Artistas e intelectuales cubanos rechazan juicios viciados y piden excarcelación de los presos del 11J: “El Derecho no puede subordinar a la Justicia”

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Manifestantes frente a un cordón de agentes de seguridad en las inmediaciones del túnel de la Bahía de La Habana, 11 de julio de 2021. (IMAGEN: Captura de pantalla / Video de Rialta)
Manifestantes frente a un cordón de agentes de seguridad en las inmediaciones del túnel de la Bahía de La Habana, 11 de julio de 2021. (IMAGEN: Captura de pantalla / Video de Rialta)

Más de cuarenta artistas e intelectuales radicados dentro y fuera de Cuba se unieron este lunes en un “Manifiesto contra el silencio, por la justicia” para exigir al poder en la isla “la excarcelación de nuestr@s compatriotas” sometidos recientemente a “penas ejemplarizantes que, en varios casos, superan los veinte años de cárcel” por tomar parte en las masivas protestas ocurridas los días 11 y 12 de julio de 2021.

Los firmantes abogan de igual modo por “la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a Derecho, de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido”; un proceso cuyo inicio correspondería a “una Amnistía o fórmula similar” que, apuntan, “puede ser objeto de debate”.

“El Derecho no puede subordinar a la Justicia”; tal es la divisa conclusiva de un texto que se dirige en particular “a la Comunidad Artistica e Intelectual cubana” y que rechaza “ la prolongación y vicio de los juicios”.

Comienza el documento exponiendo ácidamente la reacción gubernamental a las manifestaciones del 11J: “Cuba fue sacudida por un estallido social, que tuvo como respuesta un despliegue represivo de las fuerzas militares del Estado. Estos sucesos desembocaron en el uso desmedido de la violencia que trajo como consecuencia inmediata la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, allanamientos de moradas, golpizas a manifestantes y detención de más de mil ciudadanos”.

“A este episodio de desobediencia civil le han seguido procesos judiciales a más de quinientos ciudadanos, donde se han dictado penas ejemplarizantes que, en varios casos, superan los veinte años de cárcel”, prosigue el Manifiesto, antes de subrayar que en Cuba “el derecho a manifestación continúa, pese al anuncio de las autoridades, pendiente de regulación”.

Es por ello, sugiere la declaración, que “el Estado responde con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica, que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos”. Y establece a continuación: “No son equiparables las responsabilidades de un manifestante que daña un objeto o bien ajeno, con las de quien agrede –siendo agente del orden o civil– a otro ciudadano”.

Un manifestante es conducido por la policía durante las protestas del pasado 11 de julio en Cuba
Un manifestante es conducido por la policía durante las protestas del pasado 11 de julio en Cuba

El texto –entre cuyos firmantes aparecen el cineasta Fernando Pérez, las artistas Sandra Ceballos, Tania Bruguera, el crítico e historiador Rafael Rojas, los escritores Uva de Aragón, Alex Fleites y Jorge Fernández Era, los académicos Carmelo Mesa-Lago y Haroldo Dilla, los economistas Omar Everleny Pérez, Pedro Monreal y Mauricio de Miranda– sostiene cinco puntos que emplazan a las autoridades y a otros actores del espacio público en la isla.

De acuerdo con el Manifiesto, I) “Esos cubanos y cubanas sólo han ejercido su derecho a tener derechos [y] deben ser procesados de modo proporcional y conforme a derecho, jamás punitivamente”; II) Las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana –más allá de simpatías ideológicas o militancias políticas– para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país. […] Hay desproporción de las condenas, vulneraciones en los estándares procesales vigentes –según la legislación cubana e internacional– y una exhibición ejemplarizante de los procesos por la prensa estatal nacional”; III) “Es un deber intelectual general de académicos y artistas, en cualquier época y sociedad, condenar la violencia y la arbitrariedad sin dobles raseros; sin dispensas ideológicas o subterfugios de realpolitik. […]”; IV) “Es un deber humanista concreto acompañar a las víctimas de la violencia de Estado si entendemos que lo sucedido entre el 11 y el 12 de julio fue, como en toda Latinoamérica, un estallido social expresado mediante la desobediencia civil, resultado de la mala gestión gubernamental de la economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación socio-políticos en Cuba”; V) En este momento inédito y triste de la historia cubana, llamamos a nuestros colegas intelectuales y artistas a acompañarnos. […] Nadie es ajeno en la actualidad a los acontecimientos, los testimonios y los desenlaces”.

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Desde hace meses, grupos de activistas y la prensa independiente cubana han reportado, primero, sobre la ejecución de juicios sumarios contra manifestantes del 11J, y más recientemente sobre estos procesos “ejemplarizantes” –las penas van de seis a 30 años de privación de libertad– que incluyen largas penas impuestas a menores de edad.

La semana pasada, medios internacionales también se hicieron eco de las condenas contra 129 ciudadanos –entre los más de mil detenidos en julio últimos y al menos 790 acusados, según las cifras admitidas por las autoridades–, que suman en total 1916 años de prisión.

En declaraciones a EFE a raíz del Manifiesto aparecido este lunes, el ensayista Rafael Rojas insistió en que “el castigo que se está aplicando a estos jóvenes es excesivamente punitivo, hay delitos que no se ven claramente justificados con la información que tenemos a disposición”.

Incluso el trovador Silvio Rodríguez, crítico sólo eventual y tradicionalmente un opinador cercano al oficialismo cubano, no pudo esta vez omitir su desacuerdo: “Si cometieron los actos de violencia de que se les acusa, de acuerdo en que sean juzgados y que se les apliquen las penas correspondientes”, escribió en el ciberespacio. “Pero que yo sepa no mataron a nadie. ¿Condenas de 15, 20 y 30 años por desórdenes públicos? No me parece justo”.

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Cubanos protestan contra el Gobierno en el capitolio habanero el pasado 11 de julio (FOTO EFE)
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