Fachadas políticas y punitivismo: opciones de la sociedad cubana ante las elecciones del 27 de noviembre

El próximo 27 de noviembre se celebrarán Cuba las elecciones municipales, primera escala de un proceso electoral caracterizado por la designación directa en los diferentes niveles y la naturaleza ratificatoria de la participación. Las elecciones municipales son la única escala del proceso en el que la ciudadanía puede proponer a los candidatos y posteriormente votar por ellos. Es un proceso de base que, de no ser maniatado por las fuerzas controladoras del partido único, significaría realmente lo que la propaganda estatal proclama que son: un ejercicio de democracia directa en la base. No lo son, sin embargo, porque los delegados del Poder Popular elegidos no detentan un poder real al carecer de los recursos (de todo tipo) necesarios para operar transformaciones a nivel de barrio, o circunscripción, que constituyen la unidad administrativa-territorial básica.

Los delegados realizan una labor de representación de sus electores ante los niveles superiores del Poder Popular, pero dicha representación es extremadamente limitada porque no cuenta con los recursos para resolver los problemas y no puede superponerse a los límites impuestos por la ideología y la acción del partido comunista cuya función “rectora” (según declara la Constitución) se traduce realmente en control directo del proceso. En la práctica, tal control significa una vigilancia directa para impedir que ninguna persona que pretenda representar una opción política diferente de la impuesta por el Partido, sea propuesta y mucho menos votada.

De no ser por esto, las elecciones municipales constituirían un espacio posible para proponer alternativas políticas. Para las elecciones de 2018, varias iniciativas, como Candidatos por el Cambio apelaron a este espacio para proponer candidatos de la oposición, pero la propuesta fracasó debido a la activación de mecanismos de control que impidieron la nominación y/o la elección de los candidatos. En esta ocasión, una propuesta de la articulación D Frente, pretendía colocar un grupo de nominados y, nuevamente, los mecanismos de control se movilizaron para evitarlo. Según el testimonio de una de las personas que se propondría, la reunión de nominación de candidatos de su circunscripción, que debe realizarse por ley con más del 50 por ciento del padrón electoral presente, se realizó con un grupo de 16 personas a las que se le avisó a discreción y esa minoría propuso a alguien más. A otra de las posibles nominadas, se le impidió incluso salir de su domicilio durante el tiempo que ocurría la asamblea de nominación.

Con estos hechos, la posibilidad de utilizar las elecciones municipales como espacio de oportunidad política, queda cancelada. La evidencia de tal cancelación había ocurrido previamente en 2018. Era claro, además, considerando comparativamente, que la situación política de 2022 es una marcada por la represión abierta y la clausura radical de las posibilidades para la acción política. Es el reconocimiento de este contexto el que marcó una conversación con Armando Chaguaceda y Oscar Grandío sobre las oportunidades políticas que abre el proceso de nominación y elección de candidatos En este texto, se recuperan algunas de las ideas fundamentales de esa conversación en dos niveles; el primero, el que aplica a la coyuntura, y el segundo, el que la ubica en un proceso de más largo plazo que podría estar marcado (de lograrse) por la articulación de fuerzas políticas diversas en torno al objetivo común de la democratización de Cuba.

Los regímenes totalitarios que no aceptan la existencia de la sociedad civil –cualquier sociedad civil se define a sí misma por la existencia al margen o incluso a contracorriente del Estado– se caracterizan por limitar al máximo las posibilidades para la acción política fuera de las estructuras que existen para su sostenimiento directo. En el contexto cubano actual, la clausura de las oportunidades políticas ha pasado el punto crítico después de un ciclo de resistencia civil activa que conmemora en estos días el momento de emergencia plena en los sucesos del acuartelamiento de San Isidro entre el 16 y el 26 de noviembre de 2020 y la reunión de artistas frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre del mismo año. Después de estos sucesos, pero de forma más explícitamente represiva después del estallido social del 11J, el régimen cubano optó por recrudecer sus herramientas de control social encarcelando a más de 1000 participantes de las manifestaciones, y conduciendo a un gran grupo de activistas políticos al exilio. El movimiento social ha sido prácticamente desmantelado, en una situación en que la vida cotidiana se ha vuelto insostenible y el éxodo masivo desmiembra todavía más a las familias cubanas.

