sociedad civil cubana
Balcón de una vivienda en La Habana dando la bienvenida al turismo estadounidense en una imagen de archivo (FOTO DW)

El domingo 15 de mayo, el Gobierno cubano aprobaba el nuevo Código Penal. Al día siguiente, la administración Biden anunciaba un grupo de medidas de flexibilización de las sanciones económicas de la era Trump. El momento en que se anunciaban estas medidas era tan malo como era posible. Que a un Código Penal que constituye un salto de orden en la represión dictatorial le siguiera una serie de medidas que, con componente humanitario pueden y deben ser leídas también a partir de la probable instrumentalización del Gobierno cubano para su propio objetivo de mantenerse en el poder, no podía ser peor.

No tiene sentido, sin embargo, elucubrar una teoría que explique la casi coincidencia de los dos anuncios o que califique de acuerdo con un código moral la confluencia de ambos sucesos; la torpeza política y el funcionamiento burocrático gubernamental (siempre lento y tendencialmente tardío) podrían explicarlo sin necesidad de atribuir intenciones malévolas a lo que es, más que nada, un desafortunado timing. No son medidas que premien la escalada represiva del régimen cubano; ni obedecen (aunque sea por contraponerse completamente) a la presión de la comunidad cubana en Estados Unidos o de sectores de la sociedad civil en Estados Unidos y dentro de la isla. Ojalá y obedecieran a una lógica de escucha, sobre todo en lo que a la creciente sociedad civil cubana y sus reclamos de posicionamiento respecto a las violaciones de derechos humanos se refiere. Obedecen más bien a preocupaciones propias del Gobierno norteamericano, que encuentra en el levantamiento de las restricciones económicas más evidentes, una posibilidad de cierta mejora de las condiciones de vida al interior de Cuba que limiten la oleada migratoria hacia Estados Unidos. Y esto, por supuesto, sin que falte la presión de un lobby pro engagement, un sector del cual, ajeno a todo imperativo ético, busca acaparar las ventajas ofrecidas por una apertura económica para su propio beneficio.

La molestia que lleva a entender las medidas de Biden como traición en una reacción primera y hasta cierto punto comprensible, no debería oscurecer el reconocimiento de que, aunque incompletas, instrumentalizables por la clase tecnócrata militar al frente de GAESA y su red de aliados y presentadas en el peor momento posible, tales medidas representarán para muchas personas un alivio concreto. No para todas las que viven dentro de Cuba, en particular no para las que sufren la peor parte de la profunda desigualdad que aqueja a la sociedad cubana, una sociedad en la que incluso recibir remesas desde Estados Unidos, es un privilegio inalcanzable para muchos. Pero un alivio, una mejora relativa, parcial, incompleta, es valiosa en una situación de desastre humanitario como el que vive Cuba ahora mismo. Más allá de ese alivio, no hay medida alguna que pueda tomar Estados Unidos –incluso si se trata de una tan radical como el levantamiento del embargo– que pueda mejorar radicalmente la vida de los cubanos dentro de Cuba. Y esto porque, no importa cuánto lo repita la maquinaria propagandística del Gobierno cubano, la causa estructural de los males del país no es el embargo norteamericano, sino el modelo de control totalitario impuesto por el Partido Comunista sobre toda la sociedad; un control que ahoga toda posibilidad de emprendimiento económico o que, cuando la permite, es solo en los términos que les parezca conveniente. Un control que ahoga también las libertades políticas y que hace depender cualquier posibilidad de una existencia social medianamente próspera, de la fidelidad política.

Un régimen político de esa naturaleza puede lidiar tanto con restricciones económicas extremas como con estrategias de flexibilización como las que corresponden al paquete de medidas anunciadas el 16 de mayo. Las restricciones económicas –tanto si se les llama bloqueo, embargo, o sanciones económicas– ofrecen una excusa perfecta para sostener niveles extremos de miseria de la población sin responsabilizarse mínimamente por tal estado de cosas; el culpable siempre puede ser el bloqueo. Es por ello que una de las razones que esgrimen quienes defienden el levantamiento de sanciones y el avance hacia una normalización de relaciones entre los dos países, es que quitaría al régimen su justificación fundamental y evidenciaría cuál es la raíz del problema.

