Evocando a los demonios del pasado: el Decreto 349 (III)

Varios de los artículos publicados a inicios de 2019 en medios estatales como La Jiribilla, Cubadebate y otros, como parte de la campaña oficial a favor del Decreto 349, apelaban a un argumento ético harto controversial e insistían en que su función era poner coto a ciertas tendencias moralmente reprobables que cobraban cada vez mayor fuerza en una zona “marginal” de la música popular cubana, especialmente en géneros como el reguetón: cuestiones como el lenguaje vulgar, las referencias sexuales explícitas, la apología del machismo y el trato degradante a la mujer, entre otras. Desde el preámbulo al dosier en la edición 853 de la revista digital La Jiribilla, sin embargo, se enfatizaba en que era un rumor falso y una artimaña la “supuesta prohibición del reguetón”.[1]

Un texto de Antonio Rodríguez Salvador explicaba, con portentosa llaneza, que quienes en sus críticas al Decreto esgrimían “frases como: «justicia», «libertad de expresión», «libertad de creación artística», u otras similares”, en realidad estaban “de parte de la vulgaridad, la homofobia, el machismo, la violencia, la banalidad, la discriminación racial, etcétera”. Para demostrar su aserto, Rodríguez Salvador ponía como ejemplo un reporte divulgado por la Agencia Francesa de Prensa (AFP) “donde se afirma[ba] que en Cuba se ha prohibido el reguetón”, y les espetaba a sus autores una breve cadena de preguntas retóricas:

¿Pudieran decir los señores de la AFP en cuál acápite del 349 se define eso? Desde luego, en ninguno, pero hay otra pregunta más poderosa que no solamente los refuta, sino que, además, los ridiculiza: ¿Cómo pudieran explicar que, apenas dos meses después de promulgado el Decreto, su propio firmante, el presidente Díaz-Canel, asistiera a un multitudinario concierto de Gente de Zona en La Habana? ¿Acaso creen que el pueblo cubano es tonto?[2]

Es cuando menos elocuente el hecho de que a Rodríguez Salvador no le bastara refutar una aseveración que creía incorrecta, sino que necesitara además ridiculizar a quien la sostuviese, y es inquietante advertir que, en su opinión, ese afán por ridiculizar fuera considerado como un acto “poderoso”. También resulta revelador –pienso– que la refutación a su refutación la encontremos en el propio dosier donde su artículo vio la luz: en el texto del profesor Ernesto Estévez Rams titulado “El reguetón, la sociedad y lo ideológico”, artículo que no se ahorraba calificativos ofensivos contra quienes cultivan ese y otros géneros de la música urbana actual: “el reguetón y otras músicas de lo humillante”, “el reguetón y otras siembras de vulgaridad”, “el reguetón y otras músicas cercenadoras”, “los reguetoneros y otros músicos con igual proyección de egoísmo encapsulado”, son algunas de las frases empleadas por Estévez Rams a lo largo de su escrito, para rematar con una categórica y terrífica profecía: “tendrá [sic] el reguetón y otras formas humilladoras en el arte sus pocos días contados”.[3]

El texto de Estévez Rams es tajante en varios aspectos que van más allá del Decreto 349 y la música urbana, aspectos cuyas implicaciones para la política cultural del país merecen un análisis muy cuidadoso.

