Sucesos del 11-J refrendan un informe de entidades internacionales sobre violaciones de derechos en Cuba

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La Habana, 11 de julio de 2021 / Foto: Rialta
La Habana, 11 de julio de 2021 / Foto: Rialta

La organización no gubernamental Freemuse, junto a otros organismos internacionales veladores de los derechos humanos como PEN Internacional, Christian Solidarity Worldwide y Artists at Risk Connection, denunció en un informe publicado el 6 de julio la recurrencia en Cuba de “ataques a la libertad de expresión artística”, “restricciones de acceso a Internet y servicios en línea”, y “limitaciones al derecho de reunión pacífica”. Apenas cinco días más tarde el estallido social del 11-J, y la violenta respuesta del Estado cubano, vinieron a ilustrar enfáticamente, en una escala inédita, las conclusiones de dicho reporte sobre la situación de esos derechos en la isla.

Este mid-term report –considerado preliminar puesto que se publica a mitad del plazo entre el Examen Universal Periódico (EPU) de 2018 sobre Cuba y la presentación del siguiente en 2023– diagnostica que el país caribeño “no ha implementado adecuadamente las recomendaciones planteadas con relación a la libertad de expresión, y en particular a la expresión artística”, y de hecho sostiene que, desde la presentación del último EPU, ha ocurrido “un deterioro importante en las libertades fundamentales, cuando artistas, periodistas independientes y activistas por los derechos humanos han sido sujetos de censura sistemática por parte de las autoridades cubanas”.

Freemuse –con estatuto de consultora independiente para la Organización de Naciones Unidas– fundamenta esta valoración en el registro, entre 2018 y 2020, de casi cien casos documentados de violaciones a la libertad artística en Cuba, la mayoría de ellos ocurridos tras la implementación de los polémicos decretos 349 y 370, que penalizan la creación independiente y la libre difusión de información, respectivamente.

“Particularmente afectados por estas violaciones son los miembros del Movimiento San Isidro (MSI) y aquellos dentro del colectivo artístico 27N en respuesta a sus acciones que generan preocupación por la escalada de la represión en Cuba y el deterioro de las expresiones artísticas y creativas libres”, se lee en la web de Freemuse.

El informe destaca a manera de ejemplo hechos como la represión ejercida por parte de las autoridades cubanas contra los actos de denuncia organizados por el MSI entre abril y diciembre de 2018. Asimismo, rechaza en tanto actos violatorios de derechos humanos las desapariciones forzadas, las detenciones preventivas y las medidas de prisión domiciliaria, además de la privación del acceso a Internet, a que han sido sometidos en los últimos años numerosos artistas, escritores y periodistas independientes; modus operandi acentuado durante la pandemia de COVID-19, pues el gobierno cubano se habría escudado en las normas de prevención del contagio para intensificar la represión política. Denuncia igualmente las penas de cárcel contra artistas y activistas (Denis Solís o Luis Robles son casos previos al 11-J) que expresan pacíficamente su desacuerdo con el gobierno

Además, el documento hace referencia a los sucesos del 27 de noviembre, tras los cuales las autoridades del Ministerio de Cultura renunciaron a abrirse al diálogo que exigía un grupo de artistas e intelectuales, mientras en paralelo se daba vía libre a la represión ejercida por los servicios de Seguridad del Estado.

A raíz de los acontecimientos de este 11 de julio, y las jornadas inmediatamente posteriores, cuando una sorprendente ola de protestas multitudinarias recorrió gran parte de Cuba, la vigencia de las denuncias sistematizadas en el informe preliminar de Freemuse crece exponencialmente.

Diversos testimonios de participantes directos en las demostraciones [algunos publicados por Rialta corresponden a artistas e intelectuales: Solveig Font, Iris Mariño, Daniel Triana…], además de una abundante evidencia gráfica que circula en las redes, apuntan a que las fuerzas del régimen respondieron con violencia física ampliamente desproporcionada –y también con arrestos a posteriori, así como juicios exprés sin todas las debidas garantías– a lo que fueron en su mayoría, y en especial antes de la contestación represiva del Estado, manifestaciones de carácter pacífico.

Además, la empresa de telecomunicaciones gubernamental, ETECSA, ejecutó por varios días un apagón general de los servicios de internet a fin de invisibilizar el alcance de las protestas y, sobre todo, el despliegue represivo en las calles de la isla. De tal manera, se extendió a toda la ciudadanía lo que hasta entonces había sido un procedimiento empleado selectivamente en el caso de opositores políticos, activistas de derechos humanos y artistas contestatarios.

La curadora Solveig Font y el actor Daniel Triana, en La Habana, y la actriz Iris Mariño, en Camagüey, entre otros cientos de personas, fueron arrestados sin orden judicial e impedidos de ponerse en contacto con sus allegados, a quienes durante muchas horas, incluso días, no se les notificó sobre sus detenciones.

Al mismo tiempo, sus testimonios indican que fueron amenazados con una probable acusación por el delito de “desorden público”, pese a que se manifestaban pacíficamente y ejercían un derecho reconocido por el Artículo 54 de la Constitución vigente desde 2019, que sanciona la libertad de “pensamiento, conciencia y expresión”.

También la judicialización de la disidencia política se ha multiplicado en las últimas semanas: el caso del joven fotógrafo Ányelo Troya, declarado culpable por  “desorden público” y condenado a un año de privación de libertad en un juicio sumario colectivo (junto a otras 11 personas) durante el cual no tuvo derecho a defensa, y su posterior liberación en medio de una campaña en redes para su excarcelación, demuestra la discrecionalidad y la arbitrariedad de la administración de justicia cuando se interpela al poder político en Cuba.

“Durante el tercer ciclo del EPU en 2018, Cuba aceptó 226 recomendaciones, anotó 83 y rechazó 30 de un total de 339 recomendaciones recibidas”, recapitula el informe parcial dado a conocer este julio.

Esta vez las organizaciones internacionales encartadas recomiendan al gobierno de La Habana 1) “ratificar e implementar inmediatamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”; 2) “derogar los Decretos 349 y 370” puesto que “ambos decretos son ilegítimos según el artículo 19 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”; 3) “aceptar las invitaciones permanentes de los Procedimientos Especiales de la ONU para visitar Cuba, en particular el Relator Especial en el campo de los derechos culturales y el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión”; 4) “cumplir con la resolución 40/6 de 2019 del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a participar en la vida cultural, y 5) “abstenerse de imponer sanciones penales a las personas y grupos de personas que pretendan actuar colectivamente y constituirse en asociación”.

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