Sin embargo, también es posible reconocer que una normalización, como la que Obama auspició en 2016, puede ser aprovechada para el fortalecimiento de la élite militar tecnocrática que tiene, en condiciones de flexibilización de las relaciones económicas, la capacidad para acaparar todos los beneficios: contratos, viajes, inversiones, financiamientos etc., en particular si esta no se acompaña de demandas concretas en el campo de los derechos humanos, como, por ejemplo, la liberación de los presos políticos. Esto resulta casi inevitable en un régimen donde el Estado y sus instituciones (en particular las empresas controladas por la élite, de la cual GAESA es el ejemplo paradigmático) es siempre el mediador inevitable. Aunque tal intención es recurrente y ocupa una y otra vez las discusiones sobre normalización, deshielo, flexibilización o engagement, en la práctica ha resultado imposible encontrar una manera de beneficiar directamente a las personas en Cuba sin que parte de esos beneficios vayan a parar a manos del Estado o sin que sean cooptados de alguna manera. Una muy obvia, que se aplicó durante el llamado deshielo de 2016, es responder a invitaciones de intercambio académico (incluso si es un intercambio entre una universidad en Estados Unidos y una en Cuba) seleccionando a los beneficiarios del intercambio. Es fácil entender que el resultado de tal mediación es que los seleccionados serán partidarios del régimen y en muchas ocasiones, directamente sus voceros.

Los beneficios de una política de flexibilización de las relaciones no pueden ser evaluados entonces en relación con su efecto inmediato. Cualquier beneficio que pueda producirse para una sociedad civil crítica y empoderada, ocurrirá, por tanto, a largo plazo y de formas indirectas y tangenciales. Una evaluación de esos efectos en el corto deshielo de 2016 puede encontrarse en la editorial conjunta de El Estornudo y Rialta del 19 de mayo.

Por otra parte, la puesta en vigor de medidas como el restablecimiento de los servicios consulares, el autorizo de envío de remesas sin límite de monto, los vuelos a provincias del interior del país, no implican necesariamente la negación de la existencia de otras más puntuales orientadas a restringir los privilegios de personas específicas con responsabilidad en la represión, o el posicionamiento frente a las violaciones de derechos humanos. Un indicador, temprano e insuficiente (será necesario continuar observando) de que tales medidas no están descartadas, es la negación de visas a una delegación cubana que pretendía viajar a Estados Unidos presentándose como “sociedad civil” para participar en un evento paralelo a la Cumbre de las Américas.

Las medidas anunciadas por la administración Biden el 16 de mayo, no deberían ser leídas según el criterio de su contribución directa a la democratización de Cuba, o a su éxito o fracaso presumibles en comparación con una política contraria de sanciones y restricciones. Su posibilidad de lograr tal cosa es muy restringida y por otra parte no parece que, incluso cuando se presentan de tal manera, haya razones para creer que ese es su horizonte inmediato. Su horizonte inmediato es atender un problema crítico para Estados Unidos –el aumento de la migración cubana– y colateralmente tomar medidas humanitarias de alivio a través de medidas concretas y puntuales.

El reclamo de la sociedad civil cubana, que ha estado desde adentro y desde afuera protagonizando y acompañando las principales causas civiles –en particular la de los presos políticos–, es legítimo en demandar que sus preocupaciones centrales formen parte de los criterios de evaluación de las políticas hacia Cuba. No se trata aquí de apelar a un falso nacionalismo que pretenda que Estados Unidos no participe de ninguna manera en la realidad cubana; la realidad de que el 15% de la población cubana es también estadounidense resquebraja una pretensión tal. Pero reconocer que un Gobierno funciona desde una lógica ajena a la de la sociedad civil, puede permitir vislumbrar qué ventanas de oportunidad pudieran abrirse en la nueva coyuntura y enfocarse en ellas, siempre desde un posicionamiento claro por la defensa de los derechos humanos, la exigencia de libertades políticas y económicas y el trabajo por articular una solidaridad internacional que mantenga una presión sostenida a través de denuncias al régimen y apertura de espacios para la sociedad civil en instancias internacionales.

Como sociedad civil, a pesar del recrudecimiento de la represión, hay hoy mucho que no era evidente en 2016 y nos posiciona mucho mejor para dar batalla en las condiciones realmente existentes, con todo y las medidas de Biden del 16 de mayo. Tenemos hoy un sentido de comunidad transnacional, redes de solidaridad, una capacidad de respuesta inmediata, un sentido de comunidad cómplice de un anhelo común, una politización creciente y la seguridad de que, aunque usurpada por el momento, la calle ya no pertenece como feudo exclusivo a los “revolucionarios”. No es poco, y la capacidad de la sociedad civil de erosionar hasta los cimientos el orden totalitario hoy es participante ineludible de cualquier hoja de ruta, aunque las medidas del Gobierno cubano por desaparecer esa capacidad –aplastada por un Código Penal a la altura de una dictadura que ha perdido el pudor de mostrarse tal cual es–, y las medidas de su némesis histórico, todavía no la reconozcan plenamente.

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