Los intersticios de la racialidad ante las protestas sociales en Cuba

Las protestas sociales del 11J, ocurridas en el verano de 2021, resultaron la implosión de una parte de la ciudadanía que decidió tomar las calles ante el acelerado deterioro en sus condiciones de vida. Desde mediados del año 2020, ante las restricciones en la recaudación de divisas debido a las afectaciones del sector turístico que provocó la pandemia de covid-19, la alta dirección del Partido/Gobierno decidió emprender un proceso de dolarización parcial de la economía cubana.

En un inicio, se anunció que en las redes de comercio solamente se ofertarían bienes de alta gama para el consumo de la población con posibilidades de recibir remesas del exterior. Sin embargo, con el paso del tiempo, se concentraron en los mercados de moneda libremente convertible (MLC) la mayor parte de los productos básicos para la reproducción de la vida, cuya presencia estaba ausente en el resto de los establecimientos que ofertaban en moneda nacional los insumos necesarios para los trabajadores locales.

De esta forma, se creó un régimen de segregación económica acompañado por una escasez en la oferta de alimentos. A lo anterior, se sumó la decisión de implementar desde el 1ro. de enero de 2021 la denominada Tarea Ordenamiento, con el propósito de unificar las tasas de cambio en las operaciones. El aumento salarial trajo consigo una devaluación monetaria que provocó un ascenso generalizado de los precios y una elevada especulación en el mercado informal de divisas. Este escenario complicó las condiciones de vida de los cubanos durante la etapa de aislamiento que impuso la pandemia, cuyo número de contagios y fallecidos agudizaron aún más la realidad social del país.

La complejidad del escenario, caracterizado por una caída abrupta en el poder adquisitivo de la moneda, la escasez de víveres para el consumo, los sistemáticos cortes de electricidad ante el déficit de combustible para la generación eléctrica, las interminables colas en los comercios minoristas para la adquisición de alimentos y en las farmacias para la compra de medicamentos, sumados a la especulación permanente en medio del contexto pandémico, incidieron de modo notable en el estallido social.

Si bien es cierto que diversos actores trataron de incentivar a los cubanos para que salieran a las calles mediante el despliegue de una ofensiva comunicacional llevada a cabo por diversas figuras políticas, cuyo espectro transita desde influencers en redes sociales hasta políticos consagrados del exilio histórico, no es acertado considerar que las causales de las protestas ocurridas los días 11 y 12 de julio de 2021 se debieron a tales factores. Ese razonamiento, enunciado desde sectores cercanos a la oficialidad, resulta profundamente reductivo ante las dificultades que agravaron la situación del país durante los días previos al 11J; sin obviar el efecto punitivo de las sanciones norteamericanas que contribuyeron a la agudización del precario contexto social.

De igual forma, ese ángulo analítico desconoce las falencias estructurales que padece el orden sistémico, reflejado en las carencias cotidianas de la ciudadanía ante un aumento exponencial de la pobreza, la desigualdad, el hambre, la estratificación social, las diferenciaciones socioclasistas, la emergencia de nuevas elites económicas, el envejecimiento poblacional, las carencias democráticas del modelo político, la decadencia en la infraestructura habitacional, la crítica situación del transporte urbano, el deprimente estado de la industria nacional, sin obviar el deterioro en los sectores de la salud y la educación que se refleja en la carencia de insumos, así como en el éxodo masivo de profesionales al exterior.

Las protestas se debieron a una multidimensionalidad de factores que incidieron mayormente en los modos de vida de la población en condiciones de pobreza, de ahí que la mayor parte de los manifestantes fueran personas procedentes de barrios populares. La composición de estos entornos está caracterizada en gran medida por una presencia importante de población afrodescendiente, debido a las razones históricas que han motivado su relegación social, cuyos efectos reparativos no han sido enteramente saldados.

La composición racial de la desigualdad social en Cuba

En el año 2019, un estudio realizado por el instituto alemán GIGA arrojó que el 98 % de las empresas privadas en Cuba son propiedad de personas blancas. El mismo trabajo de investigación indica que el 50 % de este componente es poseedor además de una cuenta bancaria, contra el 11 % de personas negras. En cambio, solamente el 3 % de ellos alega haber viajado al extranjero, mientras el 31 % de blancos ha gozado los beneficios de semejante privilegio.[1]

El censo realizado en el año 2012, cuyas cifras fueron publicadas en 2016, demuestra que “del total de casas y apartamentos con techos de placa o losa de hormigón, el 68,8 por ciento corresponde a viviendas cuyo jefe de hogar es blanco, el 10,4 por ciento a negros y el 20,8 por ciento a mulatos”.[2] En línea con semejante vector, las cifras del estudio ratifican que “en las viviendas con jefe de hogar blanco la proporción de ellas que tienen pisos buenos alcanza el 67,3 por ciento, el 10,6 por ciento donde el jefe de hogar es negro y el 22,2 por ciento donde el jefe de hogar es mulato. Con los pisos peores las cifras son de 49,4 por ciento, 10,6 por ciento y 40,0 por ciento respectivamente”.[3]

En el caso de las viviendas improvisadas, estas representan el 0,31 % de las habitadas por residentes permanentes en el país, la presencia de personas negras en esos espacios duplica a la de blancos, pero “en términos absolutos existen casi 6 mil viviendas de este tipo con jefes de hogar blanco, contra 1 628 con jefes negros y 4 121 con jefes mulatos”.[4]

En cuanto a la enseñanza superior, es posible identificar que en el total de la población con sus estudios vencidos, el 66,5 % resultan ser personas blancas; en cambio, sus similares de pigmentación negra ocupan el 10,6 %, mientras los mestizos implican un 22,2 % en este nivel de formación educacional. Es importante tener en cuenta que la estructura de población por color de piel es: 64,1 % de blancos, 9,3 % de negros y 26,6 % de mulatos. En el análisis de otras variables publicadas por el censo, la población negra para los estudios de posgrado tiene una presencia de 10,7 %, mientras los blancos y mestizos ocupan el 67,1 % y 22,2 % respectivamente, estando estos últimos en desventaja; dado que la proporción representativa por color de piel se expresa de la siguiente manera: 17,8 % de blancos, 17,3 % de negros y 16,2 % de mulatos.[5]

En cuanto al trabajo, los dirigentes de tez blanca constituyen un 64,9 % en comparación a sus similares negros que poseen un 10,3 %, mientras los mestizos tienen una presencia de 24,8 % en esos cargos. Las estadísticas oficiales apuntan a la siguiente proporción: 9 % de blancos, 8,1 % de negros y 8,0 % de mulatos. Los datos permiten sostener que la población racializada (negra y mestiza) ocupa los indicadores más deficientes en sus condiciones de vivienda, acceso a las riquezas y prestigio social en cuanto a puestos de trabajo, por solo apuntar algunos elementos.

