de figuras supuestamente provenientes del exterior de la política tradicional (los denominados outsiders). Y en otros casos –de manera creciente en Latinoamérica–, el binarismo necesario al autoritarismo ni siquiera pasa por la polarización ideológica (muy evidente en las elecciones recientes en Perú y Colombia), sino por el binomio seguridad-libertad; regresando a las bases del antiquísimo contrato social, según el cual el cual nuestra libertad puede ser entregada a cambio de la garantía de la seguridad.

Este ropaje ideológico, que oculta proyectos de concentración paulatina del poder y restricción de la sociedad civil, es lo que sustenta la filiación de muchos que, opositores a una de las ideologías, aceptan el ropaje de su contrario y con este, un proyecto de dominación que no es muy diferente en la forma de constituirse y en la normalización de sentidos comunes proautoritarios. Oculta también el sesgo recurrente que permite desconocer los autoritarismos de izquierda y reconocer como tales a los proyectos del lado derecho del espectro ideológico. Estos movimientos ideológicos, que generan fidelidades contrapuestas sobre sensibilidades compartidas, manifiestan así la convivencia conflictiva de dos ejes diferenciados: el ideológico (comunismo vs capitalismo y demás binarismos asociados), y el de régimen político (democracia vs autocracia).

Diferenciar los procesos de sus resultados consolidados

Un segundo eje analítico para comprender en una mirada transideológica los autoritarismos, suele con frecuencia ser dejado de lado. No es lo mismo un régimen autoritario consolidado que un proceso de erosión democrática o de auge autoritario. La diferencia entre uno y otro es que, en el primero, los contrapesos que evitan la concentración del poder y los mecanismos de defensa de la sociedad ante su imposición han sido ya eliminados completamente, o se han establecido en su lugar sucedáneos funcionales que no ponen el riesgo el poder mismo. En el segundo, se trata de un proceso del que pueden tenerse señales y que puede encontrarse más o menos avanzado, pero la sociedad misma conserva todavía un margen de posibilidad para contestar, criticar y ofrecer resistencia.

Es siempre una discusión abierta la que versa sobre cuándo las señales acumuladas son suficientes como para decretar que se ha llegado al punto de no retorno, o cuál sería una señal inequívoca. Los procesos sociales suelen ser mucho más caóticos y complejos que cualquier manual como para permitirnos una identificación inequívoca.[7] Algunas señales, sin embargo, probablemente por su carácter de evento más que de proceso, suelen ser bastante claras. Por ejemplo, el cierre de medios de comunicación forzando a decenas de periodistas al exilio y las reformas constitucionales que permitieron aprobar la reelección presidencial y ampliar el período de gobierno en El Salvador. En México, la reforma judicial que vuelve al aparato judicial un cuerpo al servicio del poder legislativo, o la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia e Información (INAI) y su sustitución por una institución directamente al servicio del Estado. Otras señales –quizás porque constituyen parte de un proceso– no son tan visibles, pero lo importante en este punto es que, aunque la acumulación o la preeminencia de ciertas señales, pueden permitir discutir cuál es el avance de una deriva autoritaria, siempre es necesario distinguir entre un régimen consolidado y un proceso, y prevenirse de hacer comparaciones absolutizadoras. Es la negación práctica de esa diferencia (entre proceso y hecho consumado) lo que hace posible decir cosas como, por ejemplo, “México está igual que Cuba”, con lo cual se termina a la vez perdiendo la especificidad del caso mexicano y banalizando la experiencia cubana.

En el caso cubano, en un momento crítico marcado por una polarización que compele a ubicar en un extremo una visión edulcorada de la realidad cubana y del otro una visión completamente negativa de Estados Unidos –o su reflejo de polaridad contraria–, es recurrente escuchar comparaciones de la misma clase. Ellas sirven convenientemente a la clase política cubana y a sus aliados incondicionales para negar la dictadura cubana, con argumentos del tipo “en Estados Unidos también hay presos políticos” o “en Estados Unidos también hay violencia política”, o incluso “en Estados Unidos hay una dictadura”.

Lo que puede ayudar comprender la diferencia entre auge autoritario (en sus diversos gradientes) y autoritarismo consolidado parte justamente de no equiparar regímenes políticos. Cuba es una dictadura totalitaria; Estados Unidos es una democracia en proceso de deterioro, pero donde funcionan todavía (aunque bajo ataque) contrapesos fundamentales como el poder judicial y donde, de manera muy clara, hay posibilidad para la acción colectiva.

Una vez hecha tal distinción, el reconocimiento de que el deterioro de la institucionalidad democrática que conduce al autoritarismo requiere de la normalización de sentidos comunes favorables, debería alertarnos de no minimizar la gravedad de los impactos de hechos y procesos que hablan muy claramente del deseo de poder y de la reconfiguración del entramado social para satisfacer ese deseo. Debería alertarnos de no minimizar, justificar o muchísimo menos aceptar voluntariamente las dinámicas autoritarias donde quiera y en la forma que aparezcan. Hacer tal cosa solo garantiza que lo que en el presente son alertas, en el futuro se conviertan en hechos incontestables. Los ejemplos sobran; por regresar a México, la desaparición del INAI, y su sustitución por el órgano Transparencia para el Pueblo, subordinado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y su nuevo órgano desconcentrado llamado Transparencia para el Pueblo, erosionan gravemente el derecho al acceso a la información y limitan la fiscalización ciudadana de proyectos gubernamentales. La opacidad que garantiza este cambio ha evitado ya fiscalizar la participación protagónica del ejército en megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Transístmico, y la cooperación con el régimen cubano.