La vía abiertamente punitiva, que recurre a encarcelamientos, prisión domiciliaria, criminalización pública, destierro y acoso policial, se combina con la vía de la generación de fachadas: la fachada del país más abierto en temas de género, con uso de herramientas de democracia directa como la votación por el Código de las Familias y, entre otras, la fachada de ser un país democrático porque tiene unas elecciones de base en la que se puede nominar y votar, pero solo por candidatos convenientes a (o al menos no cuestionadores de) los dictados del partido único. Si el punitivismo cancela directamente la posibilidad de la acción política de todo tipo (incluso las opiniones políticas en redes sociales) y amenaza directamente con su castigo a través de las regulaciones de un Código Penal que entra en vigor el próximo diciembre, la creación de fachadas remite a una impresión de reorganización del país que tiene en su cronograma legislativo varias leyes de interés para la población, aunque ninguna que incluya reclamos urgentes como el derecho a la manifestación o la ley integral contra la violencia de género.

Las fachadas políticas pueden ser sin duda aprovechadas porque para producirlas es necesario conceder algo a la sociedad; o la capacidad de hacer pedidos de leyes, o la opción de votar, o el reconocimiento de colectivos organizados para objetivos específicos. A este espacio contestado de posibilidad política es posible apostarle como acción estratégica. Es posiblemente al que apostaba D Frente cuando propuso hace unas semanas nominar candidatos de la oposición. Sin embargo, es importante reconocer cuándo la utilización de esos espacios de oportunidad política resulta claramente infértiles e incluso contraproducentes por la confluencia, deliberada o no, con la estrategia gubernamental de producción de fachadas.

Este es claramente ese momento. Un análisis de coyuntura, provisto por Armando Chaguaceda, indica que no existen las condiciones para una propuesta tal: el tiempo no es suficiente, el contexto es ahora más abiertamente represivo, y el régimen es más consciente de su debilidad, por lo cual será más cuidadoso para no permitir ninguna grieta por la cual se escape su control monolítico; el potencial simbólico de la propuesta de nominaciones es limitado.

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Las opciones que aparecen entonces como posibles en este panorama son la abstención y la anulación, considerando que estas no significan una negación de los delegados mismos. Los delegados son figuras que en un entorno político diferente representarían la posibilidad real de ejercer el poder para la acción social desde la base, pero en el entramado de un régimen que produce sucedáneos y farsas del derecho a elegir, no hay poder real ninguno. Sumado a ello, la organización de una veeduría electoral, que permita brindar descripciones del proceso que contrasten con las narrativas que desde ya instrumenta la máquina de propaganda del régimen, y que adicionalmente puedan evitar, o al menos mostrar, un posible fraude. Aunque el fraude en grandes proporciones no ha sido hasta ahora una herramienta de uso destacado, una posibilidad real de abstención generalizada sería la condición necesaria para que el régimen recurra a esa herramienta.

Una consideración de otro orden, provista por Oscar Grandío, indica que de las opciones directamente relacionadas con el voto –abstención y anulación– la primera es la más contundente pues, como otras experiencias de lucha cívica en el totalitarismo muestran, es la negación a participar en las farsas electorales que solo sirven para crear una imagen de ordenamiento democrático en un régimen cuya naturaleza es dictatorial, lo que puede constituirse en una fuerza real que exprese la voz de la ciudadanía y a la vez contribuya a articular la pelea contra el autoritarismo a más largo plazo y en términos estratégicos.

La necesidad de generar articulaciones de fuerzas políticas diversas pero centradas alrededor del objetivo común –derrocar el totalitarismo e instaurar un régimen democrático– posee sus propios desafíos; en un plazo inmediato y de cara al contexto: recuperar la voz ciudadana, y el proceso electoral del próximo 27 de noviembre es un excelente momento para eso. Una abstención masiva, o al menos significativa en términos numéricos, sería una imagen clara de un rechazo que ha ido tomando diferentes formas; acuartelamientos, reuniones frente a instituciones, manifestaciones masivas, apelación a la Constitución para reclamar el derecho a la manifestación, propuestas de ley para inclusión en el cronograma legislativo y un incipiente repertorio de la protesta popular como cierres de calles y cacelorazos. La abstención, como una de las formas de ese rechazo, ya se hizo visible en el voto del Código de las Familias, y el hastío subyacente es visible en la escasa participación en las asambleas de nominación de candidatos, varias de ellas celebradas incluso sin cumplir el requisito de cantidad de participantes. La abstención en las elecciones del próximo 27 de noviembre sería no solo una táctica viable y legítima dentro de una estrategia a más largo plazo, sino una evolución natural de la manifestación visible del rechazo que la ciudadanía cubana tiene hacia el régimen político al que vive sometida.