La complejidad para la realización existencial de los afrocubanos[6] se debe también a la extensión de prejuicios y criterios discriminatorios, debido a la herencia de calificativos y estereotipos que poseen sus orígenes en la etapa colonial y perduran hasta el presente. Según una investigación realizada por el Centro de Antropología de la Academia de Ciencias de Cuba en 1995, el 58 % de los blancos consideran que los negros son menos inteligentes, el 65 % de la muestra afirma que estos no tienen valores ni decencia, mientras que un 68 % asevera estar en contra del matrimonio interracial.[7]

El elevado por ciento de personas con esa mentalidad está amparado en una racionalidad eurocéntrica que reafirma el predominio de un imaginario racista en la composición blanca de la Isla. Esta razón occidental despectiva de la negritud en su corporeidad, capacidad intelectual y valores humanos, encuentra sus fundamentos debido a la presencia mayoritaria en posiciones de privilegio de personas del “componente racial caucásico”, sumado a una formación que subestima los aportes de los afrodescendientes en los procesos de liberación, formación de la nación y contribuciones culturales que tienen sus antecedentes desde etapas anteriores a las gestas libertarias que inició Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868. El posicionamiento del patricio bayamés como padre emancipador de los esclavos en el imaginario social cubano omite las tradiciones de lucha en las gestas cimarronas, abolicionistas y anticoloniales que anteceden al alzamiento en Demajagua.[8]

La racialidad frente a las dinámicas transversalizadas de las violencias

La ausencia de una historia que resignifique con justeza el lugar de los negros cubanos, desde sus prácticas de resistencia contrahegemónicas mediante la religión y la cultura,[9] hasta la valoración adecuada de sus aportes al proceso de construcción de la nación con su presencia en las epopeyas independentistas, sigue siendo una deuda pendiente en los planes de formación educacional. A su vez, predomina el recurso ventrílocuo en la escritura del subalterno, pensado de manera instrumental por las elites de poder desde posicionamientos colonizadores.[10]

Este fenómeno ha sido analizado por el intelectual Esteban Morales cuando afirma que en la educación cubana se imparte una historia que no “enseña a pensarse como negro”.[11] De modo que, desde edades tempranas los referentes están cargados de símbolos universales y figuras de representación que permanecen asociados a la blanquitud.[12] Por ende, los patrones de la razón occidental extendidos entre la gente común, dirigen hacia las tradiciones afrocubanas expresiones peyorativas, al tiempo que sobre las negritudes recaen calificativos deleznables que reproducen los estereotipos de inferioridad.

De este modo, es posible percibir el predominio de una violencia epistémica en las formas de construir las narrativas históricas en torno a los afrodescendientes. En el transcurso de su existencia, marcada por huellas de opresión, se articula de forma transversalizada el predominio de múltiples formas de flagelación que están dedicadas a sostener sus condiciones de subalternidad por quienes articulan su hegemonía cultural desde instancias de poder.

La insistencia de la clase gobernante por la apuesta de un modelo mercantil que facilite sus intereses de acumulación indica el sostenimiento de un régimen que tiene en sus eslabones más frágiles a los sectores de extracción humilde. De este modo, se establece una violencia sistémica o estructural apuntalada por la actividad recaudacionista de los comercios en MLC que constituyen una embestida a la adquisición monetaria de los cubanos.

La población cubana experimenta altos niveles de envejecimiento, padece las consecuencias de la pobreza, la inseguridad alimentaria, la exclusión social y el subempleo. Los efectos de estas prácticas en espacios de inexistente protección laboral propician la sobreexplotación de la mano de obra asalariada y el ascenso de la criminalidad. Tales conductas están asociadas al predominio de un régimen marcado por la descapitalización en las principales actividades productivas, la centralización exagerada que entorpece la iniciativa individual, la escasa participación política de la ciudadanía, la marginación de los colectivos obreros para el diseño de la planificación económica, la rigidez de los órganos de poderes locales, la militarización de sectores estratégicos con altos niveles de rentabilidad, así como la ausencia de créditos para el impulso de las cooperativas dirigidas al fomento de relaciones sociales humanistas, colectivas y solidarias.

Todos esos elementos contribuyen a la agudización de las condiciones de pobreza, al tiempo que se implementan prácticas punitivas marcadas por los dilemas de la supervivencia asociadas al margen de la legalidad. En este sentido, durante el período pandémico, se desplegó en los medios de prensa una campaña comunicacional dirigida al descrédito de quienes se dedicaron a las actividades de comercio especulativo debido a la paralización del empleo y el aumento en las necesidades de consumo ante la caída de la producción. Estas políticas estuvieron enfocadas en la criminalización de individuos en condiciones de vulnerabilidad económica, atravesados en muchas ocasiones por los estigmas de la racialización, la migración interna y la falta de protección social.

Contra todo sentido de la lógica, la política oficial dictaminó la persecución de estos actores usualmente tildados de “coleros”, “revendedores” y “delincuentes”,[13] con el propósito de eliminar problemáticas que tienen sus raíces en los déficits de producción, el desabastecimiento y la corrupción. De esta forma, se llevó a cabo un proceso de policiamiento[14] contra personas cuyas condiciones económicas están atravesadas por la precariedad y el abandono estatal en contextos marcados por la ausencia de políticas dirigidas a su empoderamiento, emancipación económica e integración ciudadana.

A su vez, el aparato estatal impuso una naturalización de las desigualdades a través de la prensa y un sector de la intelectualidad. De esta forma, hizo uso de una violencia simbólica o cultural con la intención de apuntalar su hegemonía, a pesar de la segmentación en los mercados de consumo, el aumento de las desigualdades sociales y el ascenso en los niveles de pobreza; hechos que definen el carácter capitalista oligárquico de un sistema integrado por un liderazgo que reniega aplicar las necesarias reformas que tributen hacia el bienestar colectivo de la ciudadanía e incentiven mayores niveles de participación popular.

Ante esa realidad, no resulta casual que se esgriman argumentos satanizadores de la movilización social. Esta estrategia, acompañada por el uso de calificativos como “malandrines”, “contrarrevolucionarios”, “anexionistas” o “mercenarios”, posee el claro propósito de criminalizar cualquier recurso de expresión que interpele a las instancias de poder. La cruzada emprendida contra las personas que se manifestaron en las calles demostró la intransigencia ideológica de las estructuras políticas que, aludiendo a la conservación de una supuesta “condición revolucionaria”, incitaron a una parte de la población civil a enfrentar a quienes salieron a las calles a manifestar su descontento.

La violencia de Estado permanece en el tratamiento ofrecido a los familiares de los presos políticos. Muchos de ellos denunciaron a través de las redes sociales los abusos físicos cometidos, así como el acoso por los órganos de la Seguridad del Estado al reclamar la liberación de sus allegados, cuyas penas en varios casos ascienden a 25 años de privación de libertad. De igual forma, brindaron testimonio ante medios independientes sobre las escasas garantías en materia legal, al contratar los servicios de abogados carentes de autonomía.

De este modo, el Estado optó por la judicialización como vía de “solución” a la crisis en detrimento de las estrategias humanistas de reinserción social. La mayor parte de las familias involucradas en los procesos penales poseen una situación económica deprimente. Tales condiciones resultaron agravadas debido al costo de los trámites legales y el envío de insumos hacia sus familiares privados de libertad, muchos de los que constituían el sostén económico de sus hogares.

El accionar agresivo de los subalternos ante las instancias oficiales se reflejó en el ejercicio de una violencia esporádica o episódica en los peores momentos de la pandemia. Sin embargo, las medidas de flexibilización anunciadas en los días posteriores al estallido demuestran que el Gobierno pudo desarrollar políticas efectivas desde los instantes iniciales en que la situación social se vio agudizada.

Dicho lo anterior, no resulta admisible la equiparación de la violencia sistémica sobre los sectores empobrecidos y la clase trabajadora para la sostenibilidad de la elite gobernante, ante los actos de rebeldía desatados contra el poder. Los aparatos represivos que hicieron uso excesivo de la fuerza con la impunidad de los órganos de justicia articularon un despliegue militar contra los protestantes que tomaron las calles el 11J, asaltaron establecimientos convertidos en el símbolo de la injusticia económica y agredieron a las autoridades transmutadas en los referentes de la dominación que contribuye con sus cuerpos policiales al sostenimiento del orden existente.

