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Más de cincuenta medios y organizaciones solicitan declarar inconstitucional el Decreto Ley 370 en Cuba

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15 junio, 2020

Organizaciones firmantes del Comunicado Conjunto de Organizaciones y Medios de Comunicación. Apoyo internacional a la petición para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370 en Cuba.

Más de 50 medios independientes y organizaciones de Derechos Humanos han ratificado la petición realizada en Cuba el 8 de junio pasado por activistas ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el presidente de la República para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370. Esta solicitud la habían firmado hasta el 30 de mayo más de 500 personas residentes en Cuba, 3100 de origen cubano y de otras 83 naciones, y fue p ublicada en la plataforma Avaaz.

Bajo el amparo de este decreto, vigente desde el 4 de julio de 2019, decenas de personas “han sido sometidas a interrogatorios, amenazas, y decomiso de medios de trabajo –especialmente de periodistas–, por difundir sus opiniones en redes sociales, y una veintena ha sufrido la imposición de multas”, informaba en mayo pasado otro comunicado suscrito por casi la misma cantidad de organizaciones y medios que ahora confirman su rechazo a la constricción gubernamental en Cuba “de derechos fundamentales”. El anterior comunicado se publicó a raíz de la preocupación suscitada por citaciones policiales y detenciones arbitrarias que tuvieron lugar en el país en medio de la delicada situación epidemiológica causada por la Covid-19.

Las organizaciones y medios de comunicación abajo firmantes han subrayado en esta ocasión que el Decreto Ley 370 “Sobre la informatización de la sociedad en Cuba” “supedita el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a las necesidades estatales e impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales implicados en su uso, como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación”. El decreto, también conocido como Ley Azote, permite al Estado un dominio absoluto sobre la actividad de los internautas al prohibir “el hospedaje de sitios web ubicados en servidores extranjeros que no sean réplicas de los servidores nacionales, declarando ilegales los blogs personales y medios independientes a los que se les niega acceso al dominio «.cu»; permitiendo al Gobierno controlar y acceder a la información personal de los usuarios.” Asimismo, “impide la fabricación, instalación, comercialización de dispositivos asociados a las TIC, sin autorización, afectando el desarrollo de redes comunitarias que garantizan el acceso a internet y reducen la brecha digital.” Además, reserva exclusivamente el derecho de otorgamiento de licencias sobre programas y aplicaciones informáticas al Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM).

El 370 se ha elaborado sobre la base de principios poco definidos que viabilizan a las fuerzas estatales su aplicación indistinta. De este modo, el decreto “sanciona la difusión de información en redes sociales contrarias al «interés social», «la moral» y «las buenas costumbres», categorías que no definen la conducta ilícita e inhiben el debate en el ámbito público y político”, se lee en el comunicado.

“El Estado cubano debe garantizar el derecho de acceso a la información a través de cualquier medio, en particular a través de internet. Insistimos en que penalizar y calificar como contravenciones legales el ejercicio de la libertad de expresión y restringir el acceso y la publicación de contenidos en Internet, esgrimiendo motivos de orden público o seguridad nacional, posee un efecto amedrentador en la dimensión colectiva de los derechos de libertad de expresión y de reunión”, se acota.

El comunicado actual insiste en recordar el carácter inconstitucional del Decreto Ley 370: “Esas restricciones contravienen lo dispuesto en los Artículos 8, 40, 41, 47, 54 y 228 de la Constitución de la República de Cuba y son contrarias a los tratados internacionales ratificados por el Estado, que forman parte del ordenamiento jurídico nacional y que protegen expresamente la libertad de expresión. Entre estos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En virtud de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, el Estado cubano está compelido a proteger la libertad de expresión. Dicho compromiso está reafirmado en el Artículo 47 de la Constitución cubana que reconoce el derecho de las personas al libre desarrollo de su personalidad, y en el Artículo 54 que impone al Estado la obligación de garantizar la libertad de expresión, imprescindible para el goce de otros derechos humanos, cuya restricción ilegítima supone una violación de los principios de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos reconocidos en el Artículo 41.”

La Comisión Internacional de Derechos Humanos “ha advertido que las actividades de vigilancia en Internet son contrarias al derecho a la privacidad y protección de datos personales. Mostró preocupación porque este tipo de seguimiento en línea estaría siendo utilizado como un medio para la identificación de periodistas independientes y disidentes políticos, lo que llevaría al uso de patrones de hostigamiento contra estas personas”.

Suscriben el comunicado las siguientes organizaciones y medios: