Evocando a los demonios del pasado: el Decreto 349 (I)

El 20 de abril de 2018, Miguel Díaz-Canel Bermúdez aprobó el Decreto 349, titulado “Contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos”. Fue esta la primera y una de las más cuestionadas disposiciones legales firmadas por el entonces flamante presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, quien apenas un día atrás había tomado posesión de su cargo al frente del Gobierno.

El nuevo decreto –según se dijo en aquel momento– buscaba poner freno a la ola de mal gusto y obscenidad que invadía las discotecas, las cafeterías y el transporte público del país. En tal sentido, parecía ser parte de una ya bastante larga y sinuosa ofensiva contra el lenguaje soez y el contenido sexual cada vez más explícito del reguetón y otros géneros del arte urbano que desde hacía años ganaban adeptos en un sector de la juventud;[1] aunque tres meses después de que esta nueva regulación se aprobara –ante el resurgimiento de la antigua polémica sobre si el Gobierno de la Isla estaba o no prohibiendo ciertas vertientes del hip-hop y el pop, motivada por la tardía publicación del Decreto en julio de ese año– el propio Díaz-Canel aclaró que no se trataba de géneros musicales, sino de la calidad y el contenido de las obras de arte.[2]

Las preguntas más simples que alguien podía hacerse ante tal afirmación eran: ¿cómo es posible prohibir por decreto el mal gusto o la mediocridad en el arte, e incluso los códigos expresivos de un sector de la población que ha sido preterido históricamente por razones de diversa índole –económicas, raciales, culturales– y que cierta cúpula tenida por culta o refinada juzga indecentes, vulgares; será que van a sancionar al bardo que se atreva componer un mal poema, o al músico que desafine, o al pintor que ignore –por voluntad o desconocimiento– las técnicas y teorías de la plástica contemporánea; será que el excluido deberá enmudecer o asumir como propios los presupuestos (est)éticos de la élite?

Esas elementales preguntas –más que expresión de asombro y rispidez ante la insensata voluntad de legislar sobre la calidad del arte– eran apenas la antesala de otra inquietud de naturaleza más pragmática: ¿qué juez decidirá –con cuáles criterios– sobre la elusiva condición artística?

Pero ese ejercicio de reductio ad absurdum, más que sarcasmo ante una torpeza legislativa evidente, reflejaba una preocupación muy seria respecto a la real intención que movía a las instituciones estatales de cultura; una preocupación que –no sin causa– se hizo alarma para muchos artistas y críticos de arte, pues obviamente no se trataba solo de un desatinado intento de los legisladores para “controlar la calidad” del trabajo artístico, sino del uso que podría dársele a ese decreto para abolir ciertos contenidos que las instituciones juzgaran impropios, es decir, para imponer lindes aún más estrictos a la ya menguada libertad que los creadores tenían para expresar ideas críticas a través de su arte, especialmente aquellas ideas que cuestionaban la imagen de la realidad que a esas instituciones les interesaba propagar.

Por aquellos días primaverales de 2018, la comunidad artística cubana debatía dos sucesos de relevancia: primero, la convocatoria hecha por un grupo de artistas plásticos, tras la postergación –a consecuencia, según se explicó, de los estragos que el huracán Irma había provocado en las instalaciones culturales de la Isla– de la xiii Bienal de La Habana,[3] para realizar, con el esfuerzo de los creadores y las instituciones que quisieran sumarse, una “Bienal Alternativa”,[4] convocatoria que recibió como única respuesta la airada condena y el acoso de las instituciones estatales;[5] y un poco más tarde, la oposición del ICAIC a exhibir en la red de cines del país, como parte de la XVII Muestra Joven, un adelanto del largometraje Quiero hacer una película, del entonces estudiante de dirección cinematográfica Yimit Ramírez, con la excusa de que dicho filme irrespetaba los símbolos patrios,[6] lo que indujo a más de un centenar de cineastas, críticos de arte y otros profesionales de la cultura a suscribir la declaración “Palabras del Cardumen”.[7]

