Régimen de Daniel Ortega amenaza la casi centenaria existencia de la Academia Nicaragüense de la Lengua

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Volúmenes editados por la Real Academia Española (FOTO Facebook / Academia Nicaragüense de la Lengua)
Volúmenes editados por la Real Academia Española (FOTO Facebook / Academia Nicaragüense de la Lengua)

El gobierno de Daniel Ortega ordenó retirar su estatus jurídico a la Academia Nicaragüense de la Lengua, lo que llevaría indefectiblemente a su disolución, junto a otras 83 organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que no se han inscrito debidamente en el registro de “agentes extranjeros”, según dispone la ley en Nicaragua.

Medios periodísticos internacionales se han hecho eco de tal decisión por parte de la Asamblea Nacional que responde a un gobierno ampliamente catalogado de autoritario, mientras que la Real Academia de Española (RAE) manifestó su “profunda preocupación por el posible cierre” de esa entidad con sede en Managua.

Este lunes, la RAE lamentó la noticia y sostuvo que privar de “personalidad jurídica a la corporación centroamericana […] causará su desaparición después de noventa y cuatro años de fecunda existencia al servicio del mayor valor cultural de la nación”.

“La Academia Nicaragüense es una institución fundamental para el cuidado de la lengua que han llevado a su más alto grado de excelencia escritores del país como los maestros Rubén Darío, Alfonso Cortés, Ernesto Mejía, José Coronel Urtecho, Lisandro Chávez, Ernesto Cardenal o Pablo Antonio Cuadra, entre otros”, recordó la RAE. “Desarrolla una labor incansable en beneficio directo del pueblo, que es el dueño del idioma, y cumple una función imprescindible en el concierto internacional como parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), a cuyo trabajo mancomunado contribuye de manera ejemplar. La cooperación de Nicaragua a la acción de la ASALE promueve el idioma común como el mejor instrumento de diálogo, concordia y entendimiento entre los pueblos hermanos”.

Antes de reclamar, en solidaridad con los académicos nicaragüenses, “el apoyo y la adhesión de las instituciones públicas y privadas de todo el ámbito hispanohablante”, la RAE respaldó “enérgicamente el legítimo derecho de la Academia Nicaragüense de la Lengua a servir a sus conciudadanos y a hacer posible la participación de Nicaragua, en términos de igualdad, en la preservación del bien cultural superior tanto de la propia nación como de la comunidad de naciones y pueblos que comparten la misma lengua, hoy patrimonio común de casi seiscientos millones de personas en todo el mundo”.

En un tuit, la poeta Gioconda Belli –destacada voz disidente frente al régimen de Ortega– recordó que “la Academia Nicaragüense de la Lengua tiene personería jurídica desde 1928!! Y ahora salen con que no ha llenado requisitos y que le suspenderán personería a una academia que es apolítica por naturaleza. Ni Somoza lo hizo”.

El más reciente post en Facebook de la Academia Nicaragüense reivindicó su historial de aportes a la cultura del país centroamericano tanto como sus actuales proyectos: “Nuestra Corporación ha aportado en los diversos proyectos panhispánicos como el Diccionario panhispánico de dudas, Diccionario fraseológico, Diccionario gastronómico panhispánico, Diccionario escolar, Diccionario panhispánico del español jurídico y Diccionario de americanismos”.

“Actualmente”, prosigue la publicación en redes sociales, “la ANL se encuentra trabajando en la revisión, enmiendas y aportes a la Nueva gramática de la lengua española y al Diccionario de la lengua española”.

“En espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua”, reza la consigna al final del mensaje de la Academia Nicaragüense.

El gobierno de Ortega ha cargado una y otra vez contra escritores y académicos críticos como la propia Belli y el novelista Sergio Ramírez, así como el fallecido poeta Ernesto Cardenal.

De hecho, Ramírez ha sido empujado al exilio, en sus palabras, por “una dictadura enemiga de los libros”.

Según un recuento aparecido en El País de España, sumarían 319 las ONG bajo amenaza del actual régimen sandinista desde diciembre de 2018, unos meses después del gran estallido popular de abril de aquel año.

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