El despliegue de un amplio dispositivo de seguridad, que culminó con la muerte del ciudadano Diubis Laurencio Tejeda,[15] ratifica que el peso de las acciones punitivas recae sobre personas en condiciones de marginalidad, concentradas por la existencia mayoritaria de una población racializada, cuyas prácticas de emancipación no han sido saldadas por la clase política que juró conquistar toda la justicia para su población, al tiempo que prometió el destierro de todas la manifestaciones de racismo existentes en el país.[16]

El discurso histórico del proceso revolucionario afirmó que con la instauración del sistema socialista la discriminación racial sería un elemento del pasado que jamás tendría lugar nuevamente en la Isla.[17] La intervención de Fidel Castro durante la Segunda Declaración de La Habana decretó que el flagelo era un mal heredado del capitalismo que se estaba eliminando definitivamente del territorio. Sus palabras, usualmente convertidas en política de Estado, derivaron en la implementación de métodos asociados a la “desracialización”,[18] ante un proceso homogenizante que reincorporó las estrategias de las elites nacionalistas, acorde a los preceptos del Estado-nación concebidos desde la modernidad occidental colonial/capitalista.

Sin embargo, a pesar de la aplicación con anterioridad de prácticas similares por colectivos burgueses en función de solidificar su dominio político-cultural, marxistas afrocubanos abrazaron esta praxis de violencia epistémica marcada por el blanqueamiento, la invisibilidad de las afrodescendencias en sus tradiciones ancestrales, cosmovisiones religiosas y desmantelamiento de espacios autonómicos. No obstante, es importante reconocer que muchas de las conquistas obtenidas durante el período prerrevolucionario fueron el resultado de luchas libradas durante décadas por colectivos, asociaciones y pensadores que trascendieron por sus aportes en la defensa de los derechos, la igualdad y la justicia social, aunque sus contribuciones no sean suficientemente reconocidas por la historiografía nacional.[19] Sobre tales avances, progresos y conquistas, cayó una matriz de silencio que se acerca al estudio del pasado desde el borrado y las tachaduras a través de las narrativas impuestas por los grupos de poder e instancias académicas.

Los procesos históricos por la emancipación afrodescendiente encuentran sus génesis en las prácticas de cimarronaje, las gestas abolicionistas anticoloniales y los aportes de la población negra hacia la causa independentista. Estas luchas alcanzaron durante el período republicano expresiones trascendentes de reclamo social, como el alzamiento de los independientes de color en 1912, las sistemáticas movilizaciones populares; sin obviar los esfuerzos de una vanguardia intelectual que se dedicó con seriedad a la problematización, análisis y abordaje del fenómeno racial en la prensa periódica, las artes y el ámbito político.

Con el triunfo revolucionario de 1959 se produjo un serio debate entre figuras que trabajaron durante décadas los desafíos del racismo en su relación con el poder. Sin embargo, se impuso desde fases tempranas del proceso una política de obstaculización hacia las expresiones asociativas autonómicas. Las reinterpretaciones de la historia marcadas por omisiones y silencios contenidos en los metarrelatos discursivos de la Revolución cubana, provocaron la imposición de una narrativa que reducía toda estrategia de liberación subordinada a las conquistas del proceso triunfante.

Este hecho ocasionó en el imaginario social la asimilación de una mentalidad que reclamaba sistemática lealtad hacia el proceso de cambio. De esta forma, se pretendía hacerle entender a la ciudadanía el inicio de una etapa que daría cumplimiento a todas las aspiraciones de la población afrodescendiente en el país. Dicha racionalidad se impuso a pesar de los rezagos coloniales, los prejuicios socioculturales, las diferencias históricas entre los “componentes raciales”, las marcadas desigualdades económicas, la reproducción del colonialismo interno, entre otras problemáticas que el liderazgo no tuvo en cuenta en el abordaje del fenómeno, sumadas a la aparición de otras variables. Sobre esta paradoja, el intelectual Mario Castillo refiere que:

Al convertirse la discriminación racial en un asunto estratégico de gobernabilidad estatal, el Estado se convierte en el único agente de lucha contra la discriminación y sus formas de reproducción cotidiana, quedando los sectores negros y mestizos no como sujetos de la Revolución, sino como objetos de atención priorizada del Estado benefactor.[20]

Semejante política instauró un velo de silencio que permaneció durante décadas, hasta que las asimetrías del Período Especial develaron las desventajas entre los sectores negros y mestizos en comparación con sus similares blancos, después que tales diferencias quedaran sublimadas por las prácticas de igualitarismo universal. Las medidas de los años anteriores a la crisis de los noventa no tuvieron en cuenta las distancias en el punto de partida entre los diversos componentes del territorio, lo que incidió en el sostenimiento estructural de barreras interclasistas atravesadas por el color de la piel.[21]

La sovietización del espacio cubano agudizó las políticas instrumentales de violencia epistémica. La imposición del ateísmo científico como ideología oficial del Estado cubano, importada por los rudimentos dogmáticos del marxismo-leninismo, impulsó una serie de prácticas represoras hacia las religiones y tradiciones de origen africano. Los postulados reivindicados por los grupos de poder borraban la trascendencia de sus expresiones en la composición cultural del país, desconocían su importancia y omitían su legado.

La academia acompañó la cruzada contra las tradiciones de matriz afrocubano. Sobre ello existe una amplia documentación, validada por las propuestas de Aníbal Argüelles e Ileana Hodge,[22] Pedro Serviat,[23] entre otros. La extensión de los manuales soviéticos reducía estas manifestaciones a prácticas folclóricas; a la vez que planteaba que todo acercamiento sobre la temática debía realizarse desde el emplazamiento “científico o antropológico”. Tales consideraciones reducían la negritud a una mera cuestión de análisis instrumental con el propósito de postergar sus demandas sociales y evadir las estrategias de autoorganización emancipatorias.

En esta etapa tampoco faltaron los discursos enunciados desde posiciones de privilegio con intenciones de comercialización en el mercado. Esta práctica usual en el campo académico estuvo mediada por un interés recreativo de la pobreza, que incorpora nociones culturalistas desconectadas de toda praxis libertaria. De esta forma, tal emplazamiento reniega los reclamos puntuales de interpelación ante un poder tradicionalmente blanco, masculino y heterosexual.

En sus estrategias para el mantenimiento de su condición dominante, suele acudir a una “democracia fraternal” que omite las variables de raza, clase y género con la intención de subsumir las diferencias jerárquicas que no pasan inadvertidas para el ciudadano común. El enunciado patriotero y los discursos del mestizaje también forman parte de esas tácticas que pretenden borrar las asimetrías resultantes de las empresas coloniales, la esclavitud y la explotación económica, que en las sociedades modernas adquieren sofisticadas expresiones de sometimiento racial.

El predominio de esas narrativas redujo todo análisis de los valores culturales afrocubanos a hechos de “primitivismo civilizatorio”, cuya práctica sería superada con el mejoramiento en los niveles de instrucción del pueblo cubano; al menos, así lo planteaban los manuales soviéticos. La extensión de esa vertiente analítica aludía a la implementación de un “materialismo científico” apartado de la complejidad que caracteriza la riqueza del entorno cultural en el país. El resultado de este mecanismo autómata-exportado como referente del pensamiento, derivó en la dispersión del dogmatismo en las esferas del Gobierno, así como en la aplicación de políticas represoras hacia creyentes y religiosos.

Sobre el carácter popular de las protestas ante los recursos de deslegitimación de la academia y el poder político

El despliegue de tropas policiales, discursos antipopulares extendidos en los medios de comunicación y la convocatoria a combatir a la ciudadanía por los simpatizantes del statu quo que salieron a enfrentar a los manifestantes del 11J permiten el establecimiento de una analogía con las estrategias adoptadas por los gobiernos neoliberales en otros países de la región. Esas elites oligárquicas acudieron a similares procedimientos, mediante la utilización de grupos paramilitares destinados a enfrentar a quienes manifiesten su inconformidad en las calles o pongan en peligro la “tranquilidad ciudadana”. Tampoco escatimaron esfuerzos en la adopción de adjetivaciones que redundan en la aporofobia, el clasismo y el racismo.