Quizás la tensión que generaron esos dos acontecimientos fue la causa de que el Decreto 349 no se hiciera público justo después de su aprobación. O tal vez resonaban todavía en el ambiente las diatribas que contra el músico Descemer Bueno lanzaron, desde La Jiribilla, la periodista Gisselle Morales Rodríguez,[8] y desde Granma, el entonces director del Centro de Comunicación del Ministerio de Cultura, Alexis Triana,[9] por las opiniones que el célebre compositor radicado en Estados Unidos compartiera acerca de la importancia del mercado, la necesidad de una adecuada remuneración económica del trabajo artístico y la capacidad de ciertos géneros de la música urbana, como el rap o el reguetón, para conectar con la sensibilidad de los jóvenes.[10]

En cualquier caso, la publicación del Decreto el martes 10 de julio,[11] casi tres meses después de haber sido rubricado por el presidente, y pocos días antes de que la atención de la sociedad se volcara mayoritariamente hacia el análisis del nuevo Proyecto de Constitución de la República, suscitó de inmediato un raudal de quejas entre los creadores, que vieron en la ambigüedad de su redacción una nueva puerta abierta a la censura y la vigilancia de los contenidos del arte, una suerte de invocación a los antiguos demonios que en los años sesenta y setenta impusieron el férreo marco de la ideología sobre el trabajo cultural.

Diez días más tarde, el 21 de julio, la Asamblea Nacional del Poder Popular designó al poeta Alpidio Alonso Grau, que ocupaba por entonces los cargos de vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC y director de la revista literaria Amnios, como Ministro de Cultura, en relevo del narrador Abel Prieto Jiménez, quien pasó a dirigir la Oficina del Programa Martiano.[12] Pero ni esa designación ni los todavía incipientes debates en torno al anteproyecto de Carta Magna atenuaron la inquietud o impidieron la discusión pública sobre las posibles consecuencias que esas «regulaciones en materia de política cultural» traerían para el quehacer artístico cubano.

Así, el 8 de agosto, cinco creadores e intelectuales residentes dentro y fuera de la Isla –las artistas Tania Bruguera y Coco Fusco, la curadora Yanelys Núñez Leyva, el escritor e investigador Enrique del Risco, y la abogada Laritza Diversent– dieron a conocer una carta abierta al Presidente Díaz-Canel, donde pedían la derogación del Decreto.[13] En apenas un mes, la carta tuvo cientos de firmas en la plataforma digital Change.org y colocó a esa norma jurídica –y al viejo tema de la censura y la libertad de expresión en la Cuba posterior a 1958– en el centro de los debates del país, al tiempo que hacía sonar las alarmas de organizaciones como Amnistía Internacional, que apenas unas semanas más tarde advirtió, en tonos sombríos, sobre los graves riesgos que esa ordenanza entrañaba, no solo para los artistas disidentes o críticos, sino para el resto de los intelectuales de la isla y para la sociedad cubana en su conjunto:

Prohibir la expresión artística basándose en conceptos como “obsceno”, “vulgar” o “lesivos a los valores éticos y culturales” no cumple los criterios de finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad que establece el derecho internacional […]. La falta de precisión en la redacción del decreto hace que se preste a ser aplicado de manera arbitraria para reprimir aún más las voces críticas y disidentes en un país que lleva decenios sometiendo a hostigamiento y detención arbitraria a artistas. Tal aplicación contravendría no solo el derecho a la libertad de expresión de quienes desarrollan actividades artísticas en Cuba, sino también el derecho de toda persona a buscar y recibir información e ideas de toda índole.[14]

El Decreto 349 establecía la obligatoriedad de que cualquier servicio artístico fuese aprobado por las instituciones estatales de cultura y contratado exclusivamente a través de ellas, al tiempo que engendraba la figura de los supervisores-inspectores, que serían designados por el Ministerio de Cultura e investidos con autoridad suficiente para suspender “de manera inmediata” los espectáculos artísticos, así como para imponer multas, decomisar “instrumentos, equipos, accesorios y otros bienes”, recomendar la imposición de sanciones administrativas o penales contra quien contratara sin su autorización el servicio de esos artistas, entre otras medidas, si el contenido de las obras –en su criterio— era lesivo a “los valores éticos y culturales” de la nación, hacía un uso de los símbolos patrios que violara la legislación vigente, o infringía “las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural”. El decreto disponía, además, que cualquier reclamación del afectado se hiciera a través de las propias instituciones culturales que lo habían castigado, otorgándoles así un poder casi omnímodo.