Antes, sin embargo, a propósito de la diatriba de Rodríguez Salvador contra AFP y los objetores del Decreto 349, habría que recordar que solo ocho meses después de la publicación de este dosier, en diciembre de 2019, en la ciudad de Miami, los integrantes del dúo Gente de Zona –Alexander Delgado y Randy Malcom– sufrirían el repudio de una comunidad cubana exiliada que vio en ese mismo concierto al que se refiriera Rodríguez Salvador, y en las expresiones de agradecimiento que tuvieron los músicos por la presencia de Díaz-Canel en el público, un inadmisible espaldarazo a la tiranía de la Isla.[4] En aquella ocasión, Manuel Henríquez Lagarde, director del portal digital Cuba Sí, dio a conocer una reseña donde observaba: “tales linchamientos mediáticos dejan mucho que decir de la libertad de expresión que debería existir en la llamada tierra de la libertad”;[5] juicio que, no obstante su validez universal, se esgrime o ignora a conveniencia tanto en la península de Florida como en el archipiélago antillano, haciendo con ello palmario el empleo instrumental de la argumentación y la naturaleza sofística de los debates que se suscitan desde la trinchera ideológica, así como lo poco que suelen importar a los atrincherados de uno u otro bando la calidad del arte y su autonomía respecto a los intereses que pretenden servirse de él; cuestiones que fueron mencionadas con notable insistencia por varios artistas e intelectuales durante los debates en torno al Decreto 349 y su posible uso para ejercer la censura, y que afloran con sintomática regularidad en las críticas a la política cultural del país.

De tal forma, cuando en octubre de 2020, durante su presentación en el Free Cuba Fest de Miami Beach, Gente de Zona pidió “libertad para Cuba”,[6] los medios estatales de la Isla respondieron con una inmediata andanada de improperios –lanzados otra vez por Téllez Villalón y otros asiduos defensores de la política oficial– contra el dúo,[7] y en febrero de 2021, cuando apareció la famosa canción “Patria y vida”, hasta el mismo Henríquez Lagarde se sumó al linchamiento mediático de la oficialidad cubana contra Gente de Zona y el resto de los músicos que la cantaron,[8] sin que nadie osara entonces recordar que “tales linchamientos mediáticos dejan mucho que decir de la libertad de expresión”, ni que el propio Díaz-Canel había disfrutado junto a su esposa, en aquel concierto de 2018, acaso no la vulgaridad, ni lo humillante de sus canciones, ni el “egoísmo encapsulado” que los músicos supuestamente exhibían, sino la “tremenda gozadera”[9] del que sería su último concierto en La Habana.

Volviendo al artículo de Estévez Rams, es posible reconocer en él una antigua concatenación de errores y simplificaciones que parten de una lectura hiperideologizada de la realidad:

1) que los contenidos son consustanciales a la forma artística, es decir, que esos valores “individualistas” y “degradantes” que comúnmente hallan expresión en el reguetón son intrínsecos a este género musical;

2) que esos valores son extraños a nuestra sociedad –caracterizada por un “reconocimiento social de éxito” que se asocia a profesiones con “una proyección colectiva”, no “al reconocimiento individual sobre la base de cuánta capacidad de consumir ha logrado el sujeto”–, pero se han ido infiltrando de manera subrepticia en ella;

3) que la introducción de esos valores dañinos se realiza a través de una “ingeniería social colonizante”, un proceso “cultivado y cuidadosamente diseñado” contra las fuerzas descolonizadoras de América Latina, como parte de “la contraofensiva cultural del capitalismo consumista”;

4) que el “shock psicológico” provocado en los años noventa por “la debacle del socialismo soviético”, junto a ciertos “errores propios de la práctica real y cotidiana del poder en una situación extrema de asedio”, hicieron que, durante la última década del siglo XX y lo que iba del XXI, “las fuerzas ideológicas de la Revolución” subestimaran “el poder cultural de la contraofensiva capitalista” y permitieran la entrada al país de “productos pseudoculturales colonizadores” –entre los que resaltan “la telenovela soporizante, la literatura de la banalidad, la vulgarización y banalización de lo televisivo”, y el propio reguetón–; aunque

5) en la medida que “se va recuperando la capacidad de respuesta en planos ideológicos y culturales”, y se “va estructurando una contraofensiva ideológica desde lo revolucionario”, se torna posible “recuperar posiciones en todos los planos de la realidad nacional” para construir “un nuevo imaginario colectivo utópico que destierre también la banalidad y lo degradatorio en el arte”.

