El triunfo de la Revolución cubana el 1ro de enero de 1959 dio paso a la implementación de medidas populares como la Ley de Reforma Urbana que convirtió en propietario a todos los residentes alquilados en apartamentos o viviendas. Este tipo de regulaciones promovidas por el liderazgo ascendente interrumpió el auge expansivo del crecimiento inmobiliario en la capital, anteriormente incentivado por las políticas de los gobiernos republicanos y las legislaciones que impulsaban el turismo de alto estándar, atraído por el clima tropical, el juego de casinos, la prostitución habanera y la americanización de la Isla que impulsó el modelo desarrollista de la época.
Durante las décadas siguientes al triunfo revolucionario se prohibió la compraventa de casas en el país, lo que sumado a la carestía de materiales de construcción y la deficitaria fabricación de inmuebles, convirtieron la problemática de la vivienda en uno de los principales factores que dificultaron y aún laceran la vida de las/os cubanas/os. Dicha realidad resulta aún más agudizada ante la casi inexistente restauración de edificaciones antiguas de carácter residencial, lo que trae consigo el correspondiente saldo lamentable de víctimas fatales y heridos, cuyas cifras experimentan un significativo aumento durante temporadas de desastres naturales o intensas lluvias.
Las políticas implementadas por el Gobierno luego de la crisis del Período Especial (1990-1994), ante la caída del denominado “campo socialista europeo”, restringieron aún más las posibilidades constructivas del Estado, lo que afectó las capacidades de alojamiento para el disfrute al derecho de una vivienda digna. Sin embargo, dicho reconocimiento legal contrasta con las políticas oficiales que visibilizaron en la industria del turismo una alternativa modernizadora para obtener ingresos de manera rápida y dinámica, a pesar de las consecuencias sociales que implica la apuesta por un sector hasta entonces subexplotado que destapó la existencia de problemáticas como: la prostitución, el neorracismo, la profundización de las asimetrías ante el ascenso de una neoburguesía civil conocida en el argot popular como “nuevos ricos” y la dolarización de la economía que comprimió la capacidad de compra-consumo, especialmente en los sectores mayoritarios de bajos ingresos ante la segmentación de los mercados.
Tales factores significaron una ruptura con los valores y modos de vida promovidos por la dirigencia política entre 1959-1990, que se caracterizaron por el voluntarismo consciente, el sacrificio ideologizado y la colectivización forzada hacia las tareas orientadas por la dirección partidista-burocrática desde las esferas de poder. No obstante, se apreció mayor dinamismo en las labores de restauración patrimonial, enmarcada fundamentalmente en la zona colonial de La Habana Vieja, encabezadas por el historiador de la ciudad Eusebio Leal Spengler (1942-2020).
La autonomía alcanzada por la Oficina del Historiador a través de un decreto emitido por el Consejo de Estado para la realización de las obras reparativas, facilitaron un sistemático trabajo de conservación en el centro histórico de la urbe capitalina. El emprendimiento de tales esfuerzos constructivos tuvo fuerte apoyo de inversionistas extranjeros, fondos de la UNESCO, Unión Europea (UE) y organizaciones no gubernamentales (ONG’s), que contribuyeron a la alteración clasista del entorno citadino, caracterizado por los expertos como fenómeno de aburguesamiento o elitización urbana. Los cambios producidos en dicho ámbito social provocaron nuevas dinámicas de exclusión, debido al desplazamiento a que se vio forzada gran parte de la población local.
Las causas sociales que incentivaron el desplazamiento de los habitantes por las autoridades municipales hacia la periferia, responden a los intereses de valorización del suelo, lo que provoca un encarecimiento de las actividades económicas desarrolladas en la zona. Dicho escenario dificulta la reproducción existencial para las familias de bajos recursos, en tanto el territorio se convierte en espacio de atracción turística.
Refeudalización, desigualdad y occidentalismo moderno/colonial
El académico Olaf Kaltmeier acuñó el término histórico-conceptual para caracterizar el proceso de concentración desigual del poder y las riquezas en América Latina, definido como: refeudalización. Dicho enunciado problematiza en torno a la presencia de rasgos de matiz feudal, existente en el contexto regional del capitalismo contemporáneo globalizado. A su vez, evidencia en la sociedad el retorno a modelos urbanísticos y estéticas coloniales, compulsada por la clase dominante para legitimar sus aparatos de producción simbólicos.