Los primeros en protestar no fueron, sin embargo, los intérpretes de hip-hop y reguetón, que desde 2011 sufrían una obvia exclusión en los medios masivos, sino los artistas plásticos independientes y contestatarios, que hacían su obra al margen de las instituciones, o quienes tenían el performance entre sus recursos expresivos habituales, como Amaury Pacheco, Luis Manuel Otero Alcántara y Tania Bruguera. Para ellos, por su experiencia previa, esa nueva regulación era otra herramienta del Estado para ejercer –ahora con un amparo legal explícito– la persecución de los contenidos políticamente incómodos.

Tras un frustrado intento de protesta desde los códigos expresivos del arte, en el que varios creadores disidentes fueron reprimidos por fuerzas del Ministerio del Interior en el barrio habanero de San Isidro;[15] una segunda carta abierta, escrita esta vez por la artista visual Sandra Ceballos y dirigida al gremio de los artistas cubanos, llamaba a abandonar el miedo y las actitudes mezquinas, y a unirse contra un decreto que –en su opinión– afectaba especialmente a quienes no pertenecían “al reducido gueto institucional”, aunque no solo a ellos.[16]

En respuesta al malestar de los creadores, el Ministerio de Cultura lanzó una intensa campaña a través de los medios masivos para tratar de salvaguardar sus cuestionadas regulaciones. La estrategia compartida por casi todos los artículos que se divulgaron entonces consistió en:

a) referirse solo a aquellos acápites del Decreto que tipificaban conductas reprobadas por la mayor parte de la sociedad dentro y fuera de Cuba, como las expresiones discriminatorias por motivos de raza, género o preferencia sexual, la violencia, la pornografía y el lenguaje vulgar u obsceno, pero nunca aludir a esos otros acápites que, por su vaguedad, podían ser útiles para impedir o limitar la comunicación de opiniones críticas de la política oficial;

b) mostrar el rechazo internacional a esa disposición legal como si este hubiese sido concebido como parte de la “guerra cultural” que se coordina desde los Estados Unidos contra Cuba; y

c) desacreditar mediante falacias y argumentos ad hominem a las personas que objetaban el Decreto.

Una de las falacias recurrentes fue argüir que los artistas e intelectuales críticos usaban el Decreto, cuyo fin era –según sus paladines– necesario y noble, como subterfugio o punta de lanza para hostigar, en sintonía con la política injerencista del gobierno estadounidense, a las instituciones del Estado cubano; cuando eran esas instituciones las que, a través de una regulación imprecisa en extremo, establecían un mecanismo que podía emplearse para restringir aún más la libre expresión de los creadores y arremetían contra esos artistas por solicitar su anulación, algo que, no obstante, era un derecho consagrado en la Constitución y las leyes.[17]

Otra estrategia argumentativa reiterada en la campaña estatal a favor del Decreto fue aseverar que este no iba encaminado a controlar el proceso creativo, sino solo a “ordenar la actividad comercial de los trabajadores por cuenta propia” y poner freno al “intrusismo profesional” de quienes, sin ser artistas, pretendían pasar por tales. Según esta explicación, el Decreto era un recurso diseñado por las instituciones para proteger a los verdaderos creadores.[18] Pero el argumento fallaba ante la imposibilidad de legislar sobre cuestiones tan difíciles de definir, tan subjetivas y dinámicas como son el hecho estético, la calidad de una obra de arte y la condición del artista, al tiempo que simplificaba en demasía las complejas relaciones entre el financiamiento, la creación y la gestión de proyectos en el arte contemporáneo; con lo que, en efecto, se le imponía una horma muy estrecha al proceso creativo. La cuestión del “artista verdadero” y los farsantes o intrusos se convertía, por otra parte, en una espada de Damocles sobre la cabeza de los creadores más irreverentes; algo que ni aún aquella andanada de artículos pro-Decreto –cuya intención se suponía que fuese despejar cualquier reticencia al respecto– trató de encubrir, pues casi todos esos textos abundaban en ofensas y descalificaciones por motivos ideológicos o políticos contra autores de prestigio internacional con una obra crítica al sistema establecido, como las propias Tania Bruguera y Sandra Ceballos.

