Quién puso la mesa

La semana pasada, mientras el sistema eléctrico nacional se desplomaba por enésima vez, una doctora en ciencias –profesora universitaria, teórica de la propaganda oficial– escribió a oscuras que si el nieto de Raúl Castro puede contribuir a que ella tenga luz, pues que negocie el nieto. Un trovador que fue durante décadas la banda sonora del oficialismo pidió disculpas públicas por haber sido ingenuo. La madre de la jefa de comunicación del Palacio de la Revolución preguntó en las redes si alguien podía bajar de la nube al muchacho: zapatero a sus zapatos. Y el muchacho (Rolex en la muñeca, Hugo Boss en el torso, portafolio Ferragamo, cuarenta y dos años, coronel del Ministerio del Interior, nietísimo y guardaespaldas de su abuelo) le contaba a USA Today que a él le duele que los cubanos no vivan como él vive. No es el guion de una sátira: todo esto sucedió en la misma semana en que el Partido Comunista, única organización política legal del país, confirmó por escrito que ese muchacho, Raúl Guillermo Rodríguez Castro –el Cangrejo, como se le dice en la isla–, es el interlocutor de Cuba ante Washington “por decisión de la máxima dirección del país”.

Detengámonos en la fórmula, que no tiene desperdicio. La “máxima dirección del país” no es el presidente, ni el Consejo de Estado, ni la Asamblea Nacional, ni órgano alguno que figure en la Constitución de 2019: es una entidad sin rostro, sin acta y sin mandato, que decide por encima de todas las instituciones formales y que el aparato invoca con la naturalidad de quien cita el registro de la propiedad. Cuando el vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central, Elier Ramírez Cañedo, escribió esa frase en Facebook, no cometió una indiscreción: levantó un acta notarial. Guy Debord llamó al espectáculo “el discurso ininterrumpido que el orden presente hace sobre sí mismo, su monólogo elogioso”, el autorretrato del poder; y pocas veces un poder ha posado con tanto esmero para su propio óleo (oficina de protocolo por fondo, Rolex por cetro, un diario extranjero por pincel). Lo que no estaba en el encuadre era el coro.

Pero el coro salió enseguida, desde adentro, a administrar el escándalo. El primero fue Carlos Alzugaray, exdiplomático de larga carrera, veterano él mismo –se encarga de recordarlo– de las negociaciones discretas con Washington desde los tiempos de Kissinger. En La Joven Cuba, ese gabinete donde el castrismo ensaya sus autocríticas de salón, el ilustre exdiplomático sometió el perfil a un peritaje implacable: contó las palabras del reportaje (4.164, de las cuales solo 262 son atribuidas al entrevistado), impugnó la escenografía (“Esa no fue la oficina ni de Fidel ni de Raúl […] Esa es una oficina o salón de protocolo”) y preguntó, con candor de archivista, por qué semejante confirmación se publicaba en una red social y no en el Granma o en Cubadebate. Ante la noticia de que un guardaespaldas negocia el destino de un país entero por designación de una entidad fantasma, los problemas del profesor resultaron ser aritméticos, inmobiliarios y de protocolo editorial. Días antes se había declarado incapaz de creer que instancia alguna del poder cubano hubiese autorizado “algo tan burdo”, y en el camino nos regaló su tarifario moral completo: el coronel Alejandro Castro Espín, pariente, negociador sin cargo público, jefe de una comisión que no aparece en ley alguna, fue en su momento un alto funcionario de prestigio; el coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, pariente, negociador sin cargo público, vocero de una decisión sin firma, es una vulgaridad que su fe institucional no consigue digerir. Hay currículos que funcionan como coartadas; hay ironías que se escriben solas.

Hace unas semanas, en una mesa de LASA en París, uno de los firmantes de esta columna lo escuchó comentar, con la naturalidad de quien habla del clima, que en su barrio los cacerolazos se oyen casi todas las noches, y que, si eso era así en su barrio, no quería ni imaginar la intensidad de las protestas en el barrio de su empleada doméstica. Una empleada doméstica, dicho así, en Cuba, en 2026, por un comunista de viejo cuño… El comentario pasó sin mayor eco, como pasan las verdades dichas en confianza. El hombre sabe lo que suena de noche en la isla y sabe a cuántos barrios de distancia le queda el ruido, pero lo que decidió auditar fue de quién era una oficina.