Los posicionamientos marxistas que consideran las protestas consecuentes con los fines del imperialismo,[24] la restauración capitalista,[25] y/o le atribuyen una supuesta falta de conciencia de clase a la ciudadanía que en julio se manifestó en el país omiten las carencias del modelo para el ejercicio efectivo de los derechos en su apartado de manifestación pública, al tiempo que comprimen las razones del pueblo para reclamar sus derechos civiles.

Por ende, calificar como “contrarrevolucionarios” a los protestantes o funcionales a una agenda contraria a sus intereses constituye un acto de reduccionismo analítico que sublima la multidimensionalidad de las causales que motivaron las protestas; al tiempo que desconoce este ejercicio de participación ciudadana, a pesar de la importancia que pensadores posmarxistas como Slavoj Žižek, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau le conceden para el adecuado funcionamiento de un modelo cuya voluntad popular resida de forma real en el soberano.[26]

Los científicos sociales que apegados a la producción del marxismo en Cuba sostienen posicionamientos contrarios a la naturalización de este derecho legítimo, resultan herederos de una tradición de pensamiento estalinista, legada por los efectos cognitivos del sovietismo; corpus en franca divergencia con las propuestas socializadoras que plantean las bases programáticas del socialismo que el Gobierno asume defender. Dicho posicionamiento apegado a postulados conservadores le permite a la dirigencia obstaculizar toda estrategia inclusiva en la composición democrática, al clausurar las múltiples alternativas de discusión públicas sobre los principales proyectos que definen la vida de los cubanos, decididos por el Comité Central del Partido Comunista (PCC) y los órganos que componen la administración central del Estado.

Esta variante específica de marxismo naturaliza la violencia policial de la burocracia partidista contra profesores, intelectuales y actores cívicos, en detrimento de las bases conceptuales que tributen hacia la “extinción del Estado” como establecen las propuestas emancipatorias del socialismo. Lejos de ello, la fundamentación del modelo político cuenta con los aportes explícitos de filósofos, sociólogos, y profesores universitarios que han contribuido al anquilosamiento del Estado y sus narrativas de legitimación histórica. De esta forma, se refuerza una supuesta irreversibilidad constitucional del sistema, al tiempo que son omitidos y vetados para su estudio e integración en los planes de enseñanza, otros referentes del marxismo conscientemente invisibilizados por la herencia del pensamiento soviético-estalinista.[27]

Este aparato de poder se consolida por los efectos plenipotenciarios de la trilogía Estado-Partido-Gobierno. La composición de la nomenklatura concentra su mando en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, a contrapelo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que suele reunirse de forma ordinaria durante dos escasas sesiones al año, a pesar de ser considerada como el órgano supremo del poder del Estado, según la Constitución de la República de Cuba.

Sin embargo, la actividad del ente parlamentario se limita a la aprobación de legislaciones promovidas por las máximas autoridades, de manera que la representación popular adquiere un carácter formal ante el predominio de la voluntad dirigente. Asimismo, el mando judicial permanece subordinado a los intereses de la cúpula partidista ante el predominio de una “unidad de poderes” que imposibilita la autonomía de los órganos de fiscalización y control de las instituciones públicas.

Las entidades académicas encargadas de la producción del marxismo suelen estar comprometidas en la elaboración de una teoría funcional a los intereses de la élite. De esta forma, sus dictados se limitan a una conceptualización ideológica que corporiza los fines enajenantes de la dominación y cosifica los relatos que envuelven el mando de la clase gobernante, cuyo poderío resulta elucubrado con los aportes de la intelligentsia orgánica. De este modo, es posible percibir la existencia de una teoría que, lejos de contribuir a la transformación social, promueve el mantenimiento de los privilegios de la dirigencia.

Del 11M al 11J. Las movilizaciones populares de resistencia cívicas ante la crisis del modelo político

La manifestación ocurrida en La Habana el 11 de mayo de 2019 fue resultado de las prácticas de marginación del activismo LGBTIQ+ de la sociedad civil por parte de la institucionalidad. La estrategia histórica del Estado consiste en la implementación de un paternalismo a ultranza en el abordaje de las disidencias sexuales y de género; al tiempo que contribuye a la criminalización de su militancia independiente, la obstaculización de toda estrategia organizativa autónoma; en tanto sostiene escasas garantías legales para quienes padecen las consecuencias de la persecución policial, así como el disciplinamiento en el espacio público de las sexualidades no binarias, bajo patrones de tratamiento machistas, homo/transfóbicos, y patriarcales.

La decisión gubernamental de prohibir la histórica marcha de la comunidad LGBTIQ+, por considerar que la situación internacional no era propicia para la realización del evento, provocó la indignación de los convocantes, que ratificaron su decisión de asistir a pesar de la advertencia de las autoridades. La firmeza de los marchantes en ratificar el reconocimiento de sus derechos se convirtió en uno de los gestos más desafiantes de la sociedad civil dada su espontaneidad progresista.

Las razones para el sostenimiento de la convocatoria estaban motivadas, además, por el avance en el discurso de odio de sectores fundamentalistas que ganaron terreno en el espacio sociodigital, los medios de comunicación y esferas del Gobierno; al punto que su retórica se convirtió en factor determinante para la no inclusión del derecho al matrimonio igualitario en la Constitución de 2019. Lamentablemente, lo que debió ser una conmemoración con el resguardo de las autoridades, adquirió episodios de violencia inusitados que le dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales, debido a la represión contra manifestantes pacíficos que tomaron las calles para exigir el respeto a la integridad de sus cuerpos y el amparo jurídico a sus derechos.[28]

Las imágenes de la jornada ilustran la agresividad injustificada de los órganos policiales. Los participantes denunciaron las múltiples violencias que padecieron, en contraste con el discurso oficial que aludía al amor, la paz y la armonía de la comunidad residente en el país. Desde esa fecha se implementaron numerosas prácticas de violencia por los aparatos de Seguridad del Estado contra los activismos disidentes,[29] sin ningún tipo de amparo por la institucionalidad ni de las organizaciones políticas o de masas. Algunas de ellas, como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en lugar de brindar apoyo a sus afiliadas, participó en actos de repudio por la práctica del disenso en contra del régimen político.

La marcha del 11M activó una red de solidaridad entre múltiples sectores del activismo social, a pesar del carácter conservador del Estado cubano. A raíz de esta marcha se solidificaron una serie de plataformas, medios y espacios que emergieron con mayor fuerza en el seno de la sociedad civil para la difusión de análisis, relatos, concepciones y perspectivas no heteronormativas; cuya trascendencia perdura en el tiempo para enriquecer el espectro de las miradas y posicionamientos que no presenten el sesgo instrumentalizador de la institucionalidad burocrática.

De este modo, las propias voces sexodisidentes articulan sus enunciados discursivos y postulan sus agendas en el terreno mediático para la interpelación al poder en la resolución de sus demandas.[30] A la vez, tales espacios se convirtieron en trinchera para el enfrentamiento de todas las expresiones de LGBTIQ+fobia, al tiempo que constituyen poderosos canales de enunciación para fomentar valores no mediados por el fundamentalismo religioso, la heteronormatividad y el machismo.

El 11M significó el antecedente de posteriores actos de desobediencia cívica que entendieron la toma del espacio público como el centro de una disputa para la conquista de derechos sociales. Esta fecha sirvió de referente para otros hechos de contestación, como los múltiples actos de protesta del gremio artístico contra los intentos de censurar el arte, amparados por concepciones puristas de la creación que pretendían deslegitimar a exponentes de estratos populares.