A rasgos generales, esa fue la línea que los medios públicos siguieron en su sesgado abordaje del polémico Decreto 349. En todos los casos se hacía referencia a objeciones y dudas de los artistas, pero el espacio que se les otorgó a esos artistas para argumentar sus criterios fue significativamente escaso, lo que permitía entrever el propósito de imponer una opinión favorable al Decreto más que la intención de llegar a acuerdos a través de un debate diáfano con los creadores y la modificación conjunta del mismo. Aunque algún funcionario-periodista admitió entonces que había “vacíos interpretativos” en la redacción del texto e inquietudes atendibles entre los reclamos, y que era preciso esclarecerlos oportunamente mediante “la consulta y la construcción de un consenso con los artistas, escritores y promotores culturales”;[19] más que “consulta” y “construcción de un consenso”, se orquestó en realidad una campaña mediática para ahogar la disconformidad.

A pesar de esa impetuosa campaña oficial, el rechazo al Decreto continuó a través de los medios no estatales. Así, frente a la ausencia de un debate previo y la reacción tardía que su aprobación había provocado, el poeta y dramaturgo Norge Espinosa señaló “la palmaria imposibilidad que ahora mismo tenemos en Cuba para estructurar diálogos coherentes y argumentados acerca de algunos puntos álgidos de nuestra realidad”; y advirtió:

Satanizar el arte alternativo, las fórmulas de creación independientes, significa olvidar que en la historia del arte es, justamente, desde esos márgenes, que han surgido varios movimientos liberadores. Toca al artista vivir su desafío, y al Estado ser eco de los mismos, nunca pasivo, pero tampoco sordo y ciego cuando de articular diálogos y controversias impostergables se trate. Reducir la voluntad y necesidad de orden a un catálogo cerrado de posibilidades suele generar desconfianza y abroquelamientos.[20]

Para él, como para muchos otros, especialmente en el mundo del teatro, el Decreto traía a la memoria el aciago “quinquenio gris”, con sus parametraciones, exclusiones y cacerías de brujas. Era una señal de alarma, una advertencia sobre el intento de “normalización” de la creación artística a partir de códigos ajenos al arte, algo que hacía temer el posible retorno de los siniestros estilos de dirección que se emplearon en los años setenta del siglo xx.

Desde una perspectiva no muy diferente a la de Norge Espinosa, Yassel Padrón preguntaba:

¿Acaso no es peligroso querer introducir el orden a la fuerza en el mundo del arte, un mundo que debe ser ante todo reino de la espontaneidad? En Cuba tenemos un problema con los inspectores corruptos. Si los nuevos supervisores-inspectores se corrompen, ¿no harán aún más daño a la cultura nacional?[21]

Y, en respuesta a los argumentos esgrimidos desde la burocracia oficial, concluía: “es cierto, necesitamos una política cultural, pero es mejor que esta sea más propositiva que represiva”.

Una posición similar sostenía el director de cine Ernesto Daranas: “soy más partidario de las estrategias culturales diseñadas para sembrar que para cortar las malas hierbas”, dijo en debate con el viceministro Fernando Rojas desde el blog Cine Cubano, La Pupila Insomne, y añadió:

El mal gusto y la chabacanería que ocupan a una parte del 349, además de relativos, no surgen por generación espontánea. Esa es una arista esencial del verdadero problema y no creo que la respuesta al mismo quepa en un decreto.[22]

En un artículo anterior había señalado “la distancia del legislador con respecto al verdadero papel de la cultura y al decisivo rol del sector privado nacional”, y había criticado al sistema legal cubano porque “su afán regulatorio ha prevalecido sobre la necesidad de generar un ordenamiento cívico”.[23] En relación con el Decreto, advertía:

[…] lo que preocupa del 349 no es solo lo que pretende controlar, sino los vacíos que se aprecian en zonas que sí deben ser competencia de nuestra cultura. Las puertas que abre a las arbitrariedades, la corrupción y la censura no son los únicos caballos de Troya del 349.[24]

Sus textos eran parte de un análisis colectivo suscitado tras la publicación del artículo “Sobre el Decreto 349”, del ensayista y profesor Juan Antonio García Borrero, donde se abordaba el asunto “desde la perspectiva de quien se reconoce acreedor de determinados derechos culturales, los cuales ya no se definen únicamente por lo que el Estado con su sistema institucional legitima”. En su objeción, García Borrero daba voz a un viejo reclamo insatisfecho del que también se hacía eco Daranas: hilvanar políticas capaces de diseñar escenarios que estimulen la creatividad natural de las personas.

Escenarios donde la regulación estatal no se confunda con el control policíaco y el pánico moral ante lo que no se ajusta a lo conocido, sino, todo lo contrario, donde se aprecie la diversidad como la única garantía de mantener a la vista y defender las jerarquías culturales.[25]

Otra acertada impugnación del Decreto la hizo el investigador y ensayista Julio César Guanche al analizar las problemáticas relaciones que suelen darse entre arte, moral y Derecho; y cuestionar el concepto de cultura que las nuevas regulaciones en materia de política cultural tenían como base: “La cultura no es un reservorio exclusivo de «virtudes» que deban protegerse frente a las «antivirtudes»”, explicaba en relación no solo con el Decreto 349 sino también con el artículo 95 h) del anteproyecto constitucional que por aquellos días se estaba debatiendo y según el cual –observaba Guanche—“la creación artística supone aprobación por la moral socialista”. En su análisis, el jurista e investigador recordaba que “[l]a moral es el argumento más antiguo para la censura, pero siempre cumple funciones políticas, que involucran intereses y situaciones de poder”.[26]

Entretanto, una tercera carta, enviada el 14 de septiembre al ministro de Cultura, y un mensaje dirigido el 31 de octubre al presidente Díaz-Canel, ambos por un grupo creciente de artistas visuales, curadores y críticos, que solicitaban se sometiese a debate público el Decreto, habían traído como resultado una serie de reuniones del viceministro Rojas con representantes de la comunidad artística en varias provincias; aunque todavía a fines de noviembre el grupo llamaba con disgusto la atención sobre la falta de transparencia en el procedimiento empleado por el Ministerio:

Consideramos que la Institución limita el alcance de un debate que es sin duda relevante para la interpretación y aplicación de la política cultural del país, y que insiste en la formulación de normas que no reflejarán las preocupaciones esenciales de la mayoría de los implicados.[27]

A pesar de las manifestaciones de rechazo y de los fundamentos en que muchas de esas objeciones se sustentaban, el Ministerio de Cultura mantuvo con rigidez su postura a favor del Decreto 349. El 7 de diciembre, en el programa televisivo Mesa Redonda Informativa, el propio ministro Alonso Grau había anunciado que esa ordenanza empezaría a aplicarse según lo estipulado, pues estaban redactadas ya, con el apoyo de los miles de artistas que participaron en su discusión, las Disposiciones Complementarias que el Decreto requería; si bien esa aplicación sería gradual. Junto a él, representantes de las instituciones insistieron ante las cámaras de aquella Mesa Redonda en que no se trataba de un asalto a la libertad, sino de frenar la vulgaridad y el intrusismo.

Respecto al antagonismo que esa disposición legal había provocado dentro y fuera del país, y a pesar de que el propio viceministro Rojas reconoció entonces que los debates habían “puesto sobre la mesa importantes defectos de nuestras instituciones y lo tenemos que agradecer porque nos permite trabajar mejor en esa dirección”, tanto él como la presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de la UNEAC, Lesbia Vent Dumois, intentaron una caracterización ideológica simplista de los objetores, una caracterización que los desautorizaba ya como enemigos del Estado o como ignorantes que estaban confundidos por la propaganda extranjera.