Le siguió Michel Torres Corona, abogado y comunicador del aparato, con el artículo “El cangrejo y el vampiro”, consagrado a la impudicia de los nietos: la CNN que llega hasta la casa de Sandro Castro “como quien filma a un animalito del bosque”, el reloj, la cadena, la camisa de los Yankees con el apodo estampado, y la pregunta final, casi dramática: ¿qué justifica su impunidad? En el camino, el joven fiscal de los príncipes dejó caer una confesión que vale por todo su alegato: por años, escribió, los revolucionarios hicimos caso omiso a la forma de vida de esos sujetos, porque cuestionarla era, por transitividad, cuestionar a la dirección de la revolución. (Leyó la entrevista, cuenta, durante el apagón nacional, con un retazo de cobertura: el país a oscuras aparece en su texto como nota al pie de su indignación.) Y cerró la semana Israel Rojas, el trovador del catalejo, que preguntó si sigue vigente el código de ética de los cuadros, evocó los rigores éticos de otros tiempos, escribió “Mil disculpas. He sido ingenuo”, al tiempo que sentenciaba que “ninguna familiaridad ni jovialidad de un dirigente revolucionario puede excusar saltarse, ni siquiera simbólicamente, la institucionalidad del país” y archivó el expediente con dos palabras: “Allá ellos”.

Václav Havel escribió que la función originaria de la ideología es “servir de coartada”. El coro de la semana es una fábrica de coartadas trabajando a tres turnos. El exdiplomático no discute el poder: discute el decorado. El comunicador no pregunta de dónde salió la casta que denuncia: pregunta quién dejó entrar a la cámara. El trovador no rompe con el sistema que fabricó lo que lo avergüenza: rompe con los muchachos que lo exhiben, y se absuelve en el mismo párrafo. La discusión no es sobre la herida: es sobre el vendaje; no sobre el privilegio, sino sobre su mal gusto; no sobre el poder, sino sobre su fotogenia… Para los cómplices orgánicos, como los de La Joven Cuba, todos los eventos que revelan al poder en su verdadero rostro son problemas de comunicación, porque nada permite tanto jugar con la cadena y no con el mono, como hablar de la forma y no del contenido. No hay violencia más consumada que aquella que sus propios testigos se encargan de demostrar que no es tal.

El silencio, por lo demás, tiene bibliografía. En 2004, tras una conferencia en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, la politóloga argentina Claudia Hilb y Claude Lefort coincidieron durante la cena en el carácter escandaloso del silencio de la izquierda latinoamericana ante el régimen cubano; de esa incomodidad salió un libro entero, ¿Silencio, Cuba?, que documenta además cómo se fabrica el silencio de adentro: una dinámica que terminó “identificando la conducta virtuosa con la conducta inspirada por el miedo”. En la isla, el silencio se paga con miedo; en las mesas de afuera sale gratis. Dos décadas después, aquel silencio ya no calla; hace ruido: cuenta palabras, exige decoro, confiesa ingenuidad.

Hubo, para ser justos, quien hizo la pregunta completa. Un fotógrafo formado en la prensa oficial le respondió al trovador que apelar a la “guerra cognitiva” era una tomada de pelo, y preguntó sin anestesia qué hace el nieto escolta negociando los destinos de Cuba, quién lo puso ahí y con qué legitimidad: la pregunta elemental de cualquier orden político, quién manda y con qué derecho. La respuesta del aparato tuvo al menos el mérito de la franqueza: lo pusimos nosotros, y la legitimidad no es asunto de ustedes. El primer ministro lo remachó en X: la decisión fue del General de Ejército, en coordinación con el presidente. Un general retirado de 95 años, sin más cargo que un escaño, decide quién negocia el futuro del país; el aparato ideológico llama a eso institucionalidad; describirlo, en cambio, viene con etiqueta de delito: “asesinato de reputación”.

