Testimonio del 11-J: “Mi proceso no ha terminado, sigo bajo investigación”

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Momento en que detienen a Iris Mariño en la calle Matadero, en Camagüey (foto tomada de la cuenta de Facebook de Mario Junkera, esposo de Iris).
Momento en que detienen a la actriz y fotorreportera Iris Mariño en la calle Matadero, en Camagüey (foto tomada de la cuenta de Facebook de Mario Junkera, esposo de Iris).

La protesta

El domingo 11 de julio, alrededor de la una y treinta, quizás dos de la tarde, salí de mi casa. Me uní a un grupo de personas. Había muchos mensajes en las redes sociales. No sabíamos exactamente para dónde íbamos. En el camino encontré a varios artistas que conozco. Iban para la Plaza del Carmen, un lugar muy céntrico en la ciudad de Camagüey, cerca de mi casa. Y me dirigí hacia allí.

Una cuadra antes de llegar, en la Plazuela de Bedolla, vi reunido a otro grupo de artistas, alrededor de veinte. Músicos, artistas visuales, actores y actrices como yo. Nos unimos.

“¡Patria y vida!”, empezamos a gritar. Un grito que defendemos. Al final decidimos trasladarnos al parque Ignacio Agramonte, un punto importante de la ciudad, mientras se iban sumando personas. En nuestros ojos se veía el festejo de ese grito de libertad. Siempre fue una protesta pacífica.

Avanzamos por la calle Cisneros Betancourt y nos dirigimos hasta la Plaza San Juan de Dios. Apenas estábamos entrando a la plaza llegó una patrulla. Había agentes de la Seguridad del Estado (SE) y policías. No quisimos ningún enfrentamiento, por eso los rodeamos y nos trasladamos hacia la calle Lugareño.

Llegamos hasta el lugar que se conoce en Camagüey como las cinco esquinas y entramos a la calle Matadero. Nuestra intención era bordear el río Hatibonico, cruzar el Casino Campestre y luego llegar hasta el Gobierno Provincial.

Me había adelantado un poco del grupo. En la calle Matadero alguien gritó:

—¡Vamos hacia atrás, vamos a unirnos al grupo, no nos podemos separar!

Cuando fui hacia atrás vi a uno de los agentes de la SE que atiende a la Cultura en Camagüey, Richard Álvarez Medina. Él tenía delante a un grupo de personas, pero me focalizó. Caminó hacia donde yo estaba. Había decidido arrestarme.

Di dos pasos hacia atrás; di media vuelta e intenté irme. De todos modos él llegó hasta mí. Me aplicó una maniobra de inmovilización y me arrastró fuera del grupo. Pidió ayuda a dos policías. Alzada por las extremidades, entre los tres me llevaron hasta la patrulla 405, parqueada en Lugareño.

—Soy madre, mujer cubana. Mi hijo y mi esposo necesitan saber dónde estoy. Necesitan saber que me han detenido. Me están secuestrando. Esto es un secuestro –fue lo primero que pensé.

Nadie me dijo: “por favor, acompáñenos”. Nadie se presentó: “soy agente de la Seguridad del Estado, por favor, ¿me puede acompañar?”

El trayecto hasta la Segunda Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) demoró entre siete y diez minutos. Uno de los policías que me trasladó hasta allí le dijo al oficial que nos recibió:

—Ella es un caso de la Seguridad.

Diez días de celda

Me pidieron que me sentara en el patio interior de la unidad. Después de una hora, tomaron mis datos personales. Acto seguido me condujeron hacia el calabozo, donde el capitán Juan Pérez de Corcho, segundo al mando de la unidad, con el número de identificación 34862, se presentó. Le solicité de inmediato que me permitieran llamar a mi casa. Estuve pidiendo que me dejaran comunicarme con mi familia desde que llegué a la unidad. Explicaba que era madre y que tenía un niño menor de edad. Ese señor me autorizó a hacer la llamada. Pero fue él quien llamó. Me pidió el número y llamó a mi casa.

En mi casa nadie contestó. Le pedí de favor que llamara a un vecino:

—Iris Mariño está detenida. Dígaselo a su esposo Mario Junkera.

El vecino no llegó a dar el mensaje. Mi esposo pasó más de treinta horas sin saber dónde me encontraba. Llamó a todas las unidades de la policía, a los centros médicos, y nadie le dio respuesta sobre mi paradero.

En la unidad policial estuve primero (alrededor de dos horas) en una celda diferenciada que sirve como lugar de castigo para oficiales. Una celda con iluminación, agua potable, cama, colchón y servicio sanitario. Luego me trasladaron a una celda completamente oscura de tres por tres metros. Tan oscura que no podía ver mis manos. Había olor a cucarachas, sonido de ratones, humedad, un baño tupido. Ahí estuve aproximadamente cincuenta horas. Insisto: no podía ver las palmas de mis manos.

Los agentes tenían que encender la luz de sus teléfonos e iluminar el interior de la celda para poder verme, identificarme, y pedirme que bajara a desayunar, almorzar o comer.

Después de permanecer por más de dos días en esa celda me trasladaron hacia otra un poco más iluminada, con un espacio de uno por dos metros. Aquí estuve 24 horas. Sí tenía baño. Pasé por tres celdas en esa unidad donde me retuvieron por cinco días (120 horas).