De este modo, se estableció un fuerte rechazo ante la emisión del Decreto 349. Se articuló de inmediato una fuerte oposición por una parte del sector artístico contra los propósitos institucionales. Esta medida poseía un elevado carácter discrecional a la hora de clasificar determinado producto por los encargados de acometer dicha política, afectando de esta manera a zonas específicas de la realización por sus abordajes y propuestas estéticas.

Ante este proceder surgió el Movimiento San Isidro (MSI), que logró articular una estridente resistencia ante los anhelos por cooptar las formas libres de creación. Dicho movimiento devino organización política que amplió el marco de sus demandas hacia otras zonas de reclamo, como la petición del cierre de las tiendas en MLC y la excarcelación del rapero Denis Solís, quien desafió con frases proestadounidenses la autoridad de un agente policial que irrumpió en su domicilio.

La detención del artista provocó el rechazo de varios miembros del MSI, quienes decidieron emprender una huelga de hambre durante varios días. A la iniciativa se sumaron poetas, raperos, periodistas independientes, artistas visuales y representantes de otros campos para exigir la libertad del rapero. Se instauró así un proceso de radicalización que culminaría con el allanamiento de las autoridades ante una supuesta violación de los protocolos sanitarios por el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, quien desde Estados Unidos emprendió un viaje a La Habana, hasta la sede donde acontecía la huelga, y su presencia fue pretexto para la intervención de las fuerzas policiales.

El desalojo de los huelguistas desencadenó una masiva manifestación frente al Ministerio de Cultura (MINCULT), en El Vedado habanero, desde horas tempranas del 27 de noviembre de 2020 hasta avanzada la madrugada del día siguiente. En las conversaciones entabladas con el viceministro Fernando Rojas tomaron parte blogueros, periodistas, filólogos, artistas, cineastas y escritores con reclamos puntuales sobre las políticas culturales acometidas, a la vez que mostraron preocupación por la integridad de los huelguistas de San Isidro. En las afueras de la sede institucional cientos de jóvenes permanecían en vigilia debido al carácter inédito de los sucesos, que tuvieron además amplia difusión en las redes sociales. Sin embargo, en días posteriores las conversaciones fueron suspendidas y se instauró una política de hostigamiento, descrédito y persecución a los artistas involucrados en las negociaciones, labor en la que jugaron un rol esencial los medios de prensa estatales.

El clima sociopolítico del país mantuvo una tendencia al agravamiento. La intransigencia del Estado se manifestó en la reproducción de un discurso polarizante, dirigido a obstaculizar toda posibilidad de diálogo. Esta posición se vio reforzada con la hostilidad de los órganos policiales hacia artistas e intelectuales con demandas de radicalización democrática e inclusión participativa en la estructura del modelo social, cuyos reclamos fueron sistemáticamente desestimados.

Las sanciones norteamericanas, las consecuencias sociales del escenario pandémico y el deterioro de las actividades económicas ante la deficiente gestión del Gobierno se encargarían de provocar las protestas sociales de mayor envergadura desde 1959. De esta forma, entraría el país en uno de sus períodos de crisis política más agudos en su historia. La sostenibilidad de tal escenario resulta solamente posible mediante la profundización del autoritarismo, debido a la incapacidad del liderazgo político ante los sectores populares, quienes de múltiples maneras han expresado su desaprobación hacia la gestión de la clase dirigente.

El “problema negro” ante los paradigmas occidentales en la construcción de la nación

Desde la etapa colonial, la presencia del negro fue considerada un “problema” para la nación cubana. En el siglo xix, los patricios de la aristocracia criolla, considerados por la historiografía positivista como fundadores del pensamiento nacional fortalecieron ese imaginario antinegro. Entre sus exponentes más encumbrados se encuentran José Antonio Saco,[31] Francisco de Arango y Parreño,[32] José de la Luz y Caballero,[33] entre otros portadores de una mentalidad esclavista, rescatados por entes académicos dados a la tarea de sostener de modo acrítico las narrativas decimonónicas,[34] haciendo uso de la colonialidad en las formas de enseñanza de la historia, acorde a los preceptos modernos del saber/poder.

Desde esa etapa, José Antonio Saco observaba con preocupación el creciente aumento de población negra comparada con la composición blanca del país, lo que a su juicio comprometía el bienestar de la Isla.[35] Para evitar esa tendencia ideó una serie de propuestas a las autoridades enfocadas en fomentar el blanqueamiento mediante la inmigración europea, así como promover la emigración de las personas negras hacia fuera de las fronteras territoriales. Aunque tales propósitos no llegaron a buen puerto, muchas de esas ideas trascendieron el umbral de la época colonial y se extendieron durante una etapa avanzada de la vigésima centuria.

En el período republicano, el “problema negro” continuó siendo motivo de preocupación por las instancias gubernamentales, influidas por la presencia de un americanismo que importó prácticas segregacionistas de Estados Unidos. Estas se reflejaron en múltiples ámbitos de la vida cotidiana[36] y se instauraron patrones occidentalizados en los medios de comunicación, el discurso político y los imaginarios sociales que entendían la blanquitud como “paradigma de belleza”.

En esta etapa, la burguesía republicana optó por la banalización de la negritud en la prensa periódica,[37] la sátira incisiva contra sus demandas políticas,[38] la persecución de sus tradiciones en su acepción religiosa,[39] la masacre de sus exponentes ante los intentos por ampliar los marcos de la democracia liberal,[40] la inferiorización académica mediante investigaciones pretendidamente “científicas”,[41] la aristocratización de las elites negras subsumidas a la maquinaria capitalista neocolonial,[42] la relativización cultural por representantes del campo artístico-literario,[43] el fomento de la emigración negra como válvula de escape,[44] y la repulsión de la inmigración caribeña para evitar su integración al tronco sociocultural del territorio.[45] Todo ello denota la instrumentalización de sus intereses por parte de los grupos de poder durante este período histórico.

Sin embargo, en esta etapa se desarrollaron también intensos debates en el espacio público sobre el papel que debía desempeñar el negro en el sistema democrático de la Isla, incluyendo la importancia de sus prácticas culturales y la atención a sus derechos sociales. Una figura clave en la socialización de estas ideas fue Gustavo Eleodoro Urrutia Quirós,[46] quien, desde las páginas del Diario de la Marina, logró agrupar un conjunto de figuras interesadas en la discusión de la temática. Entre sus exponentes se encontraban Fernando Ortiz, Elías Entralgo, Jorge Mañach, Nicolás Guillén, Ángel César Pinto Albiol, Jose Armando Plá, Ramón Vasconcelos, entre otros que tomaron parte activa en tales debates, alejados de posturas esencialistas o poses culturalistas, enfocados en la resolución objetiva de los problemas que lastraban la vida de la población negra en Cuba.

Una personalidad fundamental en esos años resultó ser el abogado Juan René Betancourt Bencomo. Durante su etapa de estudiante universitario coincidió con Fidel Castro en las aulas de la Universidad de La Habana, en la que figuró como presidente del Comité Universitario de Lucha contra la Discriminación Racial. En la década de los cincuenta, Betancourt Bencomo publicó una serie de trabajos de gran importancia para la historia del pensamiento emancipatorio afrocubano.[47] En sus tesis criticaba la subordinación que hacía el corpus categorial marxista sobre la cuestión racial, de manera que su abordaje quedaba relegado a la teoría de la lucha de clases y ocupaba un papel secundario en las causas de los partidos socialistas de la época, en la que militaban líderes negros como Nicolás Guillén, Lázaro Peña y Salvador García Agüero.

