Artistas disidentes cubanos Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo esperan sentencias tras meses de prisión preventiva y un juicio a puertas cerradas

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Luis Manuel Otero Alcántara / Maykel Castillo Pérez (FOTOS Facebook / Luis Manuel Otero Alcántara)
Luis Manuel Otero Alcántara / Maykel Castillo Pérez (FOTOS Facebook / Luis Manuel Otero Alcántara)

Los artistas disidentes cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo Castillo Pérez esperan por sus sentencias desde este martes 31 de mayo, luego de que un tribunal de La Habana los juzgara durante dos jornadas por los presuntos delitos de “atentado”, “desacato”, “desórdenes públicos” e “incitación a delinquir”. Mientras, entidades internacionales y representantes de la sociedad civil cubana independiente denuncian el carácter político de sus respectivos procesos.

En los próximos días se darán a conocer los veredictos tras los testimonios y argumentos aportados tanto por los encartados y sus representantes como algunos testigos.

Las peticiones fiscales respectivas son de siete años de cárcel contra el artista visual Otero Alcántara, una de las cien personas más influyentes del mundo en 2021 según la revista Time, y de diez años contra el rapero Maykel Osorbo, ganador en 2021 de dos Grammy Latinos, incluido el de Mejor Canción del Año, por su participación en el tema urbano contestatario “Patria y Vida”.

Ambos integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) figuran entre los rostros más visibles de la más reciente oposición en Cuba. Han permanecido en prisión preventiva durante largos periodos –Maykel Osorbo, desde el 18 mayo de 2021; Otero Alcántara, desde el estallido social del 11 de julio (11-J) último–, y son considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional.

Según reportes de prensa, este juicio visto para sentencia fue celebrado a puertas cerradas; apenas con la asistencia de un número mínimo de familiares de los encausados, pero sin acceso de los medios internacionales acreditados en La Habana ni de los diplomáticos de naciones como Alemania, Suecia, República Checa, Holanda, Noruega o el Reino Unido que intentaron personarse en la vista oral.

Desde este lunes, activistas políticos y reporteros independientes cubanos denunciaron en redes sociales una serie de arrestos y de retenciones domicialiarias por parte de agentes gubernamentales para impedirles llegar hasta la sede del tribunal o bien realizar algún gesto de protesta.

Una publicación de la semana anterior en el perfil oficial de Facebook de Otero Alcántara preveía un juicio “amañado y manipulado al antojo de la dictadura” y exigía que el mismo fuera “público y abierto”.

Los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (Osorbo).
Los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (Osorbo).

De acuerdo con el jurista cubano Eloy Viera Cañive, las peticiones fiscales contra ambos artivistas “demuestran la decisión del gobierno cubano de aprovechar la ola represiva profundizada después del 11-J para legitimar la prisión a quienes habían decidido no judicializar”.

Recientemente, fueron juzgados en la isla –con penas ampliamente consideradas desproporcionadas y ejemplarizantes– cientos de manifestantes, incluidos menores de edad, de la inusitada serie de protestas sobrevenida el 11 de julio de 2021.

Durante el último año activistas, intelectuales y artistas cubanos y extranjeros, así como varias organizaciones internacionales, han buscado visibilizar los casos de Otero Alcántara y Maykel Obsorbo mediante la emisión cartas abiertas y otras iniciativas.

En cuanto a Osorbo, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas consideró, en la “Opinión núm. 63/2021”, que su situación resulta, en efecto, “arbitraria”.

Realizado un examen completo del caso, esa entidad subordinada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, solicitó a las autoridades de la isla que se adopten “las medidas necesarias para remediar la situación de Maykel Castillo Pérez sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes”. Del mismo modo, requirió que “los actos de intimidación […] terminen y que se lleve a cabo una investigación imparcial y efectiva sobre estos y que los responsables sean llevados ante la justicia”.

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