El personaje, por lo demás, importa menos por lo que es que por lo que revela. “Nunca me ha interesado la política –declaró el Cangrejo a USA Today–, pero si en algún momento la revolución me necesita, daré un paso al frente”. Sus defensores, para excusar la frase, la tradujeron: cuando el muchacho dice la revolución, explicaron, no se refiere a una institución, ni a un partido, ni a un gobierno; se refiere a su abuelo. La maniobra es una confesión con forma de exégesis: en la misma oración en que se invoca la institucionalidad cubana se admite que la palabra revolución designa, en su uso correcto, a un anciano y a su casa. La Revolución no existe ya como hecho: existe como apelación al capital simbólico de un proceso que se coaguló en otra cosa. Los analistas rusos Denis Volkov y Andréi Kolesnikov han descrito el porvenir de las élites de su país: en un sistema donde “el poder es igual a la propiedad”, advierten, se está formando “un esquema para la transferencia del Estado como un activo por herencia, dentro de unas pocas docenas de familias”. La fórmula cruza el Atlántico sin pagar aduana, con una sola corrección de escala: en Cuba las docenas sobran. Basta una. Y tampoco es nueva: cuando el deshielo de la era Obama, las negociaciones del lado cubano no las condujo la cancillería sino Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl, coronel también, al frente de una “Comisión de Defensa y Seguridad Nacional” que ninguna ley creó y que en 2018 se esfumó con el mismo sigilo con que había llegado. ¿La diferencia entre aquel coronel y este? El orden de los apellidos. Y la discreción: aquel vivía sus privilegios de la puerta para adentro; este los presume sin rubor. Por eso el escándalo presente es, en rigor, una reseña de estilo: los príncipes no ofenden por existir; ofenden por dejarse ver.

Mientras el coro auditaba relojes y contaba palabras, la finca hacía inventario de otra mercancía. El 7 de julio, entre las cinco y las seis de la tarde, la Seguridad del Estado sacó a Luis Manuel Otero Alcántara de la prisión de Guanajay sin informar a su familia; su condena –cinco años, por envolverse en una bandera y por intentar llegar a una protesta– se extinguía el día 9. No lo entregaron a los suyos: lo desaparecieron, para que no viera la calle antes del destierro. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó una acción urgente, la AU 2357/2026, con plazo perentorio para que el Estado cubano informe; Amnistía Internacional usó las palabras exactas, desaparición forzada. Las palabras del poder, en cambio, cobran en otra nómina: un destierro puede llamarse liberación; una desaparición, traslado; una coacción, “racionalidad política” –así, con ese tecnicismo pulcro, le explicaron los agentes a Katherine Bisquet por qué excarcelaban a Hamlet Lavastida en 2021: a condición del avión–. Todo eufemismo trabaja para el victimario. El viernes le tocó a Maykel Osorbo: lo sacaron de la prisión de Kilo 8 sin aviso y apareció, horas después, en Guanajay –la misma prisión que Luis Manuel acababa de dejar–. Ese mismo día, al padre Castor Álvarez, una de las voces más incómodas de la Iglesia, lo pararon en la puerta del avión que lo llevaba a una ordenación episcopal: regulado. Y la Seguridad del Estado llamó por teléfono a una activista en el exilio para preguntarle cómo iba el parole americano de Luis Manuel: un secuestrador con modales, que llama para saber cómo va el rescate.

¿Hace falta decir qué son los presos en este tablero? Lo dijo el propio negociador, en el perfil que sus defensores aseguran haber leído mejor que nadie: Cuba estaría dispuesta, “bajo las condiciones correctas”, a liberar a las personas consideradas presos políticos. Consideradas: ni presos, ni políticos; considerados. En una sola palabra, la finca declaró su contabilidad: los cautivos son un rubro de exportación, acaso el único que le queda a una economía que hace rato no produce otra cosa. El régimen que no logra encender los bombillos convierte la libertad de un artista en divisa; el que no puede darle luz a Regla y Guanabacoa encuentra siempre combustible para las caravanas policiales. No es incompetencia: es un orden de prioridades. Es, digamos, el negocio.

Conviene entonces decirlo sin rodeos: Cuba no es un estado con instituciones débiles; es una finca familiar con utilería de estado. La distinción tiene más de dos mil años: la política griega nació exactamente donde terminaba la administración de la casa –mandar sin persuadir, recordaba Hannah Arendt, era cosa del hogar, donde el cabeza de familia gobernaba con poderes despóticos que a nadie escandalizaban; el déspota no es, al cabo, más que una familia agrandada hasta ocupar el reino–. Cuba ha hecho el viaje de regreso: el país gestionado como patrimonio, la sucesión resuelta por sangre y no por urna, el presidente como administrador contratado –“Miguelito”, le dice el nietísimo–. El gesto colonial de actuar como el capataz de la finca, vestido de legalidad para parecer legítimo, es aquí más viejo que todas sus constituciones juntas.