Juan René Betancourt combatió las propuestas mulatocráticas que ridiculizaban la figura del negro por su color de piel. A su vez, fue portador del proyecto más radical en materia de autoemancipación financiera, al fundar la Organización Nacional para la Recuperación Económica (ONRE), que pretendía ser un proyecto de colaboración, apoyo mutuo e inversiones destinadas al mejoramiento de las condiciones materiales de la población afrodescendiente, con la contribución monetaria de todos los miembros que compartieran ese ideal.

La idea conceptual de este propósito radicaba en invertir esas sumas en la construcción de escuelas, negocios, viviendas y obras de infraestructura que atendieran las necesidades de la población relegada, de manera que fuese posible articular redes de solidaridad comunitaria al tiempo que crecía el capital de los abonados, lo que traería aparejado un mejoramiento en sus condiciones de vida, acompañados de una cultura contra la discriminación forjada bajo preceptos de hermandad. El escaso apoyo de las instituciones a esta idea, la desidia estatal a la atención de estos reclamos y la crisis estructural de la población afrodescendiente se encargaron de obstaculizar la viabilidad de ese proyecto.

La Revolución de 1959 consideró el enfrentamiento al racismo como una de sus prioridades, al tiempo que incorporó a los subalternos en sus propuestas de participación universales. De igual modo, dicho sector se benefició de las políticas igualitarias que el proceso de cambio ofreció a la sociedad cubana, como el acceso gratuito a la salud, educación, deportes, cultura y disfrute de los espacios públicos, prohibiendo todo tipo de segregación. Sin embargo, se instauró una concepción estadocéntrica en el manejo de la cuestión racial. Este hecho se reflejó en la desarticulación de las organizaciones civiles instauradas durante la etapa republicana, así como la clausura de numerosos espacios de autonomía organizativa, periodística y económica que permitían una mayor movilidad social, conciencia colectiva y apoyo mutuo.

A su vez, se establecieron políticas autoritarias marcadas por el predominio del verticalismo en la atención a los intereses de la colectividad; se implantaron prácticas de homogeneización que derivaron en el cierre de las asociaciones negras en detrimento de su representación efectiva en las esferas de participación ciudadanas y se impuso una política de silencio que trascendió durante décadas en el panorama académico e intelectual cubano bajo el pretexto de plaza sitiada ante la hostilidad de Estados Unidos. De igual forma, se manejó un acercamiento institucional desde posturas cientificistas, amparadas por disciplinas como la antropología, la etnología y la etnografía, para escatimar el abordaje de sus derechos sociales e invisibilizar su lugar en la historia cultural de la nación.[48]

La solución a la problemática racial debe ser estructural e inclusiva

Las reformas aplicadas en Cuba con posterioridad a la caída del campo socialista apuntaron hacia una liberalización de la economía que otorgó facilidades al capital privado, al tiempo que se deterioraron todos los indicadores económicos. Si bien los efectos de la crisis afectaron a la totalidad de la población cubana, el mayor peso de estas afectaciones recayó sobre la población negra, debido a las desventajas históricas que laceran sus condiciones de vida en comparación con sus similares blancos.

Las diferencias en cuanto a posiciones de privilegio, estructura de la vivienda, capital para emprender negocios, familiares en el exterior con posibilidades de enviar remesas y empleos en posiciones de alta remuneración, dejaban claras las desigualdades existentes a la hora de enfrentar la crisis. Esta realidad se tradujo en la masiva emigración de negros y mestizos en balsas hacia el exterior durante la crisis migratoria de 1994, aunque no fueron bien recibidos en el sur de la Florida por la mentalidad elitista y discriminatoria de una parte de la comunidad instalada allí, que a pesar de su carácter socioclasista variable con el paso del tiempo, se convirtió en reproductora de una mentalidad xenófoba con dosis relevantes de aporofobia y racismo hacia los estratos migrantes procedentes de la Isla.[49]

Las reformas emprendidas apuntaron hacia un desmontaje del Estado benefactor, la reducción generalizada de subsidios, el cese de gratuidades consideradas innecesarias, el predominio de una nueva mentalidad empresarial, el ascenso de clases sociales que ostentaban abiertamente sus riquezas debido a la emergencia de negocios privados, a la vez que se multiplicaba el consumismo como símbolo de felicidad y prestigio social.

El intelectual Roberto Zurbano analizó la problemática desde una perspectiva crítica asociada a la presencia de un fenómeno acuñado como neoracismo[50] que irrumpe durante la crisis del Período Especial, pero que está presente en el tejido social cubano desde etapas anteriores. De igual forma, el ascenso del flagelo está directamente vinculado con la concentración de las riquezas en los grupos históricamente empoderados –fundamentalmente blancos– que con sus negocios acentuaron las desigualdades e incrementaron las condiciones de pobreza de la población marginalizada, debido a la sobreexplotación de su mano de obra.

Con la instauración de esas reformas en el modelo económico, se indica el avance de un régimen que pone en crisis los presupuestos emancipatorios del socialismo basados en la socialización del poder, los medios de producción y las riquezas generadas del trabajo colectivo, para ceder a los designios del capital privado y la inversión extranjera. Sin embargo, tales transformaciones no conducen a la instauración de un sistema capaz de generar bienestar en la ciudadanía y superar los resortes de la dependencia política y el subdesarrollo económico.[51] Estas reformas resultan fuente de nuevas desigualdades legitimadas por el discurso político y la producción académica,[52] al tiempo que se restauran una serie de valores discriminatorios, contrario a las ideas de igualdad y justicia social que caracterizaron el discurso histórico del liderazgo cubano durante el siglo xx.[53]

La profundización de las relaciones sociales de producción capitalistas solo podrá agudizar las condiciones de pobreza de la población afrodescendiente, tal como ha venido sucediendo desde la crisis de los años noventa, ratificado por los estudios sociológicos realizados en el país. Debido a que esta población carece de recursos para emprender negocios, la mayor parte de su composición ocupa los sitios de precariedad que impone el régimen de trabajo asalariado. Esta realidad la convierte en una masa propensa a la explotación con escasas garantías laborales, al tiempo que se obstaculizan las múltiples estrategias de empoderamiento; mientras sus condiciones de vida sufren de notable deterioro ante la eliminación de subsidios, la desvalorización del trabajo, la decadencia de su infraestructura habitacional, la inseguridad alimentaria, entre otros fenómenos asociados al aumento de la pobreza.

El enfrentamiento integral al racismo requiere de la vehiculización de un modelo que apunte hacia la prosperidad colectiva, el crecimiento armónico, el bienestar común y la justicia social de la ciudadanía como paso ineludible para quebrar las asimetrías establecidas entre los distintos componentes de la sociedad. No es casual que las prácticas de racismo sistémico se reproduzcan en ámbitos de riqueza y poder marcados por la escasa presencia de población afrodescendiente. Por lo general, las actitudes cotidianas de esas nuevas elites están acompañadas por concepciones aporofóbicas y clasistas, como resultado de una mentalidad aristocrática que desprecia, a la vez que le resulta difícil comprender las complejidades de la cultura popular y empatizar con las causas que condicionan su carácter de subalternidad.

Las estrategias reparativas exigen la realización de políticas públicas o acciones afirmativas,[54] como parte de un debate necesario postergado mediante cooptaciones, silencios, omisiones y fracturas producidas en el campo de las negritudes e instrumentalizadas por la esfera gobernante para reafirmar su condición hegemónica y postergar los reclamos sociales de una gran parte de la población cubana que, a pesar de contribuir al sostenimiento de la estructura social, sus demandas históricas permanecen en condiciones de preterición.