En Estados Unidos, la criminalización de la migración ha conducido al asesinato de varias personas (algunas de ellas incluso ciudadanos del país) y múltiples violaciones de derechos humanos, y a la estigmatización de una comunidad para el reforzamiento de una identidad chovinista de tintes nativistas. Más recientemente, es posible reconocer en la retórica política de la administración Trump la extensión de una construcción del “enemigo” que involucra a sus opositores políticos. Con cada vez mayor frecuencia y de manera cada vez más sólida, la llamada izquierda radical es identificada con el terrorismo, y el comunismo se instaura como el gran enemigo al que hay que combatir sin descanso. Pero el comunismo es leído de una forma que excede con amplitud sus contenidos tradicionales y funciona más como una sombrilla que cubre varias formas de posicionamiento y oposición política y social. Es un tipo de proceso que los cubanos, venezolanos y nicaragüenses podemos reconocer claramente: el contrarrevolucionario como figura de otredad, definida fundamentalmente por su contrario. Así, la gran sombrilla que incluye el comunismo, el terrorismo, la izquierda radical, ANTIFA etc., termina siendo presentada como antiamericanismo.

La construcción de un contrario funciona no solamente para crear una narrativa de guerra, que justifica entonces excesos y movimientos fuera de la ley. Es también un intento de homogeneizar un grupo humano, a partir de su rechazo a otro, porque toda oposición binaria refuerza las identidades de sus dos polos y vuelve dominante y aceptada socialmente una de ellas. Eso hace posible que, en sus primeros momentos, pueda resultar difícil reconocer que en ese binarismo en el que unos tienen derecho a pertenecer y otros no, está el germen de la toma autoritaria; y puede resultar difícil porque, en un primer momento, la exclusión se enuncia como defensa: el proletariado tiene que defenderse contra los burgueses, los ciudadanos de una nación tienen que defenderse contra los migrantes, los herederos autoasignados de los valores occidentales tienen que defenderse contra la invasión cultural islámica… Toma tiempo reconocer el autoritarismo en su verdadera naturaleza, porque el autoritarismo no se presenta a sí mismo como una forma de opresión, sino como una promesa de liberación que, para realizarse, se ve obligada a recurrir a la imposición y la fuerza.

Un posicionamiento resultante de las dos problemáticas del autoritarismo que hemos visto hasta aquí –el encubrimiento de un proyecto de poder tras la ideología, y la diferenciación entre proceso y consolidación en un régimen político– tendría que ser necesariamente transideológico. Esto permitiría reconocer que tanto la criminalización de la derecha (o sus asociaciones más directas: el capitalismo, la burguesía, el imperialismo) como de la izquierda (el comunismo, pero hoy también el militante antirracista, el activista por los derechos de los migrantes, el activismo feminista, etc.), pueden servir a un proyecto de instauración autoritaria. Y ubicar en qué momento del proceso de declive democrático o deriva autoritaria se encuentra una sociedad determinada, puede ayudar a diseñar estrategias para contrarrestar lo que, en un caso, son narrativas sustentadoras de acciones de exclusión y criminalización y, en otro, justificaciones para impedir cualquier forma de resistencia y oposición a la dominación autoritaria. Y puede permitir además recuperar la conciencia de la agencia que corresponde a la sociedad frente a estos procesos, pues ninguno de ellos implica un desenlace único predeterminado.

Frente a esa dificultad de reconocer la pulsión autoritaria en su estadio inicial, nos corresponde como ciudadanos, o simplemente como integrantes de la sociedad a la que pertenecemos, estar alertas. Y nos corresponde también decidir si ocuparemos la oposición del seguidor fiel, que asume que el líder habla por todos nosotros cuando decide que ese “nosotros” es solo una pequeña parte y el resto no merece los derechos que consideramos inalienables, o la posición del observador crítico, dispuesto a organizarse para impedir que los cantos de sirena del autoritarismo nos conduzcan, antes de que podamos darnos cuenta, a la mutación de la dominación, y no a la liberación con la que soñamos siempre.

Notas:

[1] Hannah Arendt: Los orígenes del totalitarismo, Alianza, Barcelona, 2006.

[2] Theodor Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson y R. Nevit Sanford: The Authoritarian Personality, Harper & Brothers, 1950.

[3] Karen Stenner: The Authoritarian Dynamic, Cambridge University Press, 2005.

[4] Stephen King & Abdeslam M. Maghraoui (eds.): The Lure of Authoritarianism. The Maghreb after the Arab Spring, Indiana University Press, 2019.

[5] Anne Applebaum: Twilight of Democracy. The Seductive Lure of Authoritarianism, Doubleday, 2020.

[6] Miriam Juan-Torres González: “The multiheaded coalition of authoritarian populism and its fault lines”, Democracy & Belonging Forum, febrero 2026.

[7] Recomiendo en particular el Civicus Monitor sobre el estado del espacio cívico. El análisis de los derechos cívicos y las condiciones que permiten su ejercicio es en sí un indicador relevante para revelar el avance de las agendas autoritarias en el poder.