El surgimiento de una aristocracia monetaria vinculada a los círculos políticos que busca conservar sus riquezas a través de la solidificación de sus influencias en los espacios de poder, contribuye a la expansión de los intereses que emergen favorecidos por una praxis de acumulación. Dicha estrategia constituye uno de los métodos principales que coadyuva al escenario refeudalizador, en tanto se convierte en práctica especulativa que no contribuye a la generación socializada de riquezas de manera orgánica, al tiempo que agudiza la desigualdad y las asimetrías sociales.
De acuerdo con Kaltmeier “la distinción y segregación de la aristocracia monetaria espacialmente encuentran su forma en la segregación, no sólo en complejos residenciales exclusivos, sino también en lugares de consumo y circulación de riqueza, los que se encuentran separados de los lugares públicos de libre acceso”. A su vez, “ello evidencia una peligrosa tendencia hacia la duplicación del poder político, que se caracteriza por un nuevo despotismo por parte de la aristocracia monetaria”.
El teórico populista argentino Ernesto Laclau considera que, a pesar de la globalización capitalista,[1] resulta evidente la presencia de rasgos feudales en Latinoamérica. Tal aseveración se manifiesta en expresiones como la excesiva concentración de tierra, propiedad y capital por las élites económicas y oligarquías locales, en alianza con las máximas autoridades del poder político-judicial; lo que da lugar al deterioro sistémico de la democracia debido al apuntalamiento de formas despóticas, irregulares y arbitrarias en el manejo de la gestión pública.
En igual sentido, el sociólogo francés y teórico de la modernidad Alan Touraine,[2] asevera que los modelos de “socialismo del siglo XX” se caracterizaron por el manejo totalitario del poder, la economía y la política. Todo ello sin que renunciaran a patrones de desarrollo industrialistas, contaminantes y altamente explotadores hacia la clase trabajadora (amparados en los preceptos de la ideología “comunista”). Sin embargo, desde la economía política[3] y la filosofía marxista contemporánea,[4] se argumenta que las consecuencias sociales de dichos modelos resultaron extensivas del proyecto capitalista de modernidad/colonialidad; sin obviar la persistencia de prácticas feudales en su estructura de funcionamiento sistémico, junto a otras formas de producción y propiedad.[5]
Elitización, aburguesamiento y pobreza en La Habana Vieja
Si bien no existe consenso entre los especialistas en considerar como gentrificación al proceso de alteraciones socio-urbanísticas en la Habana Vieja, es posible identificar el despoblamiento de la zona colonial como parte de una política consistente en promover el desplazamiento indirecto, dado el interés de reconvertir las antiguas edificaciones de viviendas en avanzado deterioro constructivo, para usos con fines de lucro extractivos/mercantilistas.
La valorización del suelo ha generado el arribo de emprendedores privados con capital para establecer ofertas de alto estándar destinados al consumo y el alojamiento. La proliferación de tales negocios contribuye a la elitización del espacio, dejando al margen de los empleos más lucrativos a las personas fuera de los paradigmas de belleza estéticos anglo/eurocéntricos, tal como caracteriza mayoritariamente a la composición racial del turismo visitante. A su vez, la población originaria del entorno padece las consecuencias de un higienismo espacial. Este hecho ocasiona una pérdida de la memoria colectiva y la identidad comunitaria, provocados por las consecuencias sociales que implica la revalorización que imponen los referentes del éxito y la prosperidad signados por el efecto preponderante del capital.
No obstante el interés oficial en impulsar el centro histórico como atractivo para el turismo de ciudad, la pobreza de los entornos extramuros resalta por el deterioro del complejo habitacional que sostiene a miles de instalaciones en peligro de derrumbes. La permanencia de esta problemática mantiene a miles de residentes alejados de los ámbitos de prosperidad como resultado de la desidia restaurativa de las autoridades. A ello se suman otros inconvenientes como es la ausencia de higiene dada la irregularidad que caracteriza la recogida de basuras, el aumento de la mendicidad [envejecida, feminizada y racializada] ante la crisis estructural y la expansión de la economía popular, debido a la ausencia de garantías formales para la extensión institucionalizada del bienestar social.