En este punto Torres Corona, queriendo insultar a los nietos, produjo sin proponérselo el único diagnóstico exacto de la semana: comparó a los príncipes con los cerdos de Rebelión en la granja. La cita es perfecta; su lectura, exactamente inversa. En la fábula de Orwell los cerdos no traicionan la granja: la consuman. La noche en que los animales descubren el mandamiento reescrito –“todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”–, a nadie le pareció ya extraño que al día siguiente los cerdos supervisaran el trabajo látigo en la pezuña; y en la escena final las criaturas miran del cerdo al hombre y del hombre al cerdo, y ya no saben cuál es cuál. Los cerdos no son el accidente de la granja: son su producto final. Invocar esa fábula para pedir que retiren a dos cerdos de la mesa es invocar el naufragio del Titanic para exigir sillas más cómodas en cubierta. Y hay en el libro un personaje que el fiscal no menciona, quizás porque le queda demasiado cerca: Boxer, el caballo leal que responde a cada revés apretando los dientes –“trabajaré más duro”– y que, cuando al fin los músculos le fallan, es vendido al matarife por la misma granja a la que sirvió sin preguntar. El militante que hoy confiesa haber hecho caso omiso durante años no es ninguno de los cerdos de su alegato: es Boxer camino del camión. La pregunta que el libro obliga a hacerse no es qué nieto resulta más ridículo, ni quién dejó entrar a la CNN, ni de quién era la oficina. La pregunta es quién puso la mesa. Y la mesa no apareció sola: la puso, la pone y la seguirá poniendo el modelo de gestión de la granja, ese del que los indignados conservan todavía un cubierto.

Por eso mismo es inútil, y en el fondo tramposo, pedirle transparencia a la finca. La opacidad no es una falla del sistema que una reforma podría corregir: es su condición de existencia. Un poder cuyo órgano supremo es una “máxima dirección” sin rostro no puede publicar organigramas; una economía cuyo corazón es un emporio militar exento de contraloría no puede declarar patrimonios; el día en que en Cuba se sepa quién decide, cuánto tiene y ante quién responde, el sistema no se habrá reformado: habrá dejado de existir.

En enero, desde la dirección de La Joven Cuba, Harold Cárdenas y Mariana Camejo firmaban un pedido de reformas cuyo título era ya una receta: Para enfrentar el trumpismo, el gobierno cubano tiene que mirarse por dentro. “Es ingenuo –escribían– creer que se puede preservar la soberanía nacional sin atender la soberanía individual”. (¡Ingenuo!: otra vez la ingenuidad haciendo su parte). Seis meses después, el sistema siguió la receta al pie de la letra: se miró por dentro y anunció lo que encontró: un nieto con galones, una dirección sin rostro. Es que la reforma que sueñan los críticos solidarios nunca fue un derecho de la gente: es un tratamiento de conservación, transparentarse lo justo para durar. Lo que esta semana anunció no es, pues, una reforma del castrismo hacia la transparencia; es una reforma del castrismo hacia la desfachatez. El viejo contrato de la mentira –ustedes fingen que nos creen, nosotros fingimos austeridad– ha sido denunciado unilateralmente. Ya nadie jura vivir como el pueblo: ahora el heredero declara que le duele que el pueblo no viva como él. Y a quien no le guste, ya se sabe lo que toca (lleva sesenta y siete años tocando).

La finca, sin embargo, tiene un problema que ningún notario le resuelve: su catastro no coincide con el país. Cuba no se acaba en Cacocum. La misma semana del perfil y sus plañidos, seis barrios de la capital pasaron la noche en la calle: Arroyo Arenas, Jaimanitas, Centro Habana, Alamar, Guanabacoa, Regla (en alguno de ellos quién sabe si toque su caldero la empleada doméstica del exdiplomático); gente a oscuras citándose por las redes, calderos en mano, mientras un policía les explicaba a los vecinos, con una honestidad que ya quisieran los teóricos, que no había luz para ellos porque “ustedes no son un objetivo económico”. Ahí está, completa, la escritura moral de la finca: el hotel cotiza, el barrio no. Pero hace cinco años, un 11 de julio, ese mismo pueblo descubrió una tarde que el miedo se rompe; y el miedo roto no se recompone nunca del todo. Las tiranías no se caen el día que se caen, empiezan a caerse el día en que la gente les pierde el respeto. Los herederos lo saben. Por eso desaparecen a un artista antes que regalarle la foto de su salida de la prisión con la cabeza erguida.

A las fincas no se les pide transparencia: se les pide la escritura de propiedad. La de Cuba lleva un solo apellido desde 1959 y un error de agrimensura que ningún notario le va a corregir: confundió la cerca con el país. Pero el país empieza exactamente donde la cerca se acaba.