Luis Manuel Otero Alcántara junto al doctor Ifrán Martínez Gálvez (FOTO Cubanet, captura de pantalla de un video difundido por una cuenta falsa que se atribuye a la Seguridad del Estado cubana)

El “caso” del artivista Luis Manuel Otero Alcántara ha entrado desde hace tres semanas en una nueva fase, otro hito de la represión política en Cuba. Preferiría equivocarme, pero tengo la sensación de que tantas noticias y comentarios en redes sociales funcionan desde hace tiempo como esos demasiados árboles que no permiten ver bien el bosque. Que en este caso no es otro que la terrible “medicalización” del disidente, su tratamiento institucional como un ente patológico.

Eso explica que Luis Manuel esté ahora mismo en una sala de Psiquiatría del hospital habanero Calixto García, militarizado para la ocasión, y que desde allí la Seguridad del Estado divulgue un video tramposo donde se le ve con una bandeja de comida en la mano y las evidentes huellas de una “camisa de fuerza química” en la mirada.

No se trata de un invento cubano, que en materia de represión ostenta una persistente condición segundona. Desde finales de los años cuarenta, en la Unión Soviética aquellos disidentes considerados especialmente peligrosos para el régimen eran enviados a hospitales psiquiátricos dirigidos por el Ministerio del Interior, donde recibían un tratamiento que incluía varias formas de tortura medicalizada: electroshocks, aislamiento, uso de drogas psicotrópicas, antipsicóticos e insulina. Sin excluir otro tipo de represión más directa, como las golpizas, o el uso de una sábana empapada que, al secarse y encogerse sobre la piel, provocaba un fuerte dolor.

Por las llamadas psijushkas (psicoprisiones) soviéticas pasaron desde escritores como Joseph Brodsky o Andrei Siniavsky, hasta activistas como Vladimir Bukovski o científicos como Andrei Sájarov. Uno de los casos más terribles fue el de Konstantin Päts, presidente de Estonia, que durante la ocupación soviética acabó deportado a Leningrado y condenado a prisión por “sabotaje contrarrevolucionario y propaganda antisoviética”. En 1952 fue ingresado por la fuerza en un psiquiátrico por un síntoma inaceptable: su “persistente declaración de ser el presidente de Estonia”. Peregrinó por varios hospitales para enfermos mentales hasta su muerte, el 18 de enero de 1956.

Todo aquello provocó escándalos internacionales que duraron décadas, hasta que en 1989, dos años antes del colapso del régimen soviético, una delegación rusa enviada al congreso de la Asociación Psiquiátrica Mundial reconoció el abuso sistemático y verificado de la psiquiatría con fines políticos en su propio país.

El punto de partida para aquellos “tratamientos” era muy claro: cualquier pensamiento o actitud que se desviara de la norma revolucionaria era un síntoma inequívoco de desequilibrio mental. El propio Nikita Jruschov declaró en 1959: “De aquellos que se oponen al comunismo, podemos decir con claridad que su estado mental no es normal”. Esa convicción de la jerarquía partidista se extendió con rapidez al ámbito sanitario porque lo característico de una sociedad totalitaria es que una sola ideología política busca regir todos los ámbitos de la vida humana. Entonces, como ahora, la “patologización de la disidencia” se camufló mediante una jerga científica y la manipulación de la salud pública.

Después del Gulag, en las décadas de 1960 y 1970, el sistema socialista convirtió la psiquiatría en su nueva arma contra los “contrarrevolucionarios”. Los llamados “prisioneros de conciencia” fueron internados en hospitales o pabellones psiquiátricos con diferentes excusas. Una de ellas fueron las huelgas de hambre, que se consideraban intentos de suicidio. El régimen adoptaba entonces una apariencia paternal, al no permitir que ningún opositor se quitara la vida por dejar de ingerir alimento. Al mismo tiempo, al ingresar a los opositores en un hospital y no en una cárcel los privaba de sus derechos, los desacreditaba y les restaba apoyos, tanto en su país como fuera de este. Todo con la apariencia de un impecable y solícito profesionalismo. En definitiva, ¿quién va a oponerse a la hospitalización de un enfermo?

