Estar a favor o en contra de algo no le otorga a una opinión ninguna legitimidad intrínseca. No hace que sea mejor o peor que otra opinión distinta, no supone que sea verdadera o falsa, no demuestra nada sobre la honestidad o la lucidez o la valentía de quien la sostiene. Calificarla como políticamente “correcta” o “incorrecta” no implica que una opinión sea más disidente o conciliadora, más atinada o absurda, que la contraria.
¿“Incorrecta” o “correcta” para quién? ¿En qué sentido? Todo depende. Porque lo que define el valor de una opinión no es si se decanta a favor o en contra de lo que sea, es por qué, cómo y con qué consecuencias. Lo que importa, en pocas palabras, no es la posición que asume sino el razonamiento que propone.
Una amplia mayoría popular puede aprobar a tal o cual gobernante, pero eso no quiere decir que su gobierno esté entregando buenos resultados. Y una amplia mayoría de quienes escriben en la prensa puede valorarlo negativamente, pero eso tampoco significa que el desempeño del gobernante en cuestión sea malo. Percepción no es hecho, preferencia no es realidad. Las mayorías sirven para tomar decisiones, para crear tendencias o generar presión; con todo, alegar que existen es consignar un dato, no formular un argumento. Para eso sirven, en cualquier caso, la evidencia, la comparación, la lógica. La abultada o escasa cantidad de personas que comparte una opinión no dice nada sobre su validez ni su veracidad.
Democracia es que la mayoría elija libremente quién gobierna, no que la mayoría sea infalible al hacer esa elección. Sin embargo, como escribió el domingo pasado Daniel Innerarity en respuesta al bochornoso disparate que dijo Mario Vargas Llosa (i. e., “lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien”), es muy poco democrático arrogarse la facultad de decretar cómo debe votar la ciudadanía. Por un lado, porque “tenemos una gran facilidad para confundir la discrepancia con el error y a considerar que una opinión diferente es una opinión equivocada”. Y, por el otro lado, porque “en una sociedad en la que rige el principio de igualdad política, ¿quién dispone de una clarividencia que le permita distinguir, tratándose de cuestiones políticas, entre lo correcto y lo equivocado de tal manera que los demás no tengamos otro remedio que darle la razón?”.
La arrogante fantasía de que un individuo o un grupo tienen una relación privilegiada con la realidad, de que algo en su condición particular les permite considerarse superiores social, moral o intelectualmente (trátese de una élite económica o una minoría oprimida, de un líder en el poder o un intelectual disidente, de camarillas opositoras o huestes oficialistas, de la izquierda o la derecha, de un experto o una mayoría popular) es incompatible con la premisa democrática de que todas las personas tienen la misma dignidad, el mismo derecho a participar en la vida pública y, por ende, también la misma posibilidad de equivocarse.
La democracia no garantiza que la mayoría tomará las mejores decisiones (cualesquiera que puedan ser); lo que hace es gestionar pacíficamente la inevitable falibilidad humana, institucionalizarla para que provoque el menor daño posible. Su promesa, en suma, no es utópica sino metodológica: no es Platón, es Popper. No es salir de la caverna empuñando la implacable certeza de una verdad revelada; es habitar en un laboratorio donde siempre se duda, se experimenta y se aprende a base de ensayo y error.
* Este texto se publicó originalmente en la revista Expansión Política.
