Hace pocas semanas comentaba que la política venezolana se parecía más a una partida de póker que a un juego de ajedrez. Cada actor jugaba con información incompleta, ocultaba parte de sus cartas y apostaba a que el tiempo terminaría favoreciendo su estrategia. Entonces ocurrió algo que ninguno podía prever: el doblete sísmico del 24 de junio.
No apareció un nuevo jugador. La partida continuó con los mismos actores. Lo que cambió fue la mesa sobre la que estaban jugando.
Los terremotos no producen cambios políticos por sí mismos. Las placas tectónicas no distinguen entre democracias y autoritarismos, entre gobiernos legítimos o ilegítimos. Pero los desastres nunca ocurren en el vacío. Irrumpen en sociedades concretas, con instituciones determinadas, conflictos abiertos y relaciones de poder preexistentes. Por eso sus consecuencias nunca son únicamente materiales. También alteran prioridades, redistribuyen recursos, modifican incentivos y obligan a todos los actores a replantear sus estrategias. Analizar esas transformaciones no significa “politizar” una tragedia. Significa reconocer que toda tragedia ocurre dentro de una realidad política que, también, resulta sacudida.
Hasta el 24 de junio, la discusión venezolana giraba principalmente alrededor de la legitimidad del poder y la capacidad de representación. El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez intentaba convertir la costumbre en aceptación política; Estados Unidos apostaba por tutelar un país que consideraba estratégico; María Corina Machado buscaba preservar el enorme capital político obtenido el 28 de julio; y la sociedad venezolana comenzaba, lentamente, a reconstruir la confianza en su propia capacidad de incidir sobre los acontecimientos. El terremoto no sustituyó esa agenda: la hizo más compleja.
De un día para otro aparecieron dos palabras que durante meses habían ocupado un lugar secundario: “protección” y “reconstrucción”. Ya no bastaba discutir quién tenía derecho a gobernar. También comenzó a importar quién era capaz de proteger a la población, organizar la recuperación, atraer recursos y ofrecer un horizonte de futuro para un país que, además de una crisis política, enfrentaba una emergencia humanitaria de enormes proporciones.
Ese cambio parece sutil, pero modifica profundamente la lógica de la partida. Las cartas siguen siendo las mismas. Lo que cambió fueron las reglas que determinan cuándo una buena mano necesita de algo más que suerte.
Primera apuesta: sobrevivir el tiempo suficiente
Si el terremoto cambió la mesa, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez fue el primero en tener que reorganizar sus cartas. En una emergencia de esta magnitud, el Estado recupera inevitablemente el protagonismo. Hay que coordinar rescates, habilitar refugios, restablecer servicios, reconstruir carreteras, escuelas y hospitales. Todo pasa, de una u otra forma, por quien controla el aparato público. Durante las primeras semanas, eso jugó claramente a favor del gobierno. La ayuda internacional comenzó a llegar a través de sus instituciones, varios países anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas y Delcy Rodríguez pasó a ser reconocida, cada vez con mayor naturalidad, como la autoridad encargada de conducir la reconstrucción.
Pero gobernar una emergencia es una cosa. Hacer posible una reconstrucción eficiente a largo plazo es otra muy distinta.
En el ensayo anterior sostuvimos que la principal apuesta del gobierno consistía en convertir el tiempo en un aliado. La idea era relativamente simple: si lograba mantener la estabilidad económica, preservar la cohesión del chavismo y transmitir una sensación de normalidad, el debate sobre la legitimidad de origen perdería fuerza. El paso de los meses terminaría haciendo el trabajo que ningún discurso podía hacer por sí solo.
Esa sigue siendo su apuesta. Solo que ahora es mucho más difícil.
Reconstruir un país cuesta miles de millones de dólares. Venezuela no dispone de esos recursos y tarde o temprano tendrá que atraer capital extranjero en una escala muy superior a la vista hasta ahora. Allí aparece un problema que el tiempo no resuelve. Una empresa puede aceptar riesgos económicos. Lo que le cuesta mucho más aceptar es la incertidumbre jurídica. Mientras continúe abierta la discusión sobre la legitimidad constitucional del gobierno y exista la posibilidad de que futuras autoridades cuestionen la validez de contratos, concesiones o grandes inversiones, siempre habrá capitales que preferirán esperar. Hoy, los hermanos Rodríguez lamentan el momento en que Hugo Chávez permitió que la redacción del artículo 138 de la Constitución fuera “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
Eso convierte la legitimidad en algo más que un problema político. También comienza a ser un problema económico. El gobierno necesita convencer al mundo de que Venezuela volvió a ser un lugar seguro para invertir, justo cuando el principal argumento en contra sigue siendo la fragilidad jurídica del propio poder que administra esa reconstrucción.
