Una granada nómina de intelectuales de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa pidió este viernes al gobierno de Nicaragua –encabezado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo– que “detenga la represión contra su pueblo”, luego de que el miércoles último 94 personalidades de ese país centroamericano, incluidos respetados escritores como Gioconda Belli y Sergio Ramírez (Premio Cervantes, 2017), fueran desposeídos de su nacionalidad por una corte de Managua sobre la base de legislaciones diseñadas a la medida y sancionadas de manera expedita.
“Son y serán nicaragüenses”, titulan su carta pública más de 450 autores, periodistas, editores, traductores, artistas y músicos, entre quienes destacan los lustrosos nombres del peruano Mario Vargas Llosa y el turco Orhan Pamuk, ambos ganadores del Premio Nóbel de Literatura; los estadounidenses Paul Auster, Siri Hustvedt –esposos, y ambos merecedores del Premio Princesa de Asturias–, Richard Ford y Jonathan Franzen; el británico de origen indio Salman Rushdie; el canadiense (nacido en Colombo, Sri Lanka) Michael Ondaatje; así como el cantautor panameño Rubén Blades, la fotógrafa norteamericana Susan Maiselas, y Suzanne Nossel, directora de PEN America.
“Los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por las recientes acciones del gobierno de Nicaragua y nos solidarizamos con los ciudadanos nicaragüenses a los que se les ha despojado de su nacionalidad”, se lee en esta misiva que también suscriben escritores y periodistas latinoamericanos como Elena Poniatowska, Margo Glantz, Samanta Schweblin, Junot Díaz (estadounidese-dominicano), Leila Guerrero, Héctor Abad Faciolince, Alfredo Bryce Echenique, Juan Gabriel Vásquez, Nona Fernández, Rodrigo Rey Rosa, Guadalupe Nettel, Alejandro Zambra, Carmen Aristegui, Clara Obligado, Claudia Piñeiro, Dolores Reyes, Edmundo Paz Soldán, Eduardo Sacheri, Gabriela Cabezón Cámara, Guillermo Arriaga, Guillermo Martínez, Jorge Volpi, Ariana Harwicz, Laura Restrepo, Luisgé Martin, Marcelo Piñeyro, María Fernanda Ampuero, Eduardo Halfon, Martín Caparrós, Patricio Pron, Rafael Gumucio, Selva Almada, Winston Manrique, Lydia Cacho y Oscar Martínez.
El texto aparecido este 17 de febrero pone en contexto los hechos de los últimos días y semanas en la nación centroamericana y emplaza al poder nicaraguense citando nociones, y documentos, tenidos por universales: “El 9 de febrero de 2023 el gobierno, después de modificar la Constitución de Nicaragua, despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos, incluyendo jóvenes universitarios, militantes políticos, líderes campesinos, sacerdotes y periodistas. El 15 de febrero se despojó a otros 92 nicaragüenses de su nacionalidad, entre los cuales se encuentran el escritor y premio Cervantes de literatura Sergio Ramírez y la reconocida poeta Gioconda Belli. Estos hechos violan el derecho humano fundamental a tener una nacionalidad y la prohibición a que se prive arbitrariamente de ella a cualquier ser humano, consignada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Con las también prestigiosas adscripciones de los estadounidenses Jon Lee Anderson y Susan Choi, los españoles Javier Cercas, Isaac Rosa, Rosa Montero, Juan Cruz, Javier Rodríguez Marcos y Berna González Harbour, los franceses Patrick Deville, Emmanuel Carrére y Muriel Barbery, y el portugués Gonçalo Tavares, la carta abierta recuerda “en los últimos años al menos dieciocho universidades han sido canceladas arbitrariamente como una forma de control ante la rebelión estudiantil de 2018 que dejó 328 muertos, cerca de 2 mil heridos y cientos de detenidos. El gobierno de Daniel Ortega ha cancelado también el estatus legal de más de 3 mil organizaciones no gubernamentales, incluyendo aquellas que defienden los derechos humanos y de las mujeres. Veintiséis medios de comunicación han sido cerrados y más de doscientos periodistas han debido exiliarse”.
“Por si fuera poco”, continúa la enumeración, “desde 2018 se prohíbe la entrada a organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Entre los nombres influyentes del mundo editorial hispanoamericano que se sumaron a la denuncia se cuentan los de Silvia Sesé, de Anagrama; Pilar Reyes, de Alfaguara; Juan Casamayor, de Páginas de Espuma; Sigrid Kraus, exdirectora de Salamandra; Valerie Miles, directora de la revista Granta en español; Aurelio Major, quien dirigió la editorial adscrita a la revista Vuelta, la filial mexicana de Tusquets Editores, y cofundador de Granta en español; Pilar del Río, traductora y albacea de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, y Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
El Tribunal de Apelaciones de Managua adujo hade un par de días delitos considerados como “traición a la patria” en el fundamento de una sentencia que también alcanzó, por ejemplo, a Carlos Fernando Chamorro –fundador y editor de Confidencial, e hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del también periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado a tiros en 1978 por el régimen de Anastasio Somoza–, y a prominentes voces de la política y la sociedad nicaragüenses como Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua o el excomandante de la Revolución sandinista Luis Carrión.
También fueron desterrados esta semana la defensora de derechos humanos Vilma Núñez; la feminista Sofía Montenegro; el exmagistrado sandinista Rafael Solís; el diplomático Arturo McFields, exembajador ante la Organización de Estados Americanos; Humberto Belli, exministro de Educación, y el excanciller Norman Caldera, así como los periodistas Jennyfer Ortiz, Lucía Pineda Ubau, Patricia Orozco, Luis Manuel Chavarría Galeano, Camilo de Castro y Wilfredo Miranda, colaborador este último del diario español El País.
La sentencia –leída por Ernesto Rodríguez Mejía, presidente del citado tribunal– no solo declaró apátridas a los condenados, sino que adicionalmente ordenó “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos”.
“Ténganse a los (94) acusados por traidores a la patria por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente”, establece igualmente el fallo, que considera “prófugos de la justicia” a esos individuos y que encuentra fundamento en la “Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”, aprobada de modo expedito hace solo unos días, y la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, publicada en diciembre de 2020, cuando ya Nicaragua había vivido más de dos años de aguda crisis política bajo régimen de Ortega.
En septiembre de 2021, tras conocerse una orden de detención contra Sergio Ramírez –por presuntamente “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”–, decenas de intelectuales también se solidarizaron en una carta pública con el novelista nicaragüense, cuya persecución describieron como “un atentado a la libertad y un insulto a la inteligencia”.
“Sergio Ramírez no solo es un intelectual de primer orden, sino que también ha sido siempre un hombre comprometido con el destino de su país, al que ha rendido servicios inolvidables”, proseguía aquel mensaje, cuya lista de infrascritos también lideraba Vargas Llosa, viejo lobo de estas lides dialécticas. “Los cargos que se han fabricado contra él –y contra casi cuarenta presos políticos– son la demostración palpable de la deriva represora del régimen, decidido a acallar a sus opositores mediante la cárcel u obligándolos al exilio”.
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