El viernes 16, el mayor Wilfredo, oficial penal, asumió mi caso (expediente 292). Me trasladó para la Unidad Provincial de Operaciones (UPO) del Ministerio del Interior, junto a los reporteros Henry Constantin y Neife Rigau. Aquí me encerraron por otros cinco días. Diez días de detención en total.

Me llevaron hasta la celda de las mujeres. Esta medía tres por tres metros, con baño. Había otras dos mujeres allí cuando entré: una señora, también arrestada en la marcha del día 11, y otra, detenida por delitos anteriores.

De esa celda no podíamos salir. Desayunábamos, almorzábamos y cenábamos allí. No me llevaron nunca a tomar el sol. Podíamos salir sólo a los interrogatorios y al servicio de salud por alguna urgencia médica. Caminé tres veces a la enfermería. La primera para que me dieran un calmante porque tenía cefalea. En otra ocasión para ponerme la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y luego para hacerme una prueba de antígeno rápido que dio negativo. Veinticuatro horas antes de esto último, había sido contacto de una mujer positiva al virus en la celda.

Allí en la UPO es donde me notifican por primera vez que tengo derecho a un abogado. También me informaron que estaba siendo procesada por desorden público y que piden prisión provisional.

Fui interrogada en cinco ocasiones. Al décimo día se reunió conmigo Camilo Recio, un fiscal que tomó declaraciones sobre los hematomas que yo tenía en el brazo derecho y la pierna izquierda. Anterior a este momento, ningún oficial o personal de salud había notificado las lesiones.

Diez días angustiosos. Recordé todo el tiempo que era un proceso injusto. Los últimos cinco días en la UPO fueron los más tristes porque allí había mujeres desesperadas que no tenían herramientas para calmarse. Algunas fueron detenidas en la marcha pacífica y no tenían consciencia de sus derechos. Tuvimos que darnos mucho apoyo. Nos abrazamos. Lloramos juntas.

Desde la primera vez que me interrogaron en la UPO me dejaron claro que estaba siendo sancionada por el delito de desorden público. Remarcaron que tenía antecedentes de usurpación de capacidad legal. En el año 2017 me abrieron esta causa por ejercer el periodismo sin tener título universitario que lo avalara. Yo soy graduada de Teatro en la Academia de las Artes Vicentina de la Torre. Mi título dice Bachiller en Artes, actriz, pero no dice periodista. Por eso, según ellos, no debo ejercer el periodismo independiente.

En aquella ocasión el proceso fue archivado. Ahora, como amenaza, lo sacaron y me dijeron que se sumaba al delito actual de desorden público. Por eso permanecería en prisión provisional, aseguraron. Agregaron que podía sufrir cinco, diez, quince, veinte años de prisión provisional. Esas amenazas constantes me las hizo un oficial que se identificó como Maikel, agente de la SE.

Luego de esas amenazas me reuní con el mayor Wilfredo, oficial penal que lleva el caso. Me confirmó que estaba siendo procesada por desorden público. Dada la gravedad del hecho, sería juzgada –concluyó. Rápidamente le pedí explicaciones, porque tengo entendido que el delito de desorden público tiene varios niveles ante los cuales se puede poner una multa, un acta de advertencia. Él me dijo que no, que yo tengo antecedentes, y que por la gravedad del asunto, sería juzgada –repitió.

La prisión domiciliaria, la investigación, la espera

El miércoles 21 mi esposo contrató a un abogado que presentó un cambio de medida cautelar: de prisión provisional a prisión domiciliaria. El cambio fue concedido. Me trasladaron a mi vivienda a las seis de la tarde. No me entregaron ningún documento legal.

Me dejaron claro que estoy bajo un proceso de investigación que no ha concluido. A partir del día 11, ellos tienen hasta sesenta días para desarrollar ese proceso de investigación que puede terminar en un juicio que, a su vez, puede terminar con una pena de tres meses a un año en prisión. El proceso también pudiera terminar en una multa o carta de advertencia.

Actualmente estoy bajo incertidumbre. No sé qué pueda pasar. Sí estoy segura de que salí a una marcha de paz. Por el respeto, el diálogo y el entendimiento; por la democracia y la libertad de Cuba, principios en los que creo.

Asumo las consecuencias porque fue mi decisión salir el domingo 11 de julio a manifestarme. Es algo que siempre he dejado claro: “no me arrepiento de haber salido a la marcha”. Lo hice como madre, mujer, trabajadora y cubana. Para mí fue un honor y una satisfacción haber participado en esa marcha, haber sido parte de esa historia. Ahora, si los represores de la SE creen que es un delito y debo pagar por él pues asumo las consecuencias.

Triste. Estoy triste. Sé que mi familia está viviendo un proceso que no es común. Nunca habíamos pasado por algo así. Tengo un hijo menor de edad, tengo un esposo y una familia. Hemos conversado. Sabemos todo lo que puede pasar. Ellos me apoyan. El respeto hacia nuestras ideas y principios es algo fundamental.


* Este testimonio es resultado de una entrevista realizada por Edgar Ariel a Iris Mariño.

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