A más largo plazo, la necesidad de generar articulaciones enfrenta el desafío de superar fallas como el acaparamiento de la representación de la sociedad, el predominio de lo deseable sobre lo estratégico y la opacidad de los procesos que conducen a la creación de grupos organizados para instrumentar el cambio. Superar estas fallas equivaldría a dejar de producir “ficciones políticas”, como denomina Armando Chaguaceda a las iniciativas que carecen de impacto real en el entramado político. Estas fallas son esperables en un entorno en el que las oportunidades políticas están reducidas al mínimo. Cualquier evaluación sobre las propuestas políticas que emergen en la realidad cubana, debe considerar que el contexto en que lo hacen es extremadamente restringido y la acción del régimen no solo ha impedido la organización práctica de tales propuestas a través de la represión y la criminalización, sino que ha limitado la capacidad de aprender las lógicas y las dinámicas de la acción política. Sin embargo, aun tomando esto en cuenta, es necesario reconocer que superar esas fallas es la única oportunidad de generar lo que Oscar Grandío denomina una estrategia de “interacciones estratégicas sostenidas con el régimen” que pueda conducir a la transición democrática.

La discusión sobre las opciones para la acción política frente a las elecciones del 27 de noviembre comienza a convertirse en una discusión pública que, con independencia de la opción que cada cual exija y el mensaje colectivo que pueda producir –y el más efectivo sería sin dudas el de una abstención mayoritaria– es desde ya una señal de que la represión no ha logrado su objetivo declarado de acallar la rebeldía social y que el proceso de ciudadanización de la sociedad cubana, continua.

El gobierno cubano eligió como fecha para la realización de las elecciones municipales el 27 de noviembre. Ese día, pero de 2020, cientos de artistas se reunieron frente al Ministerio de Cultura para demandar la liberación de los acuartelados de San Isidro y exigir un diálogo con la institución. El resultado de tales demandas fue una clara señal de que la escucha para la transformación real de la sociedad cubana estaba y sigue estando muy lejos del deseo de las instituciones que sostienen el edificio totalitario cubano. Meses más tarde, quedó todavía más claro que el régimen estaba dispuesto a llegar hasta donde fuese necesario para impedir las manifestaciones de rebeldía y garantizar su estancia ilegítima y ya francamente criminal en el poder. Pero ese día se produjo una experiencia de participación democrática directa de amplia magnitud. Estar en la calle, tomar decisiones frente a todos, discrepar, elegir representantes, acompañarse mutuamente frente a la amenaza siempre presente de la represión policial, fueron un atisbo mínimo de un probable Ocuppy cubano, que no ha dejado de estar en el horizonte político de la resistencia cívica.

Si elegir el 27 de noviembre para realizar una farsa electoral fue una decisión deliberada para opacar el aniversario del 27N, no es posible saberlo, aunque hay muchas razones para sospecharlo. Por ejemplo, la constatación recurrente de la práctica totalitaria de echar sombras e imponer la desmemoria sobre todo lo que no se atiene a su propio discurso, en ocasiones cubriéndolo con su propia versión enajenada y cínica de la realidad. Lo que sí es posible saber es que desmontar la farsa de las “elecciones” transmitiendo el mensaje de que no solo no les creemos, sino que no contribuiremos con la puesta en escena, sería un hermoso homenaje a uno de esos días en que atisbamos la tremenda libertad y la potencia del encuentro en la calle.

* El presente texto está basado en el programa “Entre el punitivismo y la fachada: totalitarismo y oportunidades políticas en Cuba” del podcast Caminero, y resume algunas de las ideas fundamentales exploradas en conversación con Armando Chaguaceda y Oscar Grandío.