Ahora el verdadero objetivo de Delcy Rodríguez ya no es únicamente apaciguar el país. Es sobrevivir políticamente el tiempo suficiente para llegar a un escenario más favorable. Noviembre representa el primer umbral. Una eventual pérdida de fuerza de Donald Trump después de las elecciones de medio término podría ampliar el margen de maniobra del gobierno venezolano. El segundo horizonte es mucho más lejano: llegar a las elecciones presidenciales previstas para 2029 con una economía más estable, un proceso de reconstrucción avanzado, un reconocimiento internacional suficientemente consolidado y unos contrarios divididos y debilitados como para intentar resolver, finalmente, el problema de la legitimidad por la vía electoral.
Vista desde esa perspectiva, muchas decisiones que hace apenas unos años parecían impensables empiezan a tener otra lógica. El acercamiento a Washington, la apertura económica, la búsqueda de inversión extranjera, el abandono de buena parte de la retórica antiimperialista e incluso la disposición a aceptar condiciones que el chavismo tradicional habría rechazado no necesariamente expresan una conversión ideológica. Parecen, más bien, un repliegue táctico. Una forma de ceder terreno en aquello que consideran negociable para conservar aquello que siguen considerando irrenunciable: el poder.
Por tanto, no creemos que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez se comporte como quien siente que ya ganó la partida. Más bien transmite la imagen de alguien dispuesto a jugar de manera conservadora porque está convencido de que, si logra mantenerse en la mesa unos años más, las cartas podrían empezar a favorecerlo.
Segunda apuesta: administrar el ritmo de la transición
Si el terremoto obligó al gobierno venezolano a replantear sus prioridades, también modificó los cálculos de Washington. Hasta entonces, la estrategia estadounidense parecía orientada a un objetivo bastante concreto: estabilizar Venezuela sin renunciar a la posibilidad de una apertura democrática en algún momento, como ejemplo de la aplicación de su nueva Doctrina Monroe. La flexibilización de sanciones, el respaldo a las reformas económicas y el reconocimiento práctico del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez respondían, al menos en apariencia, a esa lógica.
El terremoto hizo que esa apuesta fuera mucho más visible y, al mismo tiempo, mucho más costosa.
Una reconstrucción que fracase no tendría consecuencias solamente para Venezuela. También pondría en entredicho una de las pocas estrategias de política exterior de la administración Trump que, hasta ahora, parece mostrar resultados. Basta mirar el resto del tablero internacional para entenderlo. La guerra en Ucrania sigue lejos de una solución; Gaza continúa representando un enorme costo político y humanitario; Irán mantiene abierto un foco permanente de tensión; y Cuba permanece prácticamente inmóvil. Frente a ese panorama, Venezuela comienza a proyectarse como el caso donde Washington puede argumentar que su combinación de presión, pragmatismo y negociación ha conseguido modificar una realidad que durante años parecía bloqueada.
Eso ayuda a entender por qué cuesta no leer la instalación de la mesa de diálogo, a partir del primero de agosto, como parte de esa misma estrategia. No necesariamente porque haya sido concebida para resolver de inmediato el conflicto político venezolano, sino porque cumple otra función igual de importante: administrar sus tiempos. Canalizar demandas que inevitablemente comenzarían a crecer una vez superada la conmoción inicial del 3 de enero y del terremoto; ofrecer un espacio para procesar tensiones que, de otro modo, probablemente volverían a expresarse en las calles; y transmitir la sensación de que existe un mecanismo político en marcha capaz de conducir, tarde o temprano, hacia una salida negociada.
La mesa, en ese sentido, parece comprar tiempo. No porque garantice acuerdos, sino porque mantiene viva la expectativa de que esos acuerdos serán posibles. Mientras esa posibilidad exista, disminuye la presión para que todos los actores presionen por definiciones inmediatas. Es, en muchos sentidos, la expresión más acabada de esa transición a fuego lento de la que hablamos hace unas semanas.