En materia económica, resultan esenciales la facilitación de becas, proyectos de financiamiento locales, redistribución de tierras hacia los sectores relegados en las reformas del agro y la potenciación del cooperativismo como modelo de gestión empresarial que genere nuevas formas de valor basadas en los preceptos del colectivismo solidario; cuya resiliencia durante los procesos de crisis resulta científicamente demostrada, dado el empleo consciente de los trabajadores sobre los medios de producción, sin que imperen relaciones de servidumbre o explotación laboral.[55]

De esta forma, se darían pasos acertados hacia la articulación de nuevos valores democráticos amparados en la búsqueda de la equidad, la sostenibilidad ecológica y la producción para el consumo racional desde condiciones de igualdad ante el trabajo. Este hecho reclama las voluntades de actores comprometidos en el desarrollo de un modelo apartado de las prácticas enajenantes del sistema capitalista, que consiente el racismo en su modo de producción, amparado en las lógicas del trabajo asalariado, ya fuera en su expresión de propiedad privada o estatal.[56]

En materia educacional resulta esencial la transformación en todos los niveles de los planes de enseñanza, de forma que la historia de la población negra sea suficientemente valorada en sus dimensiones culturales, religiosas, políticas, económicas y filosóficas. Esa reestructuración reclama la presencia de narrativas descolonizadoras que conciban al negro/a como sujeto de liberación y protagonista de las hazañas emancipatorias.

En ese sentido, se ha llevado a cabo en el país una importante producción historiográfica a partir de la emergencia de investigaciones que resignifican el papel del subalterno. La introducción de nuevas metodologías, aportes teóricos y contribuciones desde las ciencias sociales reclaman la socialización de estos conocimientos en los centros educacionales, espacios comunitarios y medios de difusión para combatir las múltiples expresiones de discriminación racial en una sociedad que carga con numerosos prejuicios como resultado de su herencia colonial; ya que estos no resultan fácilmente identificables por el ciudadano común, dada su naturalización acrítica en múltiples espacios de la sociedad.

La instauración de un modelo económico que apunte a lograr mayores niveles de equidad y prosperidad colectiva exige no solo de eficiencia para combatir las asimetrías que generan las prácticas desiguales en los patrones de acumulación, sino también del enfrentamiento integral a todas las formas de discriminación existentes. En ese camino, resulta vital la inclusión de los numerosos actores que desde hace décadas han indagado con seriedad en la temática.

Las escasas posibilidades para el asociacionismo libre obstaculizan la emergencia de emprendimientos enfocados en una dimensión reparativa, al punto que constituyen una barrera para el fortalecimiento de la conciencia racial dada la relegación de estos conocimientos y tradiciones en los planes de enseñanza académicos. Todo ello ralentiza la agenda de las/os negras/os en lograr su plena emancipación político-económica, subordinada a la autoridad de la institucionalidad burocrática que persiste en la búsqueda de soluciones desde las esferas gubernamentales, como pretende el “Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial”.

Si bien dicha iniciativa constituye un paso importante hacia su reconocimiento por las autoridades, la propuesta excluye a numerosos académicos, activistas e intelectuales de gran relevancia en la visibilización de la temática y la proposición de soluciones para la erradicación del flagelo; de manera que impera el reduccionismo analítico en la operatividad de las estrategias que se conciben para la atención de los problemas sociales, siendo el racismo una de sus más obscenas expresiones.

El análisis objetivo e integral de la problemática es una responsabilidad de los actores comprometidos en la erradicación del fenómeno, pero ello implica un cuestionamiento a las relaciones de poder y una revisión de las prácticas establecidas. El abandono de las estrategias acometidas y el establecimiento de herramientas resolutivas enfocadas en la solvencia estructural del fenómeno, significarían pasos acertados hacia su resolución.

La multidimensionalidad de las problemáticas que padece la población afrodescendiente implica la participación de todos los actores y una revisión profunda del modelo democrático que sostiene en posiciones de marginalidad a los grupos en condiciones relegadas, dado el régimen económico subdesarrollado imperante en el país. De esta manera, es posible afirmar que solo un proyecto social próspero, democrático e inclusivo puede ser capaz de acometer una solución holística a los desafíos de la problemática racial en Cuba.

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* Una versión de este texto apareció en el libro Cuba 11J: Perspectivas contrahegemónicas de las protestas sociales.

Notas:

[1] Katrin Hansing y Bert Hoffmann: “Cuba’s new social structure: assessing the re-stratification of Cuban society 60 years after the Revolution”, GIGA Working Papers, n.^o 315, 2019, pp. 15-16.

[2] Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI): El color de la piel según el Censo de Población y Viviendas, edición de febrero de 2016, p. 53.

[3] Ibídem, p. 53.

[4] Ibídem, p. 52.

[5] Ibídem, p. 12.

[6] Sobre el debate en torno al término “afrocubano” en el campo intelectual e historiográfico cubano cfr. Tomás Fernández Robaina: “El término afrocubano. Una contribución olvidada de Fernando Ortiz”, Identidad Afrocubana. Cultura y Nacionalidad, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2009, pp. 73-102.

[7] Juan A. Alvarado: “Relaciones raciales en Cuba: notas de investigación”, Temas, n.^o 7, julio-septiembre de 1996, Nueva Época, La Habana, pp. 37-43.

[8] Ranahit Guha: Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Editorial Crítica, Barcelona, 2002.

[9] Una gran labor en el rescate de las tradiciones ancestrales y religiosas de los afrodescendientes en la contemporaneidad ha sido el trabajo de la doctora Lázara Menéndez con su compilación Estudios Afrocubanos (5 tomos) y el libro Para amanecer mañana hay que dormir esta noche. Universos religiosos cubanos de antecedente africano: procesos, situaciones problemáticas, expresiones artísticas, que agrupa la mayor parte de sus ensayos académicos, prólogo de Margarita Mateo Palmier, Editorial UH, La Habana, 2017.

[10] Albert Memmi: Retrato del colonizado precedido por retrato del colonizador, prólogo de Jean Paul Sartre, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1971.

[11] Esteban Morales: Desafíos de la problemática racial en Cuba, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2007.

[12] Frantz Fanon: Piel negra máscaras blancas, prólogo de Roberto Zurbano, Editorial Caminos, La Habana, 2011.

[13] En un artículo publicado el 9 de agosto de 2020 en el diario Juventud Rebelde, su autor, Norland Rosendo, expresa: “Los coleros-acaparadores-revendedores son un virus que muta según las circunstancias y las brechas que dejamos abiertas. Deben ser tratados como tal. ¿Qué haría usted si sabe que un vecino tiene síntomas de covid-19 y los está disimulando? Seguro que toma dos medidas de urgencia: corta el vínculo con esa vivienda y alerta al personal de salud. Con la plaga que ronda los establecimientos comerciales hay que hacer lo mismo […] Juntos, y acompañados por la Policía, las organizaciones y los cuerpos de inspección, podemos sacar de juego a los coleros-acaparadores-revendedores, aunque ellos vayan de la sonrisa maquiavélica cuando todo les está saliendo bien a la bravuconería marginal si la gente no acepta sus reglas de juego”.

[14] Alex Vitale: The End of Policemen, Verso, New York, 2017.

[15] La noticia sobre la muerte de este ciudadano se limitó a una escueta nota en el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Estuvo atribuida a los sucesos violentos ocurridos en La Güinera el 12 de julio de 2021, y el reporte estuvo acompañado por supuestos antecedentes penales que presentaba el fallecido, con la intención de resaltar su conducta “antisocial”.

[16] Pedro Serviat: El problema negro en Cuba y su solución definitiva, prólogo de José Felipe Carneado, Editora Política, La Habana, 1986.

[17] José Felipe Carneado: “La discriminación racial a Cuba no volverá jamás”, Cuba Socialista, La Habana, enero de 1962, pp. 52-56.