El problema de esa cadena de errores es que nos retrotrae a un período oscuro de nuestra historia reciente. En ella está implícito, como antes, aquel afán de pureza ideológica que arrinconó por años y pretendió ahogar a sangre y fuego, con su dogmatismo y su esquema simplificador de las dinámicas sociales, toda divergencia en pos de un pensamiento único. Así, si bien Estévez Rams declaraba no aspirar a “una homogeneidad que la historia demostró castrante”, consideraba empero que era “injustificada” la interacción e influencia mutua –que veía como “confusión”– de “ideas del marxismo clásico con escuelas de lo posmoderno, la nueva antropología cultural con sus desconstrucciones poscoloniales, [y el] rescate de cosmovisiones religiosas”; es decir, que de hecho estaba impugnando esa heterogeneidad, ese intercambio entre corrientes de ideas y estilos de vida que había conducido, en los últimos tiempos, a actitudes más tolerantes, más abiertas a la pluralidad de criterios, tanto en la vida como en las ciencias sociales.

Esa postura excluyente, que intenta sostenerse en la presunción de “la superioridad de la sociedad cubana sobre sus contrapartes” –presunción por demás desdeñosa y absurda–, y se atribuye el derecho a cercenar cualesquiera influencias del contexto global que juzgue nocivas o moralmente incompatibles con “nuestros valores”, ya se trate de escuelas de pensamiento o géneros musicales, es, en efecto, idéntica en su raíz totalitaria a aquella otra que, desde fines de los años sesenta y durante los setenta, condujo a la peor etapa de nuestra historia cultural.

Otro texto que repitió esquemas ideológicos similares fue “Decreto 349 y sus alrededores”. Para su autor, Yosvany Montano Garrido, “el acumulado de las corrientes culturales contemporáneas” era una suerte de excusa que los artistas e intelectuales críticos usaban como cortina de humo para desviar la atención pública de sus planes sediciosos, al tiempo que, “con tino corrosivo”, recurrían “a las interrogantes bizantinas, las resignificaciones forzosas y al entrecruzamiento de nociones diversas” en su afán por “conquistar posiciones para guillotinar luego al modelo socialista”.[10] Desde su punto de vista, Montano Garrido advertía que “no pueden hacerse concesiones al criterio generalmente falaz de la tolerancia ideológica”, y hacía una lectura bastante sesgada de la manera como el debate en torno al Decreto 349 había ido desarrollándose. Para él, por ejemplo:

no es accidental que la acción en redes confluyera con el análisis de la Constitución y pretendiera identificar puntos de contacto. Tampoco que, en medio de una transición generacional que se compromete con un diseño oxigenado de la política nacional, sean instalados reiteradamente los balances del pasado, se rehabiliten sospechas y se exorcicen los espíritus de la vida cultural de los sesenta y los setenta.[11]

Esa confluencia “no accidental” era, en su opinión, parte de una sinuosa estrategia urdida “con precisión quirúrgica” para lograr la “neutralización y [el] desmontaje de la institucionalidad revolucionaria”. Sin embargo, pasaba por alto –¿accidentalmente?– tres cuestiones cardinales:

1) que la coincidencia temporal entre la publicación del Decreto y el debate del proyecto constitucional había sido responsabilidad del Estado, no de quienes se veían obligados a su examen simultáneo;

2) que el análisis comparado entre el Decreto y el proyecto de Constitución era no solo una prerrogativa legítima de los ciudadanos, sino un ejercicio necesario, ya que toda disposición legal debe estar en armonía con la llamada “ley de leyes”; y

3) que la memoria histórica, el escrutinio crítico de los acontecimientos y la sospecha son herramientas imprescindibles para impedir que vuelvan a cometerse los errores del pasado o reducir la posibilidad de que se incurra en yerros nuevos por las mismas causas.

Por otra parte, esa tendencia dogmática que fue ganando fuerza desde los años sesenta hasta imponerse como política cultural cubana en 1971, guarda una relación directa con el Decreto 349, de forma que no era forzado ni alevoso, sino pertinente, traer a la memoria lo que había sucedido en aquellos no tan distantes años del siglo XX e indagar en sus posibles similitudes con la circunstancia que se vivía en la segunda década del XXI.