Naturalmente, esa apuesta también tiene límites. Administrar el tiempo no significa controlarlo. La sociedad venezolana tiene una memoria sobre espacios de diálogo ineficientes para depositar una confianza ilimitada en una nueva ronda. Si la mesa termina siendo percibida como otro esfuerzo incapaz de producir decisiones verificables (una fecha para las elecciones presidenciales, garantías institucionales o avances concretos en la democratización), la expectativa que hoy contiene el conflicto puede transformarse en una nueva fuente de frustración.
Por ahora, sin embargo, da la impresión de que Washington considera suficiente mantener el proceso bajo control hasta noviembre. Ese parece ser el siguiente umbral político. Si la administración Trump logra llegar a las elecciones de medio término mostrando una Venezuela más estable, con una economía que continúa recuperándose, una reconstrucción en marcha y un conflicto político encauzado institucionalmente, podrá presentar ese resultado como una evidencia de la eficacia de su política exterior en un momento en que otras apuestas internacionales siguen ofreciendo resultados mucho más menguados.
Quizás esa sea hoy la verdadera estrategia estadounidense en su mano de cartas. No acelerar la transición, pero tampoco permitir que se detenga. Mantener la partida en movimiento, procurando que ninguna de las tensiones acumuladas en Venezuela termine desbordando el delicado equilibrio que Washington ha conseguido construir durante estos meses.
Tercera apuesta: seguir siendo indispensable
Si hay un actor al que el terremoto le cambió más profundamente el tablero, probablemente sea María Corina Machado.
Hasta junio, buena parte de su estrategia descansaba sobre un supuesto razonable. Su principal activo era el enorme capital político acumulado desde el 28 de julio y la prioridad consistía en preservarlo. El tiempo, por sí solo, podía desgastar al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y volver a colocar la discusión sobre la legitimidad en el centro del debate nacional. Mientras eso ocurría, evitar movimientos apresurados parecía una decisión sensata.
El terremoto alteró esa lógica.
De repente, el país comenzó a discutir otras cosas. Cómo reconstruir ciudades enteras. De dónde saldrían los recursos. Qué hacer con miles de familias desplazadas. Cómo recuperar escuelas, hospitales y fuentes de trabajo. La pregunta dejó de ser únicamente quién tenía el derecho de gobernar. También empezó a ser quién tenía algo que aportar frente a una emergencia de esa magnitud.
Eso coloca a María Corina Machado frente a un dilema que antes no existía. Su regreso al país, que hace apenas unas semanas habría sido un acontecimiento político en sí mismo, hoy necesita un contenido diferente. Volver sin una propuesta clara para la reconstrucción o sin una manera concreta de incidir sobre el nuevo escenario podría reducir el impacto político de una decisión que, antes del terremoto, parecía suficiente por sí sola.
La instalación de la mesa de diálogo terminó de complicar ese panorama. María Corina decidió mantenerse fuera y asumir un papel de contraloría ciudadana sobre el proceso. Es una decisión comprensible. La experiencia venezolana ha dejado una profunda desconfianza hacia negociaciones que prometieron transformaciones políticas y terminaron produciendo muy poco. Esperar el eventual fracaso de este nuevo mecanismo no parece una lectura irracional de nuestra historia reciente.
Pero sigue siendo una apuesta. Y, como toda apuesta, también implica riesgos.
Si la mesa consigue abrir algún canal efectivo para resolver aspectos centrales del conflicto (una ruta electoral verificable, acuerdos institucionales o condiciones para una elección presidencial competitiva), el centro de gravedad de la oposición podría comenzar a desplazarse. No necesariamente porque María Corina pierda completamente su liderazgo, que sigue siendo ampliamente reconocido, sino porque aparecerían otros actores con capacidad para influir directamente sobre el desenlace de la negociación.
Eso ayuda a entender mejor la posición de Primero Justicia y Voluntad Popular. Ambos partidos han reiterado públicamente que continúan reconociendo a Machado como la principal líder de la oposición e incluso han presentado su participación en la mesa como una forma de preservar las condiciones para su futura candidatura presidencial. No vemos razones para descartar completamente esa explicación. Pero tampoco parece realista pensar que organizaciones políticas, con décadas de existencia, hayan dejado de evaluar sus propios intereses.
Después de muchos meses en los que Vente Venezuela concentró casi todo el protagonismo opositor, la mesa también representa una oportunidad para que esos partidos recuperen capacidad de iniciativa, reconstruyan relaciones políticas y vuelvan a ocupar espacios de representación que habían perdido. Esa lógica no necesariamente contradice el reconocimiento del liderazgo de María Corina. Convive con él. En política las alianzas casi nunca eliminan la competencia; simplemente la mantienen dentro de ciertos límites.