Así argumentó Rojas su opinión:

[…] alguno que otro ha sugerido que la alternativa a la institución sería el mercado. Y yo creo que esa es una de las cosas de las que se trata esta discusión, aunque a veces no se diga de manera tan clara: nosotros no vamos a renunciar a la institución, el Decreto defiende la institución. La institución es la que garantiza que todos estos artistas puedan realizar y exhibir su trabajo en completa libertad. Y la alternativa mercantil supondría –o no supondría otra cosa– que la restricción o la limitación de que la gran masa de nuestra población continúe disfrutando de la extraordinaria vida cultural que tiene nuestro país, y de la cada vez más amplia, diversa, rica programación cultural. O sea, yo me he estado preguntando si aquí el problema no es que se esté planteando el mercado como alternativa a la institución. […] Se me ocurre pensar, preguntarme, si alguien le ha encontrado algún potencial liberador al capitalismo y esta es la manera de introducir esa discusión, cuando es precisamente el socialismo, la capacidad de la institución, la que ha permitido democratizar la cultura como la tenemos hoy.[28]

Por su parte, en un ejercicio de devaluación francamente irrespetuoso, Vent Dumois llegó incluso a negar las capacidades intelectivas de esos artistas críticos:

tenemos un serio problema, yo creo, en el país, entre los que están contrarios al Decreto, y es que saber leer es saber interpretar. Y a mí me parece que en muchos aspectos la interpretación es errónea porque no saben leer, porque el Decreto está claro desde el principio. También creo que hay quien lo ha hecho por dudas, hay quien lo ha hecho porque no lo entendió o no lo había leído y oyó campanas y salió a dar opiniones. También hay quien está en contra del Decreto porque está dando más oído al exterior que a lo que está pasando en la nación.[29]

Entre los rasgos llamativos de esa Mesa Redonda estuvo –como antes– la ausencia total de voces críticas respecto a un tema que había provocado, como los propios ponentes reconocieron, gran inquietud. Esa ausencia, y el claro sesgo ideológico en el abordaje de las objeciones –métodos que no eran casuales ni infrecuentes en el proceder de los medios administrados por el Estado–, dejaban ver una vez más la falta de transparencia de las instituciones en su pretendido diálogo en torno al Decreto 349 y otros aspectos concomitantes de la política cultural del país.

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Notas:

[1] Cfr. María Córdova: “La vulgaridad en nuestra música: ¿una elección del «pueblo cubano»?”, Granma, 23 de noviembre de 2011; y Pedro de la Hoz: “Ni la vulgaridad ni la mediocridad podrán mellar la riqueza de la música cubana” (entrevista a Orlando Vistel, presidente del Instituto Cubano de la Música), Granma, 30 de noviembre de 2012.

[2] “Díaz-Canel: «No tengo nada en contra del reguetón ni del pop»”, OnCuba News, 23 de junio de 2019.

[3] “XIII Bienal Internacional de La Habana se pospone para 2019”, Cubadebate, 24 de septiembre de 2017.

[4] La #00Bienal de La Habana, realizada entre el 15 y el 25 de mayo de 2018, a pesar de la adversa campaña de las instituciones estatales de cultura y del hostigamiento que sufrieron los creadores involucrados en ella por parte de las fuerzas del orden interior, contó con la participación de más de 170 artistas plásticos, músicos, escritores e intelectuales. Fue financiada a través del método de micromecenazgo (crowdfunding) y por los artistas que se sumaron a la iniciativa. Algunos de sus organizadores han dicho que el Decreto 349 fue una reacción del Estado ante el auge de los proyectos artísticos independientes en Cuba, como el Rotilla Festival y la propia 00Bienal (Cfr. Laritza Diversent, Laura Kauer García, Andra Matei y Julie Trébault: El arte bajo presión. El Decreto 349 restringe la libertad de creación en Cuba, Artists at Risk Connection – Cubalex, 4 de marzo de 2019.

[5] Presidencia de la UNEAC y Dirección de la AHS: “No permitiremos que se empañe el significado de la Bienal”, Cubadebate, 3 de mayo 2018.

[6] Presidencia del ICAIC: “El irrespeto a símbolos patrios no puede admitirse como libertad de creación”, Cubadebate, 22 de marzo de.