Dos meses antes, el 6 de enero, en el debate suscitado por el blog Cine Cubano, La Pupila Insomne, el crítico de arte Joaquín Borges Triana había señalado:

Inevitablemente al leer una y otra vez el decreto, a mi mente viene lo sucedido con el texto del I Congreso de Educación y Cultura en 1971 o lo acaecido con una canción como “Adiós felicidad”, de Ela O’Farrill. Los protagonistas de aquellos tristes sucesos, o sea, los funcionarios de turno, lo hacían convencidos de que con semejante proceder ellos actuaban en beneficio de la cultura cubana y del pueblo, y la historia demostró que era todo lo contrario.[12]

Para Borges Triana, “[e]l grave problema del 349 […] es que más allá del carácter administrativo y regulador que pueda poseer, echa mano a figuras morales que diluyen su naturaleza administrativa y de regulación para así convertirse en un instrumento de orden inquisidor”.[13] Otros intelectuales y artistas habían expresado ya –o habrían de expresar aún– igual preocupación, lo que para algunos defensores de la política cultural del Estado y su Decreto, como el profesor Carlos Luque Zayas, era apelar sin motivo ni justificación alguna a “los Quinquenios o Decenios negros o grises que se agitan extemporáneamente a cada oportunidad”.[14]

Es cierto, como advertía Carlos Luque, que en más de una ocasión ha reaparecido, durante la compleja historia de la política cultural de la Revolución, el fantasma del Quinquenio Gris. Baste recordar, por ejemplo, aquella poco divulgada “Declaración de los Cineastas del ICAIC”, firmada por casi una veintena de cineastas y críticos cubanos el 19 de mayo de 1991, donde afirmaban, entre otras cosas, que:

en ciertos sectores del país, la idea de que los artistas se dirijan a sí mismos produce inquietud y, a veces, verdaderos estados de alarma. El artista suele ser considerado, según esquema clásico, algo así como un menor de edad y, desde luego, una persona políticamente irresponsable. De ahí la tendencia de ciertos organismos a asignarle “asesores ideológicos” que le impidan desviarse o tropezar. Se genera así un modelo de dirección burocrática de la cultura, modelo que, por cierto, ya fracasó estrepitosamente en la Europa Oriental. Es preciso decir que no merece la gloria póstuma de ser reivindicado en ninguna parte. Mucho menos en un clima como el nuestro, donde nunca llegó a implementarse, salvo en el período conocido como el Quinquenio Gris […]. Imitar es malo, pero imitar fantasmas sería un verdadero disparate.[15]

Sobre la pertinencia del recordar aquel aciago período en el análisis del Decreto 349 y las implicaciones que este tendría para la cultura cubana, y sobre la actualidad de los argumentos que aquellos cineastas expusieron casi dos décadas atrás, valdría la pena pensar. En todo caso, la recurrencia de ese “fantasma” es cuando menos un síntoma que no conviene ignorar. A propósito, en 2019, Juan Antonio García Borrero le respondía a Carlos Luque:

evocar el Quinquenio Gris, los desafueros del sectarismo en los sesenta, las parametraciones del Congreso, etc., nunca va a resultar una evocación extemporánea, porque si no se tiene memoria de lo que no ha estado bien, y solo se resalta lo luminoso, corremos el riesgo de volver a vivir las mismas trágicas experiencias. La memoria selectiva nunca ha sido buena para un proceso que persiguiendo el humanismo pretende crecer sobre la base de la superación de sus errores.[16]

Sin embargo, para Montano Garrido, lo que se ocultaba detrás de todas las críticas al Decreto era la intención malsana de fabricar un estado de opinión en el que parecieran incontrovertibles “la inadaptabilidad de las instituciones de gobierno, su discapacidad para el diálogo con los escenarios actuales y la consiguiente justificación para extinguirlas”. Desde su perspectiva –cuyos puntos de contacto con las teorías de la conspiración son notables incluso cuando decía que su lectura de los hechos “no es un juicio paranoico”–, apelar a argumentos como “[l]a victimización del creador independiente, el fantasma de la censura, la construcción social de un funcionariado dogmático y excluyente, la supuesta prohibición de géneros y expresiones artísticas”, era parte de esa construcción pérfida contra el aparato institucional y el orden interno del país. En consecuencia, llamaba “enemigos” a quienes se oponían a la implementación del Decreto y les atribuía, sin excepción y sin aportar prueba alguna, el afán de “desacredita[r] al sistema en su conjunto amplificando las incoherencias de una de sus partes”.[17]