Ese será el principal desafío de María Corina Machado durante los próximos meses. No conservar el liderazgo (porque, por ahora, nadie parece estar en condiciones de disputárselo seriamente) sino seguir siendo el actor alrededor del cual termine organizándose cualquier salida política. En otras palabras, demostrar que la transición todavía necesita de su liderazgo, independientemente de que las negociaciones avancen o fracasen.
Quizás esa sea hoy su verdadera apuesta: no ganar lo que se juegue en esta nueva mesa, sino evitar que el resto de los jugadores llegue a creer que la partida puede resolverse sin ella.
Cuarta apuesta: la reconstrucción de la agencia ciudadana
El terremoto dejó una imagen que probablemente permanecerá durante mucho tiempo en la memoria de los venezolanos. No es la de los edificios derrumbados. Es la de miles de personas organizando centros de acopio, preparando alimentos para desconocidos, removiendo escombros o abriendo las puertas de sus casas a familias que lo habían perdido todo. Durante algunos días, la sociedad pareció reaccionar con mayor rapidez que las propias instituciones. Eso confirmó que la solidaridad sigue siendo uno de los principales activos de la población.
Mientras observaba esa movilización no dejaba de recordar un pasaje de Entrada libre, de Carlos Monsiváis. Después del terremoto de Ciudad de México de 1985, la solidaridad fue apenas el comienzo. Muy pronto comenzaron a surgir organizaciones creadas por los propios damnificados para participar en las decisiones sobre la reconstrucción, exigir información, reclamar viviendas o defender intereses comunes. No nacieron para disputar el poder ni para convertirse en partidos políticos. Surgieron porque quienes compartían un mismo problema comprendieron que nadie podía representarlos mejor que ellos mismos.
Hasta ahora, ese segundo momento cuesta encontrarlo en Venezuela.
No porque falte solidaridad. Tampoco porque la ciudadanía deba organizarse alrededor de los partidos políticos. Entre la ayuda espontánea y la política institucional existe un espacio mucho más amplio: el de ciudadanos que construyen organizaciones propias para intervenir en las decisiones que afectan su vida cotidiana. Quizás una de las preguntas más interesantes que deja este terremoto sea precisamente por qué ese paso continúa siendo, ahora, tan difícil entre nosotros.
Tengo la impresión de que el desastre encontró a la sociedad venezolana en medio de un proceso más largo. El 28 de julio millones de personas recuperaron, por un instante, la convicción de que podían actuar colectivamente. La represión que siguió buscó impedir que esa experiencia se transformara en una práctica permanente. El terremoto recuperó ese proceso. De alguna manera, el desastre terminó sacudiendo también los tiempos de reconstrucción de la ciudadanía. Pero no lo hizo de la misma forma para todos.
Dentro de los sectores más militantes del chavismo comienza a hacerse visible un malestar que resulta particularmente interesante porque no proviene de sus adversarios tradicionales, sino de personas que durante años fueron parte del núcleo más comprometido del proyecto bolivariano. Una parte de ese descontento expresa la incomodidad que produce la relación actual con Estados Unidos y el cuestionamiento al tutelaje que hoy condiciona decisiones fundamentales del gobierno. Para quienes construyeron su identidad política alrededor del antiimperialismo, esa transformación resulta difícil de procesar.
Existe, además, otra dimensión menos ideológica y, probablemente, más profunda. Durante años, la Gran Misión Vivienda Venezuela simbolizó la promesa que el Estado revolucionario protegería prioritariamente a quienes sostenían el proyecto bolivariano. El terremoto puso esa promesa frente a una prueba extraordinaria. Muchos damnificados, que se reconocen como chavistas, comenzaron a expresar una sensación de abandono que antes difícilmente aparecía. Lo que parece haberse fracturado es la expectativa de que la pertenencia política garantizaba una protección diferenciada por estar garantizada por el clientelismo. No deja de llamar la atención que algunas de las interpelaciones públicas más duras contra el gobierno hayan provenido precisamente de personas que hasta hace poco se reconocían como parte de esa identidad.
Sería prematuro interpretar esas expresiones como el comienzo del fin del chavismo popular. Pero sí parecen revelar que la identidad bolivariana atraviesa uno de los desafíos más exigentes desde su nacimiento. Si ese malestar continúa desarrollándose, podría comenzar a modificar la relación entre una parte de las bases chavistas y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. No necesariamente porque dejen de ser chavistas, sino porque empiezan a descubrir que la identidad política ya no alcanza, por sí sola, para responder a problemas que afectan su vida cotidiana.
