La historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández fue detenida por la policía política cubana y permanece encarcelada mientras que estaría bajo instrucción por el supuesto cargo de “atentado”. Así lo informó este martes 18 de junio su propia hija en una publicación a través de Facebook.
“Soy la hija de Alina y denuncio desde su perfil las graves violaciones a las que está siendo sometida. Mi madre, Alina Bárbara López Hernández, una mujer de 59 años que no porta armas, está siendo instruida de cargos por atentado. Todos comprenderán la gravedad de semejante acto”, se lee en el post que siguió a una primera alerta aparecida en la mañana en las redes de Cuba X Cuba, que codirige la profesora matancera.
La denuncia incluye además la detención de la socióloga Jenny Pantoja. Ambas intelectuales “se dirigían de Matanzas a La Habana”, indicó esa plataforma autodefinida como “laboratorio de pensamiento cívico sobre la nación cubana”. “Según los familiares de la profesora Alina, las han llevado a la estación de La Playa, en la ciudad de Matanzas”.
“Atentado es lo que hacen ustedes cada día contra el pueblo de Cuba, sometido a extrema pobreza y represión”, se afirma también en la publicación a nombre de la hija de López Hernández. “Este Estado que ahora pretende acusarla de atentado, no ha tenido la decencia de imputar a los esbirros que en el arresto anterior le ocasionaron lesiones que requirieron tratamiento médico. Ustedes pasarán a la historia como los represores desvergonzados y prepotentes que son. Los cubanos del futuro se avergonzarán de este período histórico y de este poder mentiroso y corrupto”.
A continuación, se cita ahí la definición del delito de atentado en el nuevo Código Penal cubano: “Artículo 182.1. Quien emplee violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público, o sus agentes o auxiliares, para impedirles realizar un acto propio de sus funciones, o para exigirles que lo ejecuten, o por venganza o represalia por el ejercicio de estas, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años”. Y asimismo: “2. En igual sanción incurre cuando la violencia o intimidación se ejerce en venganza o represalia contra los familiares, cónyuge, pareja de hecho o personas allegadas a los sujetos mencionados en el apartado anterior”.
De acuerdo con esa normativa cubana, la pena correspondiente sería “privación de libertad de tres a ocho años”, y podría ser mayor en caso de concurrir diversas circunstancias agravantes.
A finales de 2023, Alina Bárbara López Hernández fue sometida a un juicio bajo el cargo de “desobediencia” y condenada a pagar una multa de siete mil pesos cubanos en lo que constituyó –según denunciaron ampliamente colegas suyos y otras voces de la sociedad civil cubana— la culminación de un proceso sistemático de “acoso judicial”.
Tras ese desenlace judicial, la también editora y excoordinadora de La Joven Cuba –medio al cual terminó renunciando– se negó a aceptarlo, al considerarlo arbitrario y fundamentalmente injusto, e interpuso una apelación.
Precisamente este lunes, López Hernández recapitulaba la sucesión de hechos que han llevado a su actual presente de contestación política frente al ordenamiento cubano: “Muchas personas creen que Seguridad del Estado me persigue por las protestas pacíficas de cada [día] 18. No es así. La primera vez que Contrainteligencia tocó a mi puerta, el 25 de octubre de 2022, yo jamás había hecho otra cosa que escribir sobre la realidad de mi país con análisis argumentados que en ningún caso apelaban a la violencia (nunca lo han hecho ni lo harán), y sí a las evidencias económicas, sociales, políticas e históricas para proponer la impostergable necesidad de transformaciones profundas”.
“Lo acaecido ese día me llevó a tomar una determinación: escribir no era ya suficiente, debía pensar en un medio de participación política que se aviniera a mi condición de ciudadana que no era miembro de ninguna organización opositora pero que necesitaba protestar ante lo que pasaba en Cuba”, prosiguió. “Dada la proximidad del centenario de la Protesta de los Trece, el 18 de marzo de 2023, decidí salir por vez primera al espacio público en una acción simbólica que llevo más de un año realizando”.
Enseguida, la académica relacionó las diversas formas de represión sufridas desde entonces: “negociaron mi salida de La Joven Cuba con su director, fui detenida, regulada (todavía lo estoy), instruida de cargos, enjuiciada, condenada por desobediencia, golpeada y lesionada”.
“Mi vida y la de mi familia han sido afectadas por esta situación”, subrayó López Hernández a pocas horas de su encarcelamiento este 18 de junio. “Sin embargo, Seguridad del Estado se ha afectado asimismo al no poder lograr lo que evidentemente pretendían: amenazarme, desestimularme, quebrarme y finalmente lograr que negociara con ellos mi salida al extranjero”.
Este martes, diversas voces y organizaciones de la sociedad civil cubana han denunciado en redes sociales su detención y la de Jenny Pantoja –sobre quien no ha trascendido más información–, y han manifestado solidaridad con ellas en lo que se lee como un nuevo episodio represivo contra ejercicio de la ciudadanía en la isla.
En diciembre pasado, La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) condenaba igualmente “la represión política en Cuba y en particular la ejercida [..] en contra de la historiadora e intelectual cubana Alina López Hernández”.
Alina es una contrarrevolucionaria, anexionista y enemiga de la nación cubana