Colonialidad, modernización excluyente y (des)democratización territorial
El proceso de (re)territorialización forzosa padecido por la población originaria habanera, permite caracterizar al fenómeno en la ciudad por su particularismo gentrificador dada su singularidad con otros contextos de la región. A su vez, dicho proceso se distingue claramente por la reproducción de la pobreza/marginalidad en la zona extramuros de la capital. De esta forma, los habitantes del entorno espacial están siendo sometidos a un proceso sistemático de desposesión, en tanto la mayor parte de las inversiones multimillonarias se destinan al fomento de la denominada “industria sin humo”, con su mítica oferta de confort, consumo, bienes y servicios que resultan inalcanzables al ingreso de los trabajadores locales.
La colonialidad que caracteriza dicho proceso de “modernización económica y urbanístico”, signado por la aprobación de las máximas autoridades del Partido/Estado, concibe a su vez el método de mando asistencialista, autoritario y verticalista en la promulgación de políticas epidérmicas hacia las comunidades relegadas del país. En la realización de tales obras de impacto social, los habitantes carecen de autonomía para discutir el presupuesto que redundará en su beneficio colectivo; en tanto las problemáticas estructurales que inciden en el sostenimiento de sus condiciones de pobreza resultan escasamente atendidas con la seria complejidad que requiere un fenómeno de tal magnitud, lo que implicaría la apertura de un debate público, intelectual y político que abarque la participación ciudadana extendida.
La contribución del teórico marxista francés Henri Lefebvre abordada en su obra El derecho a la ciudad,[6] resulta esclarecedora de su posicionamiento socialista y sentido de justicia territorial, al abogar por la promulgación de espacios que no estén signados por los patrones y lógicas dominantes del capital. De esta forma, sus aportes poseen una trascendente vigencia al analizar los fenómenos de valorización/exclusión que tienen lugar en el sistema-mundo global y su vínculo directo con el proceso refeudalizador. Al mismo tiempo, ratifica las estrategias adoptadas por la aristocracia monetaria en consonancia con los entes de administración políticos, para materializar sus mecanismos de concentración de propiedad/riquezas, dado el fin de potenciar sus intereses reproductores de acumulación.
En el contexto latinoamericano, los aportes de cientistas sociales especializados en la temática e inspirados en el pensador europeo han tenido un significativo impacto en la academia e intelectualidad contrahegemónica. Dicha proposición epistémica implica el reconocimiento contributivo a la descolonización de los saberes, espacios y formas sociales de interrelacionarse en comunidad, lo que contribuye a (re)pensar el diseño de estrategias para la convivencia bajo estándares medibles de equidad social, económica y cultural.
Turismo, fantasmagoría tropical y sexualización mercantil
La apuesta del Estado/Gobierno cubano por el desarrollo de la actividad turística, caracterizada fundamentalmente por la captación de divisas en desconexión con las obras de infraestructura, el deterioro del comercio interior, las redes de carreteras, la producción agrícola y la industria nacional, definen los intereses de la dirigencia política, signada además por la militarización de los negocios más lucrativos de la economía nacional.
Los patrones que definen dicho modelo no solamente resultan empobrecedores, pues solo producen beneficios para los que ostentan las más altas posiciones en la jerarquía estratificada de la nación. Además, los principales apartados en materia de seguridad social, como: salud, educación, cultura y deportes, sufren un paulatino declive ante la falta de inversiones, ausencias de una regulación coherente, inclusiva y justa; al tiempo que padecen la emigración masiva de profesionales al exterior, ante el aumento de la precariedad.
Las estrategias en política económica implementadas por la dirección burocrático-partidista está enfocadas en la industria del turismo, sostenida por una propaganda comercial destinada al consumo y el disfrute del entorno que caracteriza al clima caribeño de la Isla; en tanto se refuerzan los estereotipos sexuales de la mulatez como estigma de representación, marcados además por la idealización de la belleza femenina, que suele concebirse en torno a dicha “composición racial”, ofertados al visitante extranjero a través de la propaganda mercantil que circula en revistas y carteles a lo largo de la Isla.
La persistencia de semejante matriz acumulativa como “política de Estado” ofrece escasas posibilidades para la ruptura con la dependencia hacia el mercado externo, lo que a su vez genera una mentalidad de servicio distanciada de las necesidades locales y reproductora de la colonialidad en la vida cotidiana. De igual forma, resultan de escaso conocimiento público las investigaciones desde una perspectiva científica, sobre los costos ecológicos que implica la extensión de esta actividad, convertida en industria para inversionistas extranjeros y empresarios nacionales; no ajena a las lógicas capitalistas de sometimiento obrero, debido a la salarización de los trabajadores; sin obviar los niveles de contaminación ambiental y demanda energética que provoca su permanencia en el tiempo.