En la oposición el proceso parece seguir otra lógica. La recuperación de agencia iniciada después del 28 de julio continúa siendo visible, pero su principal destinatario ya no parece encontrarse dentro del sistema político venezolano. El desplazamiento del centro de gravedad de las decisiones hacia Washington ha llevado a que buena parte de esa energía busque influir sobre la política estadounidense: sostener el respaldo internacional, impedir cambios de rumbo y mantener abierta la posibilidad de una transición democrática. Esa dinámica explica por qué, en este momento, buena parte de las expectativas ciudadanas parecen dirigirse menos hacia los partidos opositores (e incluso hacia el propio liderazgo de María Corina Machado) que hacia las decisiones que pueda adoptar la administración estadounidense.
Si la mesa de diálogo permanece abierta hasta diciembre, probablemente ambas dinámicas comenzarán a ejercer algún tipo de presión sobre ella. No porque respondan a una misma racionalidad política. Todo indica lo contrario. Mientras una parte del chavismo podría intentar trasladar a la negociación demandas relacionadas con la redefinición de su vínculo con el gobierno, buena parte de la ciudadanía opositora seguirá observando la mesa desde otra preocupación: que el proceso no termine postergando, una vez más, la discusión sobre la legitimidad democrática y las elecciones presidenciales.
Quizás la evolución de esa mesa dependa menos de los acuerdos que consigan alcanzar quienes hoy se sientan alrededor de ella que de la capacidad que tengan estas distintas formas de ciudadanía para introducir nuevos temas, nuevas presiones y nuevas preguntas en una negociación que, hasta ahora, ha estado dominada casi exclusivamente por las élites políticas.
Los rusos también juegan
Cuando escribí el ensayo anterior, la pregunta central era cuál de los jugadores administraría mejor el tiempo. El supuesto era que la partida seguiría desarrollándose sobre un tablero relativamente estable. El terremoto obligó a revisar esa premisa. No porque alterara los objetivos de los distintos actores, sino porque modificó las condiciones bajo las cuales cada uno intentaba alcanzarlos.
Hay una lección metodológica en todo esto que probablemente trascienda el caso venezolano. Con frecuencia analizamos la política como si dependiera exclusivamente de las decisiones de sus protagonistas. El doblete sísmico recordó algo mucho más sencillo: las estrategias nunca se desarrollan en un laboratorio. Existen acontecimientos que nadie controla y que, sin proponérselo, alteran prioridades, redistribuyen recursos y obligan a todos a replantear sus apuestas, los llamados “cisnes negros”. El terremoto fue uno de ellos. Difícilmente será el último.
Venezuela continúa siendo una sociedad sometida a un nivel de incertidumbre excepcional. La evolución de la política estadounidense después de noviembre, el desarrollo de otros conflictos internacionales, la propia dinámica de la mesa de diálogo, las tensiones internas del chavismo o cualquier otro acontecimiento inesperado pueden volver a modificar el escenario sobre el que hoy intentan moverse el gobierno, la oposición y la sociedad. Ninguno de esos factores puede analizarse aisladamente, porque todos terminan afectando la estrategia de los demás.
Quizás por eso, más que preguntarnos quién lleva ventaja en este momento, convenga observar otra cosa durante los próximos meses. ¿Qué actor demuestra mayor capacidad para adaptarse cuando cambian las condiciones de la partida? ¿Quién consigue incorporar a su estrategia los problemas que van apareciendo sin perder de vista sus objetivos de largo plazo? ¿Y hasta qué punto la sociedad logrará dejar de ser únicamente el escenario donde otros disputan el poder para convertirse, cada vez más, en un actor capaz de modificar las reglas de esa disputa?
Todavía no tenemos respuestas para esas preguntas. Hasta ahora, parece que las cartas que se distribuyeron luego del 24 de junio constituirán la mano que se jugará a corto plazo. Los resultados de las elecciones de medio término volverán a barajar los naipes para todos. Que el jugador Estados Unidos tenga el mayor protagonismo en la partida es la principal fortaleza del juego, pero también su gran debilidad. Como dijo el futbolista brasileño Manuel Francisco dos Santos, Garrincha, en el Mundial de Suecia de 1958, “los rusos también juegan”. Y en este caso, el resultado de la partida interna en Estados Unidos puede volver a generar, luego del mes de noviembre, otro cambio de mesa para los apostadores en el póker venezolano.