[18] Rene Depestre: “Buenos días y adiós a la negritud”, en Camila Valdés León y Frantz Voltaire, Antología del pensamiento crítico haitiano contemporáneo, Clacso, Buenos Aires, pp. 201-256.

[19] Sobre este tema cfr. Carmen V. Montejo Arrechea: Sociedades negras en Cuba 1878-1960, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 2004.

[20] Mario Castillo Santana: Conferencia impartida en el diplomado “Cuestión racial y cultura cubana”, Facultad de Artes y Letras, Universidad de La Habana, octubre de 2009, tomado de Zuleica M. Romay Guerra: Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad, Casa de las Américas, La Habana, 2012.

[21] Esteban Morales: ob. cit.

[22] Aníbal Argüelles e Ileana Hodge: Los llamados cultos sincréticos y el espiritismo, Editorial Academia, La Habana, 1991.

[23] Pedro Serviat: ob. cit.

[24] Víctor Fowler: “Un segundo silencio y su violencia: apuntes a dos textos de La Tizza”, publicado en el blog Patrias. Actos y Letras, 2 de octubre de 2021.

[25] Leyner Javier Ortiz Betancourt: “Maquinismo revolucionario y conciencia de clase: una respuesta a Rialta Magazine”, La Tizza, publicado el 22 de septiembre de 2021. En este texto el autor afirma que “lo que escaseaba en los manifestantes opositores del 11 de julio era una conciencia de clase”.

[26] Ernest Laclau y Chantal Mouffe: Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, Siglo XXI Editores, Madrid, 1985. En esta línea es posible también encontrar otros textos de Ernest Laclau como La razón populista (2004) y Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda (2003), este último en coautoría con Judith Butler y Slavoj Žižek.

[27] Natasha Gómez Velázquez: “Sobre el marxismo GUION leninismo. Una corrección necesaria en la nueva Constitución cubana”.

[28] Norge Espinosa Mendoza: “11M: recuerdos de un día que no sucedió”, en Tremenda Nota.

[29] Mel Herrera: “Negar nuestra identidad, una forma particular de violencia de género que se usa contra las mujeres trans”, en Tremenda Nota.

[30] Entre los espacios emergentes que han contribuido a la visibilización de las agendas feministas y de la comunidad LGBTIQ+ se encuentran los medios Tremenda Nota, Q de Cuir, Alas Tensas, Afrocubanas y Subalternas, así como Plataforma 11M, Alianza Afrocubana y Casa Palanca.

[31] José Antonio Saco: Obras, ensayo introductorio, compilación y notas de Eduardo Torres Cuevas, Biblioteca de Clásicos Cubanos, Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2001.

[32] Francisco de Arango y Parreño: Obras, ensayo introductorio, compilación y notas de Gloria García, Biblioteca de Clásicos Cubanos, Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2006.

[33] José de la Luz y Caballero: Obras, ensayo introductorio, compilación y notas de Alicia Conde Rodríguez, Biblioteca de Clásicos Cubanos, Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2001.

[34] Alberto Abreu Arcia: Por una Cuba negra. Literatura, raza y modernidad en el siglo XIX, Hypermedia Ediciones, 2017.

[35] Olga Portuondo Zúñiga: José Antonio Saco. Eternamente polémico, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2005.

[36] Marial Iglesias Utset: Las metáforas del cambio en la vida cotidiana: Cuba 1898-1902, Ediciones Unión, La Habana, 2022.

[37] René Vilaboy Zaldívar: “Otra cara del racismo: publicidad comercial y consumo en la Cuba republicana”, en Revista de la Universidad de La Habana, no. 273, enero-julio de 2012, pp. 116-129.

[38] Aline Helg: ¡Lo que nos corresponde! La lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba 1886-1912, Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2000.

[39] Existía una agenda política higienista dirigida a desafricanizar la cultura cubana, expresada a través de la condena hacia las congas, comparsas, manifestaciones religiosas y tradiciones de origen africano. Con la intención de legislar esas ideas occidentales Fernando Ortiz presentó ante el Congreso su Proyecto de Código Criminal Cubano (1926).

[40] Serafín Portuondo Linares: Los Independientes de Color. Historia del Partido Independiente de Color, Editorial Librería Selecta, La Habana, 1950.

[41] En esta línea se ubican los trabajos Los criminales de Cuba (1882), de José Trujillo y Monagas; La policía y sus misterios en Cuba (1908), de Rafael Roche Monteagudo; los estudios primarios de Fernando Ortiz Los negros brujos (1908), Los negros esclavos (1916) y Los negros curros (publicado en 1986) y los textos de Israel Castellanos, principalmente su obra cumbre La brujería y el ñañiguismo en Cuba desde el punto de vista médico-legal (1916).

[42] Alejandro Leonardo Fernández Calderón: “Negros con clases: apuntes para un estudio de la elite de color habanera (1902-1930)”, Revista de la Universidad de La Habana, no. 273, enero-julio de 2012, pp. 68-94.

[43] “Alejo Carpentier, relativismo cultural y etnografía”, en José Antonio Figueroa, Republicanos negros. Guerras por la igualdad, racismo y relativismo cultural, Editorial Planeta Colombiana S.A., 2022.

[44] Graciela Chailloux Laffita: La fundación de la economía política para el desarrollo económico y social del Caribe 1945-1970, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2018.

[45] Alejandro Leonardo Fernández Calderón: “Una inmigración indeseable”, Páginas en conflicto: debate racial en la prensa cubana. Editorial UH, La Habana, 2014.

[46] Tomás Fernández Robaina: La cuestión racial en Cuba. Pensamiento y periodismo de Gustavo Urrutia (compilación), Editorial José Martí, La Habana, 2018.

[47] Entre los trabajos de Juan René Betancourt se encuentran Prejuicio. Ensayo polémico (1945), Mi opinión y mi raza (1948) Preludios de libertad (1951), Doctrina negra (1955) y El negro, ciudadano del futuro (1959).

[48] Walterio Carbonell: Cómo surgió la cultura nacional, s/e, La Habana, 1961.

[49] Jesús Arboleya Cervera: Cuba y los cubanoamericanos. El fenómeno migratorio cubano, Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana, 2013.

[50] Roberto Zurbano: “Cuba: doce razones para enfrentar al (neo)racismo o doce razones para abrir el nuevo debate”, en Tomás Fernández Robaina, Antología cubana del pensamiento antirracista, Editorial Ácana, Camagüey, 2015.

[51] Francisco López Segrera: “La Revolución Cubana: raíces históricas, logros, contradicciones y retos”, en Luis Suárez Salazar, La Revolución Cubana. Algunas miradas críticas y descolonizadas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2018, pp. 39-71.

[52] Mayra Espina Prieto, María del Carmen Zabala Arguelles, Geydis Fundora Nevot e Ileana Núñez Morales: “Enfoque integral afirmativo en políticas públicas. Desafíos y propuestas para la superación de brechas de equidad racializadas en Cuba”, La Jiribilla, publicado el 11 de noviembre de 2021.

[53] Roberto Zurbano: “Racismo vs socialismo en Cuba: un conflicto fuera de lugar (apuntes sobre/contra el colonialismo interno)”, Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos, n.^o 4, abril de 2015, pp. 11-40.

[54] Tomás Fernández Robaina: “La lucha contra la discriminación racial y las acciones afirmativas”, Identidad afrocubana. Cultura y nacionalidad, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2009, pp. 5-32.

[55] Pedro Campos: “Qué es el socialismo”, publicado el 29 de septiembre de 2006.

[56] Camila Piñeiro Harnecker: Repensando el socialismo cubano. Propuestas para una economía democrática y cooperativa, Ruth Casa Editorial, La Habana, 2013.