De esta manera, el debate público en torno a la política cultural del Estado, sus errores y su necesaria adecuación a las circunstancias del presente, algo que los artistas e intelectuales venían reclamando desde que en el mes de julio se publicara el Decreto, fue convertido por los medios estatales en un escenario más de la “guerra cultural” de Estados Unidos contra la Isla, y sobre esta base, se lanzó sobre quien continuara oponiéndose a su implementación un anatema que lo identificaba como cómplice de aquellos “mercenarios” que, en sintonía con la política estadounidense, buscaban “la restauración capitalista”. En consecuencia, el debate en los medios concluyó abruptamente y el Decreto no fue derogado, aunque tampoco podría aplicarse mientras no estuviesen terminadas las normas complementarias que harían posible su implementación.

Poco tiempo después, en su discurso para clausurar el IX Congreso de la UNEAC, Díaz-Canel volvería sobre la exigencia de actualizar la política cultural “evaluando el momento que vivimos, los nuevos escenarios, las plataformas neocolonizadoras y banalizadoras que tratan de imponernos y las necesidades, pero también las posibilidades que con los años y los avances tecnológicos se han abierto”; e insistiría en que las instituciones estatales de cultura debían cumplir su encomienda de apoyar a los artistas en la promoción, difusión y gestión comercial de sus obras:

Se escucha mucho la queja –sobre la cual es importante que actúen las organizaciones de artistas– de que el sistema empresarial o las llamadas industrias culturales, con relación a la creación artística, en cuanto a su producción, promoción y comercialización, se han quedado atrás. […] Sobran las insatisfacciones de artistas y creadores que deben gestionarse absolutamente todo para difundir o promocionar su trabajo, mientras quienes tendrían la responsabilidad de hacerlo ejercen una suerte de parasitismo desde la inactividad. Los artistas tienen el deber de pagar sus impuestos, pero no deberían tener que abonar a las empresas si estas no han tenido nada que ver con los contratos de trabajo, con su promoción ni con su amparo jurídico. Es un secreto a voces que ese parasitismo favorece la corrupción y enmascara el incumplimiento de la función de representación y gestión de oportunidades para el creador y su obra.[18]

Su discurso, apoyado en las Palabras a los intelectuales de Fidel Castro, intentaba –como aquel respecto a la censura de PM y las preocupaciones por la libertad de expresión en el socialismo– suavizar las tensiones que el debate en torno al Decreto había generado. El reconocimiento de errores e insuficiencias en el trabajo de las instituciones, y el compromiso de respaldar la creación artística en que se empeñó Díaz-Canel, buscaban restaurar de algún modo la confianza en un sistema institucional que se había “quedado atrás”, y llamaban a su revitalización frente al avance de los posicionamientos independientes en el arte; aunque venían –como las promesas de Castro en 1961– acompañados por la intolerancia al disenso político y la advertencia contra aquellos artistas e intelectuales que, con sus críticas a la Revolución, “sirven a su enemigo”:

No vamos a limitar la creación, pero la Revolución que ha resistido 60 años por haber sabido defenderse, no va a dejar sus espacios institucionales en manos de quienes sirven a su enemigo, sea porque denigran cualquier esfuerzo por sobreponernos al cerco económico o porque se benefician de los fondos para destruir a la Revolución. Los límites comienzan donde se irrespetan los símbolos y los valores sagrados de la Patria. […] Los ingenuos hacen tanto daño como los perversos. No son tiempos de negar ideologías, ni de descontextualizar. Y nada de esto significa negar la libertad de creación ni hacer concesiones estéticas.[19]