[7] “Palabras del Cardumen: Declaración de los Jóvenes Cineastas Cubanos”, El cine es cortar, 7 de mayo de 2018.

[8] Gisselle Morales Rodríguez: “Descemer Bueno o el problema es que el sirope vende”, La Jiribilla, no. 841, 25 de enero al 22 de febrero de 2018.

[9] Alexis Triana: “¿Concesiones?”, Granma, 28 de febrero de 2018.

[10] Michel Hernández: “No hay que temerle al éxito”, Granma, 25 de febrero de 2018.

[11]  Decreto 349/2018: “Contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos”, Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 35 (extraordinario), 10 de julio de 2018, pp. 524-527.

[12]  “Alpidio Alonso, nuevo ministro de Cultura de Cuba”, OnCuba News, 21 de julio de 2018.

[13]  “NO al decreto 349. Carta abierta al Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel”, Inter Press Service en Cuba, 8 de agosto de 2018.

[14]  “Cuba: El Decreto 349 de la nueva administración augura un mundo artístico distópico en Cuba”, Amnistía Internacional, 24 de agosto de 2018.

[15]  Yania Suárez: “San Isidro versus Seguridad del Estado”, Diario de Cuba, 13 de agosto de 2018.

[16]  Sandra Ceballos: “Carta abierta a todos los artistas e intelectuales cubanos”, 14 y medio, 14 de agosto de 2018.

[17] Cfr. Antonio Rodríguez Salvador: “Censuras y otros delirios en torno al Decreto”; Luis Dascal: “Carteles con brillo y maniobras frente al Capitolio”; Jorge Ángel Hernández: “Del Decreto 349 y sus contra-invenciones”; todos publicados en la edición 847 del portal digital La Jiribilla, entre el 1 de agosto y el 3 de septiembre de 2018. Así como los siguientes artículos del propio Rodríguez Salvador: “¿Decreto de la censura?”, Escambray, 1 de septiembre de 2018; y “Censura en Miami o Gorki Águila inspector”, La Jiribilla, no. 848, 4 de septiembre al 17 de octubre de 2018.

[18]  Cfr. Jorge Ángel Hernández: “¿Y qué me has dicho, Cleto?”; Pedro Edgar Rizo Peña: “Apuntes para la desmitificación del #Decreto349”; ambos publicados en La Jiribilla, no. 847; y Alexis Triana: “El 349, un Decreto en torno a la circulación del arte” (entrevista a Alina Estévez, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura), Granma, 29 de noviembre de 2018.

[19]  Pedro de la Hoz: “¿Por qué ha sido polémico y qué propone en realidad el Decreto 349?”, Granma, 11 de septiembre de 2018.

[20]  Norge Espinosa Mendoza: “Deberíamos recordar más, y mejor”, Tremenda Nota, 11 de septiembre de 2018.

[21]  Yassel Padrón Kunakbaeva: “Decreto 349: un decreto y 349 matices”, La Joven Cuba, 18 de septiembre de 2018.

[22]  “De Ernesto Daranas a Fernando Rojas”, Cine Cubano, La Pupila Insomne, 15 de enero de 2019.

[23]  Ernesto Daranas: “El 349, hormigas y elefantes”, Cine Cubano, La Pupila Insomne, 13 de enero de 2019.

[24]  Ídem.

[25]  Juan Antonio García Borrero: “Sobre el Decreto 349”, Cine Cubano…, 3 de enero de 2019.

[26]  Julio César Guanche: “La libertad de creación, la nueva Constitución y el Decreto 349”, OnCuba News, 17 de diciembre de 2018.

[27]  “Artistas cubanos solicitan debate ciudadano sobre el Decreto 349”, El Toque, 22 de noviembre de 2018.

[28]  Intervención de Fernando Rojas en el minuto 28 de la emisión 3875 de la Mesa Redonda, titulada “Decreto 349 y la aplicación de la política cultural en los espacios públicos”, difundida por el Sistema Informativo de la Televisión Cubana el 7 de diciembre de 2018.

[29]  Intervención de Lesbia Vent Dumois en el minuto 39 de la propia Mesa Redonda.