La reversión del escenario urbanístico marcado por la desigualdad, la (des)democratización del espacio público ante la mercantilización del suelo, el deterioro sistemático de la infraestructura residencial y el particularismo gentrificador que distingue al entorno arquitectónico habanero reclama la adopción de nuevas formas de gestión urbana enfocadas en la socialización del bienestar ciudadano, mediante el implemento de medidas desde una perspectiva que tengan al ser humano como sujeto protagónico/consciente en la transformación del espacio en el que desarrolla su existencia material.
La adopción de políticas dirigidas a alcanzar un escenario de mayor justicia territorial exige la descentralización del poder hacia niveles superiores de autonomía por las autoridades locales. De tal forma, se crearían las condiciones para la deliberación de los pobladores en la planificación del presupuesto dirigido al gasto social. Este hecho exige la presencia participativa, horizontalizada y democrática de las bases populares en función de sus prioridades, urgencias y necesidades comunitarias.
El incentivo de tales prácticas se distanciaría de las formas autoritarias en la gestión y transparentaría el accionar del funcionariado público, en tanto se potenciarían las decisiones fundamentales que conciernen a la población de manera consciente a través de los principios de la democracia directa. De tal forma, se contribuiría a reconfigurar los patrones de mando centralizados, que poco aportan a la optimización de los procesos productivos. En su lugar, tales métodos significan un lastre del legado militarista/partidocrático que ha distinguido durante décadas el ejercicio de la política en la Isla.
Concerniente a la gestión urbana, potenciar las cooperativas de producción y viviendas (dado su perdurabilidad e indiscutible resistencia en escenarios de crisis, motivadas por la participación consciente de los trabajadores en la toma de decisiones), resultaría una excelente alternativa para recuperar el déficit productivo que en torno a la problemática persiste en el país, al tiempo que disminuiría la segregación generada por las prácticas mercantilizadoras del suelo y la vivienda que agudizan el escenario gentrificador. Para la materialización de un espacio urbanístico basado en mayores niveles de equidad y justicia, es necesario la adopción de políticas dirigidas a la generación de riquezas de manera sustentable, ecológica, cooperativa y socializada.
Asimismo, es necesario también quebrar los imaginarios extendidos que caracterizan la hegemonía del capitalismo neoliberal, pues la propuesta política de sus propulsores fomenta el subdesarrollo económico, a través de la implementación de una economía dependiente y neocolonial. No obstante, dicho esquema de colonialismo cultural se ha consolidado mediante la propaganda turística gubernamental que fomenta un escenario antillano fantasmagórico, al tiempo que refuerza los estereotipos raciales y sexo-genéricos del Caribe, impulsados por la actual clase dominante: capitalista de Estado y unipartidista/autoritaria. De forma paradójica, dicha proyección contradice los enunciados valores colectivistas que propulsan a nivel discursivo sus máximos dirigentes, funcionales a los intereses económicos de una oligarquía burocrático-militar que solidifica sus patrones de acumulación mediante la persistencia de un modelo de crecimiento remesista/importador.
La construcción de cualquier proyecto emancipatorio reclama la ruptura con los prácticas de colonialidad existentes de manera que se incentiven las potencialidades endógenas, el empoderamiento obrero y la democratización económica (autónoma-descentralizada) mediante el fomento del cooperativismo, de forma tal que conduzca a la desmercantilización del suelo a través de políticas socializadoras de beneficio público. Por último, resulta urgente –dada la crisis climática y civilizatoria– el incentivo de inversiones priorizadas hacia la generación de fuentes renovables de energía enfocadas en el impulso al crecimiento armónico-sustentable, de forma que sea posible materializar los ideales libertarios en su concepción más abarcadora de justicia social.
Notas:
[1] Judith Butler, Ernest Laclau y Slavoj Žižek: Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
[2] Alan Touraine: Crítica de la modernidad, Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1994.
[3] Tony Cliff: Capitalismo de Estado en la URSS, Marx21 Ediciones, 2020.
[4] Herbert Marcuse: El marxismo soviético, Alianza Editorial, Madrid, 1975.
[5] Aníbal Quijano: La colonialidad del poder, Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana, 2017.
[6] Henri Lefebvre: El derecho a la ciudad, Ediciones Península, Barcelona, 1978.
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Vaya demencia mántrica comunista. Qué pavorosa letanía de consignas.