Esos límites no eran una sorpresa, sino la confirmación de aquel camino inaugurado con la tan repetida frase de Palabras a los intelectuales: “contra la Revolución nada”. La cuestión ahora, como antes, estaba en determinar qué se entendía por “Revolución” y cuáles acciones se consideraban contrarias a ella. El habitual eslogan de Díaz-Canel, “somos continuidad”, así como la insistencia suya y de otros defensores del Decreto 349 en que “la política cultural es una sola”, perseguían obviamente el propósito de transferir al gobierno actual y a sus decisiones en materia de política cultural el prestigio que muchas décadas atrás habían alcanzado los “líderes históricos”. Sin embargo, la cuestión de si el proceso revolucionario seguía siendo idéntico a sí mismo en cuanto a sus principios, sus objetivos y sus métodos, era tan pertinente en 2019 como lo había sido ante cada cambio radical vivido desde el 1 de enero de 1959: hasta qué punto esos cambios marcaban etapas dentro de un fenómeno coherente o implicaban una ruptura, la transformación de ese fenómeno en otro; y en base a qué se exigía que nada contrariara a esa entelequia abstracta e indefinida que, desde el punto de vista práctico, era sinónimo del partido único y del gobierno. La ambigüedad del término “Revolución”, en su habitual uso de corte propagandístico, creaba oportunidades –las había creado desde el inicio– para que el capricho o la conveniencia de los dirigentes asumieran el rostro de “lo revolucionario” y pudieran protegerse ante cualquier cuestionamiento, convirtiéndose así en un poder refractario al debate y con evidentes rasgos autocráticos.

Desde esa cómoda inasibilidad conceptual, el discurso de Díaz-Canel en la clausura del IX Congreso de la UNEAC heredaba de Palabras a los intelectuales la autoridad incontestable para decidir cuáles críticas podían tolerarse y cuáles no. Reveladores eran en su discurso el trazado de límites imprecisos pero absolutos a la libertad de creación desde un vago conjunto de “valores sagrados”, así como la descalificación moral e intelectual a quienes ejercían o quisieran ejercer la crítica más allá de esos límites: “Los ingenuos hacen tanto daño como los perversos”.

En tal sentido, el gobernante ratificaba su apoyo al Decreto, una ordenanza que, al poner la difusión del trabajo creativo bajo la inspección y la supervisión del sistema de instituciones estatales, y requerir que todo evento artístico obtuviese antes el beneplácito de esas propias instituciones, instituía, en efecto, un marco legal con cotos flexibles (es decir, arbitrarios) para el ejercicio de la censura contra cualquier criterio que los dirigentes juzgaran oportuno silenciar.

Apenas un año y medio más tarde, cuando el 27 de noviembre de 2020 cientos de creadores tomaron la calle frente al Ministerio de Cultura, exigiendo la derogación del impopular Decreto y el fin del acoso contra los artistas críticos e independientes, y luego, en el transcurso del crispado trienio posterior, donde la cuestión del Decreto 349 y sus implicaciones quedó prácticamente sepultada bajo el peso de nuevos y más graves exabruptos institucionales, se apreciaría mejor cuán estrecho era el espacio para esa crítica tan vagamente acotada, y hasta qué punto estaban dispuestas a llegar las instituciones del Estado –no únicamente las culturales– para impedir que el arte se deshiciera de los límites impuestos.

Entre los tantos sucesos significativos de aquel 27 de noviembre, y uno de los menos analizados, está la hosca respuesta del viceministro Fernando Rojas al reclamo de los treinta creadores que, como delegados de los cientos reunidos frente al Ministerio de Cultura, fuimos admitidos a esa sede para exigir, entre otras cosas, la derogación del Decreto 349: sobre el tema dijo Rojas, tajante y parco, que no estaban dispuestos a conversar, porque “ese no es el espíritu de esta mesa”.[20]

¿Cuál era el espíritu –cabría preguntarse–, cuál la raíz de aquella protesta y de las tantas críticas que esa regulación había provocado? Y, sobre todo, ¿cuál era la razón por la que aquellos altos funcionarios de las instituciones estatales se negaban a un diálogo limpio sobre las causas y los efectos de su tan cuestionada “política cultural”?