De este modo, los disidentes recibían diagnóstico psiquiátrico y un tratamiento estándar de fármacos tranquilizantes y antipsicóticos. A aquellos que seguían mostrando señales de resistencia o “inadaptación”, se les daban dosis aún más potentes o se les administraban inyecciones de insulina que causaban un coma hipoglucémico. Otros eran atados a la cama o sometidos a torturas adicionales. Durante años, ciudadanos perfectamente sanos pero desafectos al régimen, fueron diagnosticados como enfermos mentales, puestos bajo la tutela del Estado, retirados de la vida comunitaria, torturados farmacológicamente y transformados en escarmiento público.

La peor década fue la de los setenta. En 1969, Yuri Andrópov, el jefe de la KGB que posteriormente llegaría a secretario general del PCUS, puso en marcha un nuevo plan que aprovechaba la psiquiatría como herramienta contra “los disidentes y sus amos imperialistas”. Específicamente, publicó un decreto sobre Medidas para prevenir el comportamiento peligroso por parte de personas con enfermedades mentales. Psiquiatras de confianza fueron dotados de amplios poderes a cambio de diagnosticar e internar a cualquiera que encajase en la descripción de un agitador político. Eso los convirtió no sólo en responsables de los arrestos, sino también de ciertos interrogatorios. El diagnóstico psiquiátrico aceleraba el mecanismo represivo y evitaba las “molestias” de los procesos judiciales o las sentencias públicas.

El número total de personas afectadas por una “definida locura política” durante este espeluznante capítulo en la historia de la Unión Soviética está aún por determinar. En los archivos de la Asociación Internacional sobre el Uso Político de la Psiquiatría se ha identificado un mínimo de 20 000 ciudadanos que fueron hospitalizados por razones políticas, pero esa cifra se considera muy inferior a la realidad. De hecho, con la llegada al poder de Mijaíl Gorbachov en la década de 1980, numerosos prisioneros políticos salieron de las “psicoprisiones”. En 1986 se liberó a 19; a 64 el año siguiente, pero en 1988 se anunció que de los 5,5 millones ciudadanos soviéticos que aparecían en los registros psiquiátricos, el 30% sería eliminado de las listas. En 1989 se volvieron a revisar estos archivos para encontrar que el número se acercaba a más de diez millones de personas inscritas en “dispensarios neurológicos” para las que había un total de 335 200 camas hospitalarias.

No es difícil relacionar estos precedentes históricos con la situación actual de Otero Alcántara, encerrado desde hace tres semanas en un hospital “por su propio bien”, y sin apenas comunicación con el exterior. Es dudoso que alguien tan sensible no haya querido ir al velorio de su abuela. Y los pocos familiares que hasta ahora han tenido acceso a él son, como se vio hace poco, parte de un circo controlado.

Más que un nuevo paso, la Seguridad del Estado cubana ha retomado con Otero Alcántara las tácticas de décadas anteriores y casos puntuales (me viene a la cabeza César Mora, por ejemplo) en los que el hospital sirvió para rebajar el escándalo de la cárcel. Nada de esto podría hacerse, desde luego, sin la complicidad del MINSAP o de una parte del personal médico, que tal vez siente como un deber ocuparse de ese “enfermo” a quien sus principios o las “malas influencias” lo han llevado a atentar contra su vida.

¿Qué es lo que separa a ese Ifrán Martínez Gálvez, angiólogo y subdirector del Calixto García, de aquellos despiadados psiquiatras del Instituto Serbsky que describían la disidencia como “una forma progresiva de esquizofrenia que no deja síntomas en el intelecto o hacia el exterior, pero causa un comportamiento antisocial o anormal”? ¿Qué “buenas intenciones” empujarán a Martínez Gálvez a pasear con el enfermo Otero Alcántara, su nuevo amigo, por el patio del hospital, para ver si consigue aliviarlo, desintoxicarlo de ese trastorno sutil y pernicioso, que ha terminado implicándolo en una espiral de “inadaptación” social, de conflictos con la autoridad, de “delirios de reforma y de justicia”?

El represor cubano, esos ubicuos agentes de la Seguridad del Estado, cada vez se parece más a los psiquiatras. Bien mirado, el papel del disidente en una sociedad como la cubana no es tan diferente de aquella “esquizofrenia indolente» definida por Andrei Snezhnevsky, con síntomas difíciles de detectar y que para el ojo poco entrenado podía pasar por personas “casi sanas. Para comportarse como activista contra un régimen despiadado, para hacer de ese desacato el centro de tu arte y de tu vida, hay que habitar la marginalidad absoluta o ese otro margen que representa la incurable locura de la libertad.

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