Sobre esos temas no estaban dispuestos a conversar.

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Notas:

[1] “A propósito del 349”, La Jiribilla, n.^o 853, 5 de marzo al 8 de abril de 2019.

[2] Antonio Rodríguez Salvador: “Sobre demonios y «guerra santa» contra el 349”, La Jiribilla, no. 853.

[3] Ernesto Estévez Rams: “El reguetón, la sociedad y lo ideológico», La Jiribilla, n.^o 853.

[4] A propósito del concierto, que se realizó el 26 de junio de 2018 en la Ciudad Deportiva de La Habana, ante unas 250 mil personas, y en el que participaron además Laura Pausini, Diana Fuentes, y Zion & Lennox, y acerca de la repercusión que tuvo, véanse las siguientes noticias: “Gente de Zona genera polémica por pedir aplausos para Díaz-Canel”, 20 Minutos, 28 de junio de 2018; “Gente de Zona, Laura Pausini, Díaz-Canel: ¿Y la cordura pa cuándo?”, Todo Cuba Online, 30 de junio de 2018; “Gente de Zona no cantarán en fin de año en Miami por presión del exilio”, El Diario, 26 de diciembre de 2019; Ibelis Díaz: “Sigue la polémica: Pitbull apoya a Gente de Zona”, Directorio Cubano, 2 de enero de 2020; y Sarah Moreno: “Pitbull apologizes for supporting Cuban duo Gente de Zona”, Miami Herald, 10 de enero de 2020.

[5] M. H. Lagarde: “El juicio político contra Gente de Zona en Miami”, Cuba Sí, 16 de enero de 2020.

[6] “Dúo Gente de Zona se manifiesta contra la «dictadura cubana» y pide libertad”, EFE, 11 de octubre de 2020.

[7] José Ángel Téllez Villalón: “GdZ: Crónica de una deriva anunciada”, Cubadebate, 16 de octubre de 2020.

[8] M. H. Lagarde: “Patria y vividores”, Cuba Sí, 17 de febrero de 2021.

[9] Haroldo Miguel Luis Castro: “Mojados pero en la gozadera”, Cubahora, 27 de junio de 2018.

[10] Yosvany Montano Garrido: “Decreto 349 y sus alrededores”, La Jiribilla, n.^o 853.

[11] Ídem.

[12] “Joaquín Borges Triana sobre el Decreto 349”, Cine Cubano…, 6 de enero de 2019.

[13] Ídem.

[14] Carlos Luque: en: “Comentarios a propósito del post «Sobre el decreto 349»”, Cine Cubano…, 6 de enero de 2019.

[15] Santiago Álvarez, Guillermo Centeno, Enrique Colina, Rebeca Chávez, Rolando Díaz, Daniel Díaz Torres, Ambrosio Fornet, Tomás Gutiérrez Alea, Juan Padrón, Manuel Pérez Paredes, Senel Paz, Fernando Pérez, Orlando Rojas, Mario Rivas, Jorge Luis Sánchez, Humberto Solás, Juan Carlos Tabío y Pastor Vega: “Declaración de los Cineastas del ICAIC”, La Habana, 19 de mayo de 1991 (inédito).

[16] Juan Antonio García Borrero: en: “Comentarios a propósito del post…”, ed. cit.

[17] Yosvany Montano Garrido, op. cit.

[18] Miguel Díaz-Canel Bermúdez: “Las instituciones culturales existen por y para los creadores y su obra”, discurso pronunciado en la clausura del IX Congreso de la UNEAC, en el Palacio de Convenciones, el 30 de junio de 2019.

[19] Ídem.

[20] Fernando Rojas, en “Memoria escrita de la reunión sostenida el 27 de noviembre de 2020 entre funcionarios del Ministerio de Cultura y artistas e intelectuales cubanos”, Rialta Magazine, 